The state of emergency driven by Nayib Bukele in El Salvador has shattered another pillar of the rule of law this week. To uphold a security policy designed to annihilate gangs, the courts of the Central American country will be able to carry out mass trials and hearings of up to 900 detainees. The measure, approved in a Parliament dominated by the party that supports the Government, Nuevas Ideas, represents a formalization of what was already happening in practice, which increases the seriousness of a scheme of war against the maras repeatedly questioned for constant violations of fundamental rights.
Since the beginning of the state of emergency, in March 2022, Salvadoran authorities have arrested nearly 72,000 people accused of belonging to or collaborating with Mara Salvatrucha or Barrio-18, the two main criminal organizations in the country. Bukele’s zero-tolerance strategy, which includes hundreds of deaths under police custody, permanent operations, and arbitrary arrests, has borne fruit from a statistical perspective: the gangs are more cornered and weakened than ever. The downside, however, is an authoritarian drift that undermines the foundations of coexistence and has aroused deep concern among international human rights bodies.
For example, a group of United Nations experts warned in May that the mass trials already being conducted in El Salvador “violate the guarantees of due process.” Added to this is the fact that the young president’s success in security matters has boosted his popularity, which in the political field has translated into almost omnipotent power. Bukele formalized his candidacy for reelection in early July, looking ahead to the 2024 elections, sheltering under a more than doubtful interpretation of the Constitution, which prohibits running in consecutive periods, made by the magistrates his party imposed on the Supreme Court.
Today Bukele is a model for various regional projects, especially from the far right, from the Argentine Javier Milei to the Chilean José Antonio Kast. The exhibition of strong hand, the mockery of his adversaries through social networks, the attacks on the press, and the display of his prison policy have become a political pattern. In Colombia, the construction of mega-prisons is already part of electoral programs. Meanwhile, alarm is growing over the deterioration of human rights in El Salvador and concern over the disintegration of the opposition. If Bukele wants to guarantee a viable society in the medium term, he must immediately halt his despotic drift and respect the most basic principles of the rule of law.
El País: https://elpais.com/opinion/2023-07-30/el-despotismo-de-bukele.html
El despotismo de Bukele
El régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele en El Salvador ha quebrado esta semana otro pilar del Estado de derecho. Con el objetivo de sostener una política de seguridad diseñada para aniquilar a las pandillas, los tribunales del país centroamericano podrán llevar a cabo juicios masivos y audiencias de hasta 900 detenidos. La medida, aprobada en un Parlamento dominado por el partido que sostiene al Gobierno, Nuevas Ideas, supone una formalización de lo que ya sucedía en la práctica, lo que aumenta la gravedad de un esquema de guerra contra las maras repetidamente cuestionado por las constantes violaciones de derechos fundamentales.
Desde el comienzo del régimen de excepción, en marzo de 2022, las autoridades salvadoreñas han detenido a casi 72.000 personas acusadas de pertenecer o colaborar con la Mara Salvatrucha o el Barrio-18, las dos principales organizaciones criminales del país. La estrategia de tolerancia cero de Bukele, que incluye centenares de muertes bajo custodia policial, operativos permanentes y arrestos arbitrarios, ha dado sus frutos desde la perspectiva estadística: las pandillas están más acorraladas y debilitadas que nunca. La contrapartida, sin embargo, es una deriva autoritaria que socava los cimientos de la convivencia y ha despertado la profunda preocupación de los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas alertó en mayo, por ejemplo, de que los juicios masivos que ya se venían realizando en El Salvador “atentan contra las garantías del debido proceso”. A eso se suma el hecho de que el éxito del joven presidente en materia de seguridad ha disparado su popularidad, lo que en el terreno político se ha traducido en un poder casi omnímodo. Bukele oficializó a principios de julio su candidatura a la reelección con vistas a los comicios de 2024, escudándose en una más que dudosa interpretación de la Constitución, que prohíbe presentarse en periodos consecutivos, hecha por los magistrados afines que impuso su partido en la Corte Suprema.
Hoy Bukele es un modelo para distintos proyectos en la región, sobre todo de extrema derecha, del argentino Javier Milei al chileno José Antonio Kast. La exhibición de mano dura, la mofa de sus adversarios a través de las redes sociales, los ataques a la prensa y la ostentación de su política carcelaria se han convertido en un patrón político. En Colombia, la construcción de megacárceles ya forma parte de los programas electorales. Mientras tanto, crece la alarma por el deterioro de los derechos humanos en El Salvador y la inquietud por la desarticulación de la oposición. Si Bukele quiere garantizar una sociedad viable a medio plazo debe frenar de inmediato su deriva despótica y respetar los principios más elementales del Estado de derecho.
El País: https://elpais.com/opinion/2023-07-30/el-despotismo-de-bukele.html