In an analysis of the 2023 investment climate in El Salvador, the U.S. State Department details that the country’s public debt appears “unsustainable,” creating uncertainty about the Bukele Administration’s ability to “meet its future commitments.” It also notes that the country is lagging in attracting Foreign Direct Investment (FDI) compared to its Central American peers.
Each year, the U.S. State Department issues statements on the investment climate and economies of 165 countries, prepared by leading economic analysts at its diplomatic missions, who “analyze a variety of economies that are current or potential markets for American companies of all sizes.”
Regarding El Salvador, strengths such as the Free Trade Agreement (CAFTA-DR), a dollarized economy, and “recent improvements in the business environment” are highlighted. Weaknesses include “significant levels of sovereign debt, the legacy of decades of gang violence, and a lack of transparency.”
From May 2021 to July 4, 2023, the current legislature, dominated by the ruling party, has approved over $10,008.5 million in government debt. This includes the authorization of credit securities, loans with multilateral organizations, and granting sovereign guarantees backing loans from state institutions.
The IMF, in its February report (the latest to be released as the government has not allowed for the most recent one to be published), had already warned that public debt remained high and was on an “unsustainable path,” recommending that this risk be addressed as a priority in the medium term. None of this has occurred.
The State Department analysis reports that for the past 30 years, El Salvador has lagged behind its regional peers in attracting FDI. “This is partly attributed to extortion and widespread gang-related crime.”
While a decrease in crimes committed by gangs has been acknowledged with the implementation of the State of Emergency, which limits some constitutional and human rights guarantees, “the security improvements have not yet translated into significant new FDI. At this moment it is unclear how the government will end the State of Emergency and restore constitutional rights,” it details.
It is noted that “however, the state measure enjoys broad public support and is contributing to improving consumer confidence and optimism about economic conditions. Domestic companies and the Salvadoran diaspora have increased investment due to the safer environment, mainly in the tourism, construction, wholesale, and retail sectors.”
The State Department analyzes the adoption of Bitcoin as legal tender in the country and its minimal impact on the economy: “It has had a minimal impact on the Salvadoran economy. Few Salvadorans use Bitcoin. Low levels of adoption have mitigated potential risks associated with Bitcoin.” It also details that the IMF recommended that El Salvador eliminate Bitcoin’s legal tender status.
“El Salvador also enacted a Digital Asset Issuance Law that would allow the government to issue a sovereign digital asset based on blockchain and establish a framework to regulate digital asset issuers and digital asset service providers. The implications of the legislation will depend on the implemented regulations,” it details.
However, this project has stalled because, after its announcement, the price of Bitcoin fell from $65,000 in November 2021 to $16,000 in November 2022, a 75% decline. The current price is around $27,000.
Therefore, the State Department believes that “given the limited fiscal capacity for public investment, the Government is seeking to use Public-Private Partnerships (PPPs) for infrastructure projects.”
Departamento de Estado: Deuda pública de El Salvador es “insostenible”
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un análisis sobre el clima de inversiones 2023 en El Salvador, detalla que la deuda pública del país parece ser “insostenible”, lo que crea incertidumbre sobre la capacidad de la Administración Bukele de “cumplir con sus compromisos futuros”, además de valorar que el país se encuentra rezagado en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) con respecto a sus pares centroamericanos.
Cada año, el Departamento de Estado de EE.UU. emite declaraciones sobre el clima de inversión y las economías de 165 países, los cuales son preparados por analistas económicos destacados en sus sedes diplomáticas quienes “analizan una variedad de economías que son mercados actuales o potenciales para empresas estadounidenses de todos los tamaños”, se detalla.
Sobre El Salvador se destaca como fortalezas el Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR), así como que posee una economía dolarizada y “recientes mejoras en el entorno empresarial”; y entre las debilidades detallan “los niveles significativos de deuda soberana, el legado de décadas de violencia de pandillas y la falta de transparencia”.
De mayo de 2021 al 4 de julio de 2023, la actual legislatura dominada por el oficialismo ha aprobado al gobierno un endeudamiento de más de $10,008.5 millones, que incluye la autorización de títulos valores de crédito, préstamos con organismos multilaterales y otorgamiento de garantías soberanas que respaldan créditos de instituciones estatales.
Mientras que el FMI, en su informe de febrero (el último en conocerse, porque el gobierno no ha permitido que se divulgue el más reciente), ya advertía que la deuda pública seguía siendo elevada y que se encontraba “en una senda insostenible”, por lo que recomendaba abordar este riesgo de manera prioritaria a mediano plazo. Nada de eso ha ocurrido.
El análisis del Departamento de Estado da cuenta que durante los últimos 30 años, El Salvador se ha quedado rezagado respecto de sus pares regionales en la atracción de inversión extranjera directa (IED). “Esto se atribuye en parte a la extorsión y la delincuencia generalizada relacionada con las pandillas”.
Si bien se reconoce una disminución en los delitos cometidos por las pandillas con la implementación del Régimen de Excepción, que limita algunas garantías Constitucionales y de Derechos Humanos, “las mejoras en materia de seguridad aún no se han traducido en una nueva IED significativa. En este momento no está claro cómo el gobierno terminará con el régimen de excepción y restaurará los derechos constitucionales”, detalla.
Y se detalla que “no obstante, la medida estatal goza de un amplio apoyo público y está contribuyendo a mejorar la confianza de los consumidores y el optimismo sobre las condiciones económicas. Las empresas nacionales y la diáspora salvadoreña han aumentado la inversión debido al entorno más seguro, principalmente en los sectores de turismo, construcción y comercio mayorista y minorista”.
El departamento de Estado analiza la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en el país y su escaso impacto en la economía: “ha tenido un impacto mínimo en la economía salvadoreña. Pocos salvadoreños usan Bitcoin. Los bajos niveles de adopción han mitigado los riesgos potenciales asociados con Bitcoin”. Además detalla que el FMI recomendó a El Salvador que elimine el estatus del Bitcoin como moneda de curso legal.
“El Salvador también promulgó una Ley de Emisión de Activos Digitales que permitiría al gobierno emitir un activo digital soberano basado en blockchain y establecería un marco para regular a los emisores de activos digitales y a los proveedores de servicios de activos digitales. Las implicaciones de la legislación dependerá de las regulaciones que se implementen”, detalla.
No obstante, este proyecto ha quedado estancado porque luego de su anuncio ocurrió la caída del Bitcoin, que desde los $65 mil dólares en noviembre de 2021 bajó a los $16 mil en noviembre de 2022, una caída del -75%. El precio actual ronda los $27 mil.
Es por eso que el Departamento de Estado considera que “dada la limitada capacidad fiscal para la inversión pública, el Gobierno busca utilizar Asociaciones Público-Privadas (APP) para proyectos de infraestructura”.