Seven months after the arrest of the environmentalists from the community of Santa Marta, in the municipality of Victoria in Cabañas, at least 15 organizations appeared in front of the Attorney General’s Office to demand that the authorities drop the charges against those arrested due to the lack of evidence against them.
“The petition is based on the lack of real evidence that incriminates the environmentalists with the alleged crimes and the validity of the National Reconciliation Law of 1992,” the community representatives stated through their official account.
Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Rivas, and Fidel Recinos are the detainees in the case, who are accused of murder, deprivation of liberty, and illicit associations, and have been completely denied any contact with their family members or lawyers. This situation has attracted international attention as the community leaders had driven movements against mining in Salvadoran territory. In recent months, at least 18 representatives from the U.S. Congress, the UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders, and national and international social organizations have spoken out against the lack of transparency in the case.
One of the concerns is that the advanced age of the detainees and the prison conditions may have irreparable effects on the health of the environmentalists.
The organizations have pointed out that the criminalization of environmental defenders is an instrumentalization of justice, and that this situation is driven by intentions to reactivate metallic mining.
On repeated occasions, the organizations have asked the Sensuntepeque Court of Instruction to hold a special hearing to establish a review of measures given by the Criminal Chamber of Cojutepeque on June 30, but there has been no response.
Organizaciones exigen se retiren acusaciones contra los líderes de Santa Marta
Siete meses después de la captura contra los ambientalistas de la comunidad Santa Marta, del municipio de Victoria en Cabañas al menos 15 organizaciones se hicieron presentes frente a la Fiscalía General de la República para exigir a las autoridades se retiren los cargos imputados a los capturados debido a la falta de pruebas en su contra.
“La petición se basa en la falta de pruebas reales que incriminen a los ambientalistas con los delitos imputados y en la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992”, señalaron los representantes de la comunidad a través de su cuenta oficial.
Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Rivas y Fidel Recinos, son los detenidos del caso a quienes se les acusa por asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas, de esta forma se les ha negado rotundamente todo contacto con sus familiares o abogados del caso. Esta situación ha trascendido a nivel internacional debido a que los líderes comunales fueron impulsaron los movimientos contra la minería en el territorio salvadoreño, en los últimos meses al menos 18 representantes del Congreso de Estados Unidos, la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones sociales nacionales e internacionales se han pronunciado ante la poca transparencia en el caso.
Una de las preocupaciones es que la avanzada edad de los detenidos y las situaciones carcelarias tengan afectaciones irreparables en la salud de los ambientalistas.
Las organizaciones han señalado que la criminalización de los defensores ambientales es una instrumentalización de la justicia y que esta situación está impulsada por las intenciones de reactivar la minería metálica.
En reiteradas ocasiones las organizaciones han solicitado al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque se realice una audiencia especial para establecer una revisión de medidas dada por la Cámara Penal de Cojutepeque el 30 de junio, pero no se ha tenido respuestas.