Economists: Extension of Deadlines for Debt with Banks Reflects Government’s Liquidity Problems — Economistas: Ampliación de plazos para deuda con bancos refleja los problemas de liquidez del gobierno

Sep 6, 2023

The recent agreement that would extend the deadline for paying the government's short-term debt could be a benefit for banks. Still, according to economists, it also indicates the country's fiscal situation. — El reciente acuerdo que ampliaría el plazo para pagar la deuda de corto plazo del gobierno, podría significar un beneficio para los bancos pero, según economistas, también denota la situación fiscal del país.

The Salvadoran government and private banking in the country have decided to reach an agreement to extend the deadlines by which the Executive must pay the debt it has acquired with this sector through the issuance of Treasury Certificates and Bills (Cetes, Letes), as recently indicated by the Ministry of Finance through a statement.

With this extension, the government of Nayib Bukele will no longer be obligated to face these debt commitments within a year after obtaining loans through this channel, as the agreement now contemplates terms of 2, 3, 5, and up to 7 years.

In this sense, the fact that the government accepts this is a sign that liquidity and public finances are in trouble, all “within the framework of the government’s inability to access external financing sources,” as pointed out by the senior economist of the Central American Institute of Fiscal Studies (ICEFI), Ricardo Castaneda.

According to the economist, “if the government could access external financing, it would not be in this situation, but it happens that due to its own decisions it has placed itself in a scenario where it practically depends solely on internal debt.”

Various economists in the country have questioned this last point, as after the Executive could not reach an agreement with the International Monetary Fund (IMF). Some anti-democratic actions affected its credit rating, it has not been able to find financing options, either through sovereign bond issuances or through multi-laterals, except for the BCIE or the Andean Development Corporation.

This has led the government to turn to private banks in the country, so according to information from the Ministry of Finance, as of June 30, 2023, the government owed $1,220.8 million in Letes and $1,347.1 million in Cetes, i.e., a total of $2,567.9 million in short-term debt.

Due to the government’s high dependence on the issuance of these securities, short-term debt is considered the “credit card” of the Executive, on which it has relied for the last two years, practically.

Even so, economist Luis Membreño believes that, fundamentally, this extension in terms may be something positive for the country’s finances as “it benefits the government in the sense that it gives it time to try to increase tax collection and try to lower spending, and thereby make room for debt repayment, as it is currently clear that there are liquidity problems.”

Likewise, on the side of private banks, Membreño believes that this sector will also be the great beneficiary since, with an extension of terms, the possibility of the government defaulting on this short-term debt decreases, while they will also continue to receive interest payments on the amounts lent to the government.

For his part, economist and researcher Rommel Rodríguez points out that all sectors could benefit with this agreement. However, he clarifies that this would happen “if the government makes an effort to organize its expenses, but if it is only a means to get by with debt commitments and then quickly increases short-term debt again, we get nowhere.”

These possible efforts to organize matters related to debt have been seen before, such as the repurchase of the $800 million Bond that matured in January, or the early repurchase of the Bond maturing in 2025 for the same amount, actions that, in the opinion of economists, have been aimed at improving the country’s image and credit profile before international investors.

Even so, and despite these actions, the government could face strong debt obligations in the coming years, possibly from 2027, as in that year it will have to pay another $800 million for the Bond that matures that year, as well as assume payments for interest on pension debt, whose grace period also ends that year.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/economistas-ampliacion-pago-deuda-bancos-problemas-liquidez/1088066/2023/

Economistas: Ampliación de plazos para deuda con bancos refleja los problemas de liquidez del gobierno

El gobierno salvadoreño y la banca privada en el país decidieron llegar a un acuerdo para ampliar los plazos en los que el Ejecutivo debe pagar la deuda que ha adquirido con ese sector a través de la colocación de los Certificados y Letras del Tesoro (Cetes, Letes), según señaló recientemente el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado.

Con esta ampliación, el gobierno de Nayib Bukele ya no estará obligado a enfrentar estos compromisos de deuda con plazos de un año después de haber obtenido préstamos por esta vía, pues el acuerdo ahora contempla plazos de 2, 3, 5 y de hasta 7 años.

En este sentido, el hecho de que el gobierno acepte esto es una señal de que la liquidez y las finanzas públicas están en problemas, todo “en el marco de la incapacidad del gobierno de poder acceder a fuentes de financiamiento externo”, como apunta el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda.

Según el economista, “si el gobierno pudiera acceder a disponer de financiamiento externo no estaría en esta situación, pero sucede que por sus propias decisiones se ha colocado en un escenario donde prácticamente depende únicamente de la deuda interna”.

Este último punto ha sido cuestionado por distintos economistas en el país, pues luego de que el Ejecutivo no pudiera alcazar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de que algunas acciones antidemocráticas afectaran su calificación crediticia, no ha podido encontrar opciones de financiamiento, ni a través de emisiones de bonos soberanos, ni a través de multilaterales, a excepción del BCIE o de la Corporación Andina de Fomento.

Esto ha provocado, entonces, que recurra a los bancos privados en el país, por lo que según información de Hacienda, al 30 de junio 2023 el gobierno debía en Letes $1,220.8 millones, mientras que en Cetes eran $1,347.1 millones, es decir una suma de $2,567.9 millones en deuda de corto plazo.

Debido a esta alta dependencia del gobierno por utilizar la colocación de esos títulos valores es que la deuda de corto plazo es considerada como la “tarjeta de crédito” del ejecutivo, y de la cual se ha sostenido en los últimos dos años, prácticamente.

Aún así, el economista Luis Membreño considera que, en el fondo, esta ampliación en los plazos puede ser algo positivo en cuanto a las finanzas del país pues “al gobierno le conviene en el sentido de que le da tiempo para tratar de incrementar la recaudación de impuestos y de tratar de bajar gasto, y de esa manera abrir espacio al pago de la deuda, pues actualmente lo que queda claro es que hay problemas de liquidez”.

Asimismo, y por el lado de los bancos privados, Membreño considera que también será este sector el gran beneficiado pues, con una ampliación de plazos, disminuye la posibilidad de que el gobierno caiga en un impago de esa deuda de corto plazo, al mismo tiempo de que también seguirán percibiendo los pagos de intereses por los montos prestados al gobierno.

Por su parte, el también economista e investigador, Rommel Rodríguez, apunta que con este acuerdo podrían salir beneficiados todos los sectores, aunque aclara que esto sucedería “si el gobierno hace el esfuerzo por ordenar sus gastos, pero si solo es un medio para salir al paso a los compromisos de deuda y después se vuelve a elevar rápidamente la deuda de corto plazo, no salimos de nada”.

Estos posibles esfuerzos por ordenar lo relacionado a la deuda ya se ha visto anteriormente, como lo fue la recompra del Bono de $800 millones que venció en enero, o la recompra adelantada del Bono a vencer en 2025 por la misma cantidad, acciones que, en opinión de los economistas, han sido encaminadas a mejorar la imagen y el perfil crediticio del país ante los inversionistas internacionales.

Aún así, y pese a estas acciones, el gobierno podría enfrentarse a fuertes obligaciones de deuda en los próximos años, posiblemente desde 2027, debido a que en ese año deberá pagar otros $800 millones más por el Bono que vence en ese año, así como también que deberá asumir los pagos por intereses de la deuda previsional, cuyo período de gracia también finaliza en ese año.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/economistas-ampliacion-pago-deuda-bancos-problemas-liquidez/1088066/2023/