For two days, the International Seminar on Search and Justice for Disappearances has been taking place in the country, in which social organizations share experiences about this problem and reiterated the lack of “will” from state institutions on this issue.
According to data provided by the participating organizations, between January 2019 and June 2022, there were 6,443 reports of missing persons. Additionally, between January and March of this year 2023, 132 people were reported missing, according to data provided by the Police.
The problem is also exacerbated by a lack of information, in the sense that official data on disappearances is withheld by institutions such as the Attorney General’s Office (FGR).
Researcher Jeannette Aguilar, who participated in the activity, emphasized the importance of institutions being able to perform their function and reiterated the increase in disappearances of women, but brought to account the appearance of a new phenomenon: temporary disappearances under the state of emergency regime.
“Most people in charge of searching for relatives and maintaining the household are women. As for temporary disappearances, they occur when a person is taken into custody and their whereabouts are unknown, whether they are in a prison or hospital, depending on the case. The family in these cases does not know where their loved one is,” she highlighted.
According to Jorge Rodríguez, coordinator of Idhuca, state institutions have shown a “deficient” role in searching for missing persons.
“In El Salvador, the state response to this issue has been deficient because we have noticed negligence on the part of the institutions,” he mentioned.
Henri Fino, executive director of the Foundation for Studies for the Application of Law (Fespad), said that the regime’s implementation affects the monitoring of official figures.
Organizaciones ven poco interés estatal en resolver desapariciones
Durante dos días se desarrolla en el país el Seminario Internacional Búsqueda y Justicia ante las Desapariciones, en el que organizaciones sociales comparten experiencias ante este problema y reiteraron la poca “voluntad” de las instituciones del estado en este tema.
De acuerdo con datos proporcionados por las organizaciones participantes, entre enero de 2019 y junio de 2022 hubo 6,443 denuncias de personas desaparecidas. Además, entre enero y marzo de este año 2023 fueron reportadas 132 personas como desaparecidas, según datos proporcionados por la Policía.
Al problema también se suma el factor de la falta de información, en el sentido de que los datos oficiales sobre el tema de desapariciones están bajo reserva por parte de instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR).
La investigadora Jeannette Aguilar, quien participó en la actividad, reiteró la importancia de que las instituciones puedan ejercer su función y a la vez reiteró el incremento de las desapariciones en mujeres, pero trajo a cuenta la aparición de un nuevo fenómeno: las desapariciones temporales en el marco del régimen de excepción.
“La mayoría de personas que están a cargo de la búsqueda de los familiares y del mantenimiento en el hogar son mujeres. En cuanto a las desapariciones temporales, se dan cuando a una persona se la llevan detenida y no se conoce su paradero, si está en algún centro penitenciario u hospital, dependiendo el caso. La familia en estos casos no saben dónde está su ser querido”, destacó.
De acuerdo con Jorge Rodríguez, coordinador del Idhuca, las instituciones del Estado han mostrado un papel “deficiente” en la labor de la búsqueda de las personas desaparecidas.
“En El Salvador, la respuesta estatal a este tema ha sido deficiente porque hemos notado negligencia de parte de las instituciones”, mencionó.
Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), dijo que la implementación del régimen afecta el monitoreo de cifras oficiales.