Recently, the Colombian channel Caracol aired a report where the official is seen validating the conditions in which people are imprisoned in the Terrorist Confinement Center, CECOT, stating: “I don’t believe there are innocents.”
Caballero contradicts statements made on August 24 by the Minister of Security, Gustavo Villatoro, who admitted that more than 7,000 Salvadorans had been released out of the 72,000 arrested under the state of emergency. Experts believed that with this, Villatoro confirmed that the capture of innocent people under this measure is not 1%.
On May 29, Cristosal presented a report indicating that between March 27, 2022, and April 30, 2023, 153 detainees died under state custody. The report detailed that all the names were confirmed and reviewed one by one, along with a forensic doctor, who confirmed that there were tortures in at least 29 cases.
The Colombian media’s report features the Presidential Commissioner for Human Rights, also of Colombian nationality, Andrés Guzmán, denying “for the third time” that the incarcerated are tortured. Both Guzmán and Caballero tried to discredit Cristosal’s report, which shows serious human rights violations in the country.
Victoria Barrientos, lawyer for the Foundation for Due Process, stated a few days ago that Andrés Guzmán is unaware of the reality experienced by thousands of families of people arbitrarily arrested under this measure. She pointed out that this shows the current government administration’s disrespect for victims of serious human rights violations.
Moreover, Barrientos described Raquel Caballero’s role in the current context as “weak”. “We have seen a Procuratorate aligned with the ruling party’s interests,” the lawyer emphasized.
According to the Cristosal report, those who were in Mariona, Izalco, and Quezaltepeque claim that there are executions inside the prisons, “in some cases, it is presumed that they are hitmen, but it is also stated that many die as a result of the beatings, blows, and electric shocks caused by the guards,” cites a part of the NGO report that international organizations, like Human Right Watch have validated.
Funcionarios del gobierno se contradicen al hablar de inocentes capturados bajo el régimen de excepción
Recientemente, el canal Caracol, de Colombia, publicó un reportaje donde se ve a la funcionaria validando las condiciones en las que se encuentran las personas encarceladas en el Centro de Confinamiento de Terroristas, CECOT, y asegurando: “no creo hayan inocentes”.
Caballero se contradice con las declaraciones dadas el 24 de agosto pasado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien admitió que se había liberado a más de 7 mil salvadoreños, de los 72 mil capturados bajo el estado de excepción. Expertos consideraron que con esto, Villatoro confirmó que la captura de inocentes bajo dicha medida no es del 1%.
El 29 de mayo pasado, Cristosal presentó un informe donde señaló que entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de abril de 2023, fallecieron 153 privados de libertad bajo custodia del Estado. El informe detalló que todos los nombres fueron confirmados y revisados uno a uno, junto con un médico forense, que confirmó que en al menos 29 casos hubo torturas.
En el reportaje del medio colombiano aparece el comisionado presidencial para los derechos humanos, también de nacionalidad colombiana, Andrés Guzmán, negando “por tercera vez” que los encarcelados sufren torturas. Tanto Guzmán como Caballero trataron de desmeritar el informe de Cristosal, que evidencia graves violaciones a derechos humanos en el país.
Victoria Barrientos, abogada de la Fundación para el Debido Proceso, manifestó, hace algunos días, que Andrés Guzmán desconoce la realidad que viven miles de familias de personas capturadas de manera arbitraria, bajo la medida. Apuntó que esto evidencia el irrespeto de la administración gubernamental actual a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
Es más, Barrientos calificó como “débil” el papel que juega Raquel Caballero en el contexto actual. “Hemos visto una Procuraduría plegada a los intereses del oficialismo”, remarcó la jurista.
Según el informe de Cristosal, quienes estuvieron en Mariona, Izalco y Quezaltepeque aseguran que hay ejecuciones al interior de las cárceles, “en algunos casos se presume que son sicarios, pero también se afirma que muchos mueren a consecuencia de las palizas, golpes y choques eléctricos que les causan los custodios”, cita una parte del reporte de la ONG que ha sido validado por organizaciones internacionales, como Human Right Watch.