Human rights defense social organizations informed the Committee against Forced Disappearance of the United Nations (UN) about the situation of short-term forced disappearances committed in El Salvador in the context of the state of exception, as a contribution to a joint statement that the international body will issue in the coming months.
The report prepared by six organizations identifies three patterns of short-term disappearance committed by state agents in the context of the state of exception established on March 27, 2022, which has become permanent through 16 extensions.
The first refers to individuals who are captured by the Police and military in public places, in the presence of witnesses, and subsequently, their relatives go to different police centers to request information, and they are denied that the detention occurred and the whereabouts of the detained person.
“After several weeks or months and persistence with the Police, the relatives receive some information that allows them to find the detained person in a penitentiary center,” the document indicates.
One of the cases recorded by NGOs is that of Hector, who was detained on May 27, 2022, along with a nephew, inside his house in the municipality of Colón, for the crime of illicit groups based on an alleged anonymous call.
On the day of the detention, the family went to different police stations to know his whereabouts, but they were denied information. Hours after the detention, at another police station, they were informed that Hector had been transferred to the holding cells known as “El Penalito” in San Salvador. In that place, they also did not provide information about his location.
It was not until August, almost three months later, that the relatives recognized Hector among a group of inmates being transferred to the Mariona prison through some images published in the media.
The relatives of the captured man mobilized to the prison center, and they were finally confirmed that he was imprisoned there.
A second pattern of disappearance is related to cases where although the detention was carried out in public places and in the presence of witnesses, the police stations deny that the capture was made. And although relatives have filed habeas corpus, they have not received a response.
The third type of disappearances are those in which individuals were captured, taken to a prison center where they died due to different causes, but the relatives were not informed. The corpses were buried in common graves.
El Diario de Hoy documented how the family of Rafael López Castellón, 53, who was imprisoned in the La Esperanza Penal Center, found out about his death on the day they tried to obtain a criminal record clearance to present as a residence proof.
According to the report of the Institute of Legal Medicine, the inmate died on June 1st at Zacamil Hospital, San Salvador, due to a circulation problem, but the family was never informed of his death; they found out on August 8th when they went to carry out the procedure, at the request of the public lawyer who defended him, but in the police system he appeared as deceased.
López Castellón was originally from Jucuapa, in Usulután, he worked in a mill, with which he generated income for his family. “He was a good man; he lived here and had his mill; he was very ill, he only stayed in his mill,” said Edith Torres, a neighbor when she learned of his death.
More than 71,000 people have been detained during the state of exception, according to data provided by the security authorities. However, this figure cannot be corroborated due to the reservation of information imposed on statistical data, despite being of public character according to the Access to Public Information Law.
On the other hand, social organizations and human rights defenders have documented 5,400 complaints of people who have suffered alleged violations of their human rights since the regime began until July 20 of this year. One of the most serious events documented by social organizations is the deaths under state custody, which total 173. The complainants pointed out that many of the victims’ corpses showed signs of torture, malnutrition, or untreated chronic diseases. Arbitrary detentions, lack of due process, cruel treatment, harassment, threats, injuries, and sexual assaults are other abuses the state’s security forces commit.
“The judicial control of detentions should function as a guarantee of freedom, to prevent the criminalization of innocent people, but also to detect and punish practices such as torture and forced disappearances, ensuring that detained persons are heard, prosecuted, and if applicable, convicted, after due process.”
Report on Forced Disappearances
Organizaciones advierten a ONU sobre desapariciones forzadas en el país
Organizaciones sociales de defensa de derechos humanos informaron al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de las desapariciones forzadas de corta duración cometidas en El Salvador en el contexto del régimen de excepción, como un aporte para una declaración conjunta que emitirá en los próximos meses ese organismo internacional.
En el informe elaborado por seis organizaciones, señalan tres patrones de desaparición de corta duración cometidas por agentes estatales en el contexto del régimen de excepción establecido el 27 de marzo de 2022 y que se ha vuelto permanente por medio de 16 prórrogas.
El primero se refiere a personas que son capturadas por la Policía y militares en lugares públicos, en presencia de testigos, y posteriormente sus familiares se trasladan a distintos centros policiales a solicitar información, y se les niega que la detención haya ocurrido y el paradero de la persona detenida.
“Luego tras varias semanas o meses y ante la insistencia con la Policía, los familiares reciben alguna información que les permite encontrar a la persona detenida en un centro penitenciario”, indica el documento.
Uno de los casos registrados por las ong es el de Héctor, quien fue detenido el 27 de mayo de 2022 junto a un sobrino, dentro de su vivienda en el municipio de Colón, bajo el delito de agrupaciones ilícitas por una supuesta llamada anónima.
El día de la detención, la familia acudió a diferentes delegaciones policiales para conocer su paradero, sin embargo, en estas le negaron información. Horas después de la detención, en otra delegación policial le informaron que Héctor había sido trasladado a las bartolinas conocidas como “El Penalito”, en San Salvador. En ese lugar, tampoco le brindaron datos sobre su ubicación.
Fue hasta agosto, es decir casi tres meses después, que los familiares, a través de unas imágenes publicadas en los medios de comunicación reconocieron a Héctor entre un grupo de reos que eran trasladados al penal de Mariona.
Los parientes del capturado se movilizaron hasta el centro penal y ahí les confirmaron, finalmente, que se encontraba recluido en ese lugar.
Un segundo patrón de desaparición está relacionado a casos en los que a pesar que la detención fue realizada en lugares públicos y ante la presencia de testigos, en las delegaciones policiales les niegan que se haya realizado la captura. Y aunque los parientes han interpuesto habeas corpus, no han tenido respuesta.
El tercer tipo de desapariciones son aquellas en las cuales las personas fueron capturadas, llevadas a un centro penal donde murieron debido a diferentes causas, pero los familiares no fueron informados y los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes.
El Diario de Hoy documentó cómo la familia de Rafael López Castellón, de 53 años, quien estaba recluido en el Centro Penal La Esperanza, se enteró de su muerte el día que intentaron sacar una solvencia de antecedentes penales para presentarla como arraigo.
Según el reporte del Instituto de Medicina Legal, el reo falleció el primero de junio en el hospital Zacamil, de San Salvador, por un problema de circulación, pero nunca le informaron a los familiares sobre su deceso, ellos se enteraron hasta el ocho de agosto cuando fueron a realizar el trámite, a pedido del abogado público que lo defendía, pero en el sistema policial aparecía como fallecido.
López Castellón era originario de Jucuapa, en Usulután, trabajaba en un molino, con el cual generaba ingresos para su familia. “Era un buen hombre, él aquí vivía y tenía su molino, estaba bien enfermo, solo se mantenía en su molino”, dijo Edith Torres, una vecina cuando se enteró de su muerte.
Más de 71,000 personas han sido detenidas durante el régimen de excepción, según los datos brindados por la autoridades de seguridad, sin embargo, esta cifra no puede ser corroborada debido a la reserva de información impuesta a los datos estadísticos, pese a que es de carácter público según la Ley de Acceso a la Información Pública.
Por otra parte, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han documentado 5,400 denuncias de personas que han sufrido supuestas vulneraciones a sus derechos humanos desde que inició el régimen hasta el 20 de julio de este año. Uno de los hechos más graves documentados por las organizaciones sociales son las muertes bajo custodia del Estado que suman 173. Los denunciantes señalaron que muchos de los cadáveres de las víctimas presentaban señales de tortura, desnutrición o enfermedades crónicas sin tratamiento. Detenciones arbitrarias, falta al debido proceso, tratos crueles e inhumanos, acoso, amenazas, lesiones y agresiones sexuales, son otros de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado.
“El control judicial de las detenciones debería funcionar como una garantía de libertad, para evitar la criminalización de personas inocentes, pero también para detectar y sancionar prácticas como la tortura y las desapariciones forzadas, asegurando que las personas detenidas sean oídas, procesadas y si correspondiese, condenadas, luego de un debido proceso.”
Informe sobre desapariciones forzadas