The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, insisted today that the duration of the state of emergency in El Salvador is excessive and expressed alarm over the “mass arrests” this has allowed.
In his opening speech for the 54th session of the Human Rights Council, Türk discussed the situation in various countries he believes are of concern, including El Salvador.
In this context, he deemed the conditions in prisons unacceptable, as well as the increasingly significant restrictions on exercising civil rights and due process, which authorities have justified as necessary in the fight against the crime wave that had gripped the country.
The state of emergency has been in effect for a year and a half in El Salvador, during which tens of thousands of people have been incarcerated, more than 12,000 of them in a prison intended for the confinement of members of the so-called “maras” or youth gangs.
According to Türk’s office, nearly 70,000 people have been imprisoned at some point since the state of emergency was imposed, and he stated that at least 1,600 were minors.
He also reported that 153 inmates had died and that half of these deaths had been violent.
In parallel, human rights organizations have reported ongoing waves of arbitrary arrests.
Türk acknowledged that ending decades of “rampant criminality” is a very complex challenge, but that solutions – if they are to be lasting – should address the root causes of the problem.
He specifically mentioned social inequalities and the absence of good governance policies.
Alto comisionado de la ONU insite en que es excesiva la duración del estado de excepción en El Salvador
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, insistió hoy en que la duración del estado de emergencia en El Salvador es excesiva y que son alarmantes “las detenciones masivas” que esto ha permitido.
En su discurso de inauguración de la 54º sesión del Consejo de Derechos Humanos, Türk abordó la situación en varios países que considera que son objeto de preocupación, entre los que ha figurado El Salvador.
En este contexto, consideró inaceptables las condiciones en las prisiones , así como las restricciones cada vez más importantes para el ejercicio de los derechos civiles y el debido proceso, que las autoridades han justificado como necesarias en la lucha contra la criminalidad que tenía en vilo al país.
El régimen de excepción está en vigor desde hace un año y medio en El Salvador, periodo durante el cual decenas de miles de personas han sido encerradas, más de 12,000 de ellas en una prisión destinada al confinamiento de miembros de las llamadas “maras” o pandillas juveniles.
Según la oficina de Türk, cerca de 70,000 personas han sido encarceladas en algún momento desde que se impuso el estado de emergencia y sostuvo que al menos 1,600 eran menores de edad.
Asimismo, denunció que 153 reclusos habían muerto en la cárcel y que la mitad de estas muertes había sido violenta.
Paralelamente, organizaciones proderechos humanos han denunciado olas continúas de detenciones arbitrarias.
Türk reconoció que poner fin a décadas de “criminalidad desenfrenada” es un desafío muy complejo, pero que las soluciones -si se quiere que sean duraderas en el tiempo- deberían atender a las raíces del problema.
Mencionó en particular las desigualdades sociales y la ausencia de buenas políticas de gobierno.