El Salvador’s total public debt reached $28,615 million in June of this year, a figure that equates to 83.7% of the gross domestic product (GDP), according to data from the Central Reserve Bank (BCR).
GDP is an indicator that measures the monetary value of final goods and services (those acquired by the final consumer), produced by a country in a given period, which can be a year or a quarter, according to a definition published by the International Monetary Fund (IMF).
A significant event for how public debt was recorded in El Salvador occurred last December when the Legislative Assembly approved the latest pension reform. The package of amendments included the creation of the Salvadoran Pension Institute (ISP), a “financial character” entity, which assumed the assets and liabilities of the extinct INPEP, the assets and liabilities of the Pension Obligations Trust (FOP), as well as the issuance of new Pension Obligation Certificates (COP).
Following this change and the exchange of pension titles, pension debt is no longer placed in the Non-Financial Public Sector (SPNF), but in the Financial Public Sector (SPF), along with institutions like the BCR. Last April, the exchange of the pension debt implied the repeal of the Pension Investment Certificates (CIP) and their substitution by the Transition Financing Certificates (CFT) under new terms.
“The structure of the debt changed ‘accountingly,’ but continued to grow between December 2022 and June 2023, and totaled $28,615 million, equivalent to 83.7% of GDP,” highlights the report from the Public Policy Observatory of Francisco Gavidia University (UFG).
In December of last year, the country’s total public debt was $25,350 million, 78% of GDP; this historical debt was “artificially” lowered to $19,762 million; however, as well as the $8,852 million issued in the old pension certificates, like those of transition and COP “reflect an increase in the debt to be paid,” indicated UFG in its economic situational analysis.
“Because what has only been avoided is the payment of interest and principal (capital) for four years, but the debt remains debt, it is still there and even remains stable in what corresponds to Pension Obligation Certificates and Transition Financing Certificates, but periodically interest that is accumulating would have to be added,” noted the economist and researcher of the UFG, Claudio de Rosa, when presenting the report.
Economist Otto Rodriguez agreed that the change in moving the pension debt category is “artificial”; in his opinion, the country’s public debt “remains high.”
“In the accounting arrangement they supposedly made, but that’s not real. You cannot disappear the debt, what is owed to the workers,” said Rodriguez, who recalled that some intricacies of this change are still unclear because there is reserved information.
“El Salvador historically has not managed to have its own revenues that allow it to cover its expenses and, therefore, has always needed public debt,” pointed out ICEFI economist, Ricardo Castaneda, in a television interview. In his opinion, the problem for the country is that the contracted debt is too expensive, so year after year, it allocates a large amount of money to pay. In 2023, he said the allocation for amortization and interest is over $2,200 million.
Deuda pública total de El Salvador equivale al 83.7% del PIB
La deuda pública total de El Salvador alcanzó los $28,615 millones en junio de este año, una cifra que equivale al 83.7% del producto interno bruto (PIB), según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
El PIB es un indicador que mide el valor monetario de los bienes y servicios finales (los que adquiere el consumidor final), producidos por un país en un periodo determinado, que puede ser de un año o un trimestre, de acuerdo con una definición publicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Un hecho relevante para la forma en que se venía registrando la deuda pública en El Salvador ocurrió en diciembre año pasado, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la última reforma de pensiones. El paquete de enmiendas incluyó la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), una entidad de “carácter financiero”, que asumió los activos y pasivos del extinto INPEP, los activos y pasivos del Fideicomiso del Obligaciones Previsionales (FOP), así como la emisión de los nuevos Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).
A partir de este cambio y del canje de títulos previsionales, la deuda de pensiones ya no se coloca en el Sector Público No Financiero (SPNF), sino en el Sector Público Financiero (SPF), junto a instituciones como el BCR. El canje de la deuda previsional, en abril pasado, implicó la derogación de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) y su sustitución por los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) bajo nuevos términos.
“La conformación de la deuda cambió ‘contablemente’, pero siguió creciendo entre diciembre de 2022 y junio de 2023, y totalizó $28,615 millones, equivalentes a 83.7% del PIB”, destaca el informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
En diciembre del año pasado, la deuda pública total del país era de $25,350 millones , un 78% del PIB, esta deuda histórica se bajó “artificialmente” a $19,762 millones; sin embargo, así como los $8,852 millones emitidos en los certificados de pensiones antiguos, como los de la transición y los COP “reflejan un aumento de la deuda por pagar”, indicó la UFG en su análisis de coyuntura económica.
“Porque lo que solo se ha evitado es el pago de intereses y principal (capital) por cuatro años, pero la deuda sigue siendo deuda, sigue ahí presente e incluso se mantiene estable en lo que corresponde a los Certificados de Obligaciones Previsionales y los Certificados de Financiamiento de Transición, pero periódicamente habría que irle agregando los intereses que se van acumulando”, anotó el economista e investigador de la UFG, Claudio de Rosa, al presentar el informe.
El economista Otto Rodríguez coincidió en que el cambio al mover de categoría la deuda de pensiones es “artificial”; en su opinión, la deuda pública del país “sigue alta”.
“En el arreglo contable que hicieron supuestamente, pero eso no es lo real. No se puede desaparecer la deuda, lo que se le debe a los trabajadores”, dijo Rodríguez, quien recordó que algunas interioridades de este cambio aún no están claras porque hay información reservada.
“El Salvador históricamente no ha logrado contar con los ingresos propios que le permitan cubrir sus gastos y, por lo tanto, siempre ha necesitado de la deuda pública”, apuntó el economista del ICEFI, Ricardo Castaneda, en un entrevista televisiva. El problema para el país, en su opinión, es que la deuda contratada es demasiado cara, por lo que año con año destina una gran cantidad de dinero para pagar. En 2023, la partida para amortización e intereses es de más de $2,200 millones, dijo.