The Committee of relatives of victims of the exception regime of Bajo Lempa, accompanied by the organization Cristosal, appeared this Monday, August 14, at the Human Rights Defense Office of El Salvador (PDDH) to ask for expedited assistance for the release of their detained relatives, as well as the complaint for a young man who remains in prison despite having a release order.
According to Glenda Rodríguez, from the Bajo Lempa collective, they have not yet received a response from the first meeting held with the prosecutor, Raquel Caballero, on May 9, in which they delivered documents to prove that the detainees do not belong to any gang. They were assured that they would intervene and expedite the processes for their release, but they have not received answers.
“All they have done is ask us for documents, and the process is almost audited. We ask the prosecutor to remember the agreement we made on May 9, which is not being fulfilled to date. We wonder what the PDDH does for Salvadorans if they continue with the stigma that defending rights is defending gang members. We want them to give us answers,” Rodríguez mentioned.
Before the PDDH, this collective has presented 42 complaints of arbitrary detentions, although they mentioned that there are more cases. Until May, they had a record of 134 arbitrary arrests, but many families did not want to report, so the documentation was not presented. According to their estimates, since the application of the exception regime in March 2022, there have been more than 300 arrests in the Bajo Lempa area.
In addition, they maintain that since the complaints began, 23 people have been released, proving that they did not belong to criminal groups.
For his part, Abraham Ábrego, director of strategic litigation at Cristosal, accompanied the complaint of this collective and mentioned that intervention has been requested for the release of those captured from Bajo Lempa.
“We presented to the PDDH a written request to expedite the processes that began last year. This institution already has 42 complaints, for those who say there are no complaints from the regime, in this case from Bajo Lempa of innocent people who have been captured. The intervention of the Prosecutor’s Office is requested. Of these complaints, there is still no response,” said Ábrego.
LA PRENSA GRÁFICA sought the version of the PDDH to find out if there has been follow-up to the agreements between the institution and the collective of relatives, but at the close of this note, there was no official stance.”
Joven sigue preso pese a contar con orden de liberación, denuncia comité de familiares de víctimas del régimen del Bajo Lempa
El Comité de familiares de víctimas del régimen de excepción del Bajo Lempa, acompañados por la organización Cristosal, se presentaron este lunes14 de agosto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) para pedir que se agilice la ayuda para la liberación de sus familiares detenidos, así como la denuncia por un joven que sigue en prisión a pesar de contar con orden de liberación.
Según manifestó Glenda Rodríguez, del colectivo Bajo Lempa, aún no han tenido respuesta de la primera reunión sostenida con la procuradora, Raquel Caballero, el 9 de mayo en el que entregaron documentos de arraigo para demostrar que los detenidos no pertenecen a ninguna pandilla. Les aseguraron que iban a interceder y agilizar los procesos para su liberación, pero no han tenido respuestas.
“Lo único que nos han hecho es pedir documentos y con el proceso casi fiscalizado. Pedimos a la procuradora que recuerde el acuerdo que tomamos el 9 de mayo, el cual hasta la fecha no se está cumpliendo. Nos preguntamos qué hace la PDDH para los salvadoreños, si siguen con el estigmatismo de que defender derechos es defender pandilleros. Queremos que nos den respuestas”, mencionó Rodríguez.
Ante la PDDH este colectivo ha presentado 42 denuncias de detenciones arbitrarias, aunque mencionaron que hay más casos. Hasta mayo tenían el registro de 134 capturas arbitrarias, pero muchas familias no han querido denunciar y por ello es que no se ha presentado la documentación. Según sus estimaciones, desde la aplicación del régimen de excepción en marzo de 2022 hay más de 300 capturas de la zona del Bajo Lempa.
Además, sostienen que desde que iniciaron las denuncias se han liberado a 23 personas por lo que se ha podido demostrar que no pertenecían a grupos criminales.
Por su parte, Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, acompañó la denuncia de este colectivo y mencionó que se ha pedido la intervención para la liberación de los capturados del Bajo Lempa.
“Presentamos a la PDDH un escrito pidiendo que se agilicen los procesos que se iniciaron el año pasado. Esta institución tiene ya 42 denuncias, para los que dicen que no hay denuncias del régimen, en este caso del Bajo Lempa de personas inocentes que han sido capturadas. Se pide la intervención de la Procuraduría. De estas denuncias aún no hay ninguna respuesta”, dijo Ábrego.
LA PRENSA GRÁFICA buscó la versión de la PDDH para conocer si se ha dado seguimiento a los acuerdos entre la institución y el colectivo de familiares, pero al cierre de esta nota no hubo una postura oficial.