Recent legal reforms in El Salvador, including one to the Law Against Organized Crime, represent yet another alarming threat to human rights. These reforms, pushed through by the ruling Nuevas Ideas party in the Legislative Assembly, will allow collective trials of up to 900 people, dramatically increase the length of sentences, and jeopardize the fundamental right to due process. They will undermine the right to legal defense for tens of thousands of citizens who have been detained since President Nayib Bukele imposed a state of emergency in March 2022. And they ramp up an increasingly dangerous cycle of repression.
All human beings have the right to defend themselves in court. This cannot be done effectively in mass trials. Forcing individuals to be judged collectively will turn the presumption of innocence upside down. The criteria for such trials remain unclear, potentially leading to the trial of people based solely on shared regional origins or alleged affiliations with illegal groups. This risks wrongfully impugning innocent people who have no connection to any gangs. Moreover, the fact that the reforms allow a confession by one person to be used to implicate others is deeply troubling, taking into account reported incidents of torture, coerced testimonies, and other human rights violations under the state of emergency.
Other aspects of these far-reaching reforms raise grave concerns about the fairness and integrity of the judicial system. The decision to grant control over criminal investigations to the National Civil Police, rather than the Attorney General’s Office, brings with it a risk of undermining essential checks and balances and placing unrestrained power in the hands of the police. Also, removing the maximum 24-month time limit for criminal proceedings raises a significant concern. It opens the door to the possibility of people being detained indefinitely without due process, which could affect thousands of citizens.
These expansive reforms lay bare the unsustainability of the state of emergency and the security policies set forth by President Nayib Bukele. The widespread and indiscriminate arrests —resulting in nearly 2 percent of the entire population of the country being behind bars— have created an overwhelming burden on the criminal justice institutions, calling into question not only the Salvadoran state’s willingness to protect rights but also its ability to effectively investigate crime and provide for the safety of its citizens.
The urgency to address these abuses and prevent further harm is clear. The government’s reliance on security policies that prioritize repression and militarization has led to massive arrests. Now, as mass trials become institutionalized under law, it seems that El Salvador is caught in a dangerous cycle. This approach, based on the restriction of human rights standards, is unsustainable and detrimental to the well-being of Salvadoran citizens and the stability of its democracy.
This worrisome situation unfolds within a broader context of eroding rule of law and escalating reports of human rights abuses. Civil society organizations have painstakingly documented cases of arbitrary detentions, forced disappearances, torture, flawed criminal proceedings and alleged deaths of over 150 citizens kept in state custody.
The international community must play a decisive role in addressing and denouncing the widespread human rights violations occurring in El Salvador. The United Nations and the Organization of American States should monitor and verify the compliance of the Salvadoran government with international human rights obligations, using the various international agencies and mandates to shed light on the current human rights situation in the country.
El Salvador’s path forward must prioritize the adoption of sustainable citizen security policies that champion human rights and prioritize preventive measures. It must address the root causes of violence, reduce impunity, and foster safe environments for the population. While bringing criminals to justice is essential, upholding the principles of due process and fair trials is non-negotiable. It is only through a collective and resolute effort, both domestically and internationally, that a safer and more just El Salvador may emerge. The time for action is now, for human rights are undeniably at stake.
Carolina Jiménez Sandoval is the president of the Washington Office on Latin America (WOLA).
Juicios masivos en El Salvador son un asalto alarmante a los Derechos Humanos
Las reformas legales recientes en El Salvador, incluyendo una a la Ley Contra el Crimen Organizado, representan otra amenaza alarmante a los derechos humanos. Estas reformas, impulsadas por el partido Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, permitirán juicios colectivos de hasta 900 personas, aumentarán drásticamente la duración de las sentencias y pondrán en peligro el derecho fundamental al debido proceso. Socavarán el derecho a la defensa legal de decenas de miles de ciudadanos detenidos desde que el Presidente Nayib Bukele impuso el estado de emergencia en marzo de 2022. Y aumentan un ciclo de represión cada vez más peligroso.
Todos los seres humanos tienen el derecho de defenderse en la corte. Esto no se puede hacer eficazmente en juicios masivos. Obligar a los individuos a ser juzgados colectivamente invertirá la presunción de inocencia. Los criterios para tales juicios siguen sin estar claros, lo que podría llevar al juicio de personas basadas únicamente en sus orígenes regionales compartidos o supuestas afiliaciones con grupos ilegales. Esto corre el riesgo de imputar erróneamente a personas inocentes que no tienen conexión con ninguna pandilla. Además, el hecho de que las reformas permitan que una confesión de una persona sea utilizada para implicar a otras es profundamente preocupante, teniendo en cuenta los incidentes reportados de tortura, testimonios coaccionados y otras violaciones a los derechos humanos bajo el estado de emergencia.
Otros aspectos de estas reformas de gran alcance plantean graves preocupaciones sobre la justicia e integridad del sistema judicial. La decisión de otorgar el control sobre las investigaciones criminales a la Policía Nacional Civil, en lugar de la Fiscalía General, conlleva el riesgo de socavar los controles y equilibrios esenciales y de poner un poder sin restricciones en manos de la policía. Además, eliminar el límite máximo de 24 meses para los procedimientos penales plantea una preocupación significativa. Abre la puerta a la posibilidad de que las personas sean detenidas indefinidamente sin el debido proceso, lo cual podría afectar a miles de ciudadanos.
Estas reformas expansivas dejan al descubierto la insostenibilidad del estado de emergencia y las políticas de seguridad establecidas por el Presidente Nayib Bukele. Las detenciones generalizadas e indiscriminadas, que han resultado en casi el 2 por ciento de toda la población del país tras las rejas, han creado una carga abrumadora en las instituciones de justicia penal, poniendo en duda no solo la voluntad del estado salvadoreño de proteger los derechos, sino también su capacidad para investigar eficazmente el crimen y proporcionar la seguridad de sus ciudadanos.
La urgencia de abordar estos abusos y prevenir daños adicionales es clara. La dependencia del gobierno en políticas de seguridad que priorizan la represión y la militarización ha llevado a detenciones masivas. Ahora, a medida que los juicios masivos se institucionalizan bajo la ley, parece que El Salvador está atrapado en un ciclo peligroso. Este enfoque, basado en la restricción de los estándares de derechos humanos, es insostenible y perjudicial para el bienestar de los ciudadanos salvadoreños y la estabilidad de su democracia.
Esta preocupante situación se desarrolla en un contexto más amplio de erosión del estado de derecho e informes crecientes de abusos contra los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil han documentado meticulosamente casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, procedimientos penales defectuosos y supuestas muertes de más de 150 ciudadanos mantenidos en custodia estatal.
La comunidad internacional debe desempeñar un papel decisivo en la dirección y denuncia de las violaciones generalizadas de los derechos humanos que ocurren en El Salvador. Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos deben monitorear y verificar el cumplimiento del gobierno salvadoreño con las obligaciones internacionales de derechos humanos, utilizando las diversas agencias y mandatos internacionales para arrojar luz sobre la situación actual de los derechos humanos en el país.
El camino a seguir en El Salvador debe priorizar la adopción de políticas de seguridad ciudadana sostenibles que defiendan los derechos humanos y prioricen medidas preventivas. Debe abordar las causas fundamentales de la violencia, reducir la impunidad y fomentar entornos seguros para la población. Si bien llevar a los criminales ante la justicia es esencial, mantener los principios del debido proceso y juicios justos es innegociable. Solo a través de un esfuerzo colectivo y resuelto, tanto a nivel nacional como internacional, puede surgir un El Salvador más seguro y justo. El momento de actuar es ahora, porque los derechos humanos están indiscutiblemente en juego.
Carolina Jiménez Sandoval es la presidenta de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).