Social organizations have updated information on human rights violations under the state of exception. From March 2022 to June 2023, these organizations have recorded 5,490 victims, mostly due to arbitrary detentions.
Individuals between the ages of 19 and 30 constitute 53.48% of the victims, and nearly 80% are men. Among the violations, 95% of the victims have reported suffering arbitrary detentions, followed by lack of due process (87%), home raids (26%), and cruel, inhuman, and degrading treatment (10%), considering that a person can experience one or more violations.
Regarding the lack of due process, Verónica Reyna from the Passionist Social Service (SSPAS) stated that most legal procedures for detentions had not been followed. Testimonies from individuals who have received assistance mention that they were not informed of the charges at the time of arrest.
“Detentions are not accompanied by a judicial, administrative order. They are told that they will go to a police station to give a statement, and then they are accused of a crime without knowing the reasons. At the moment of arrest, they are not informed of the charges. Even in the formal accusation, different information is presented compared to the facts related to the arrest,” she mentioned.
As of June 2023, there have been 173 deaths in correctional facilities, although organizations mention that these cases are increasing due to recent reports of deaths. Additionally, 243 individuals have been threatened with detention or even losing their lives in correctional facilities by members of the National Civil Police (PNC) and the Armed Forces of El Salvador (FAES).
According to Gabriela Santos, director of the Institute of Human Rights at UCA (Idhuca), there is “criminalization of human rights defenders. The state adopts a violent discourse and seems to have forgotten its historical memory, in the sense that these organizations have accompanied victims of human rights violations, all forms of violence. We will continue to support them now in the face of state violence resulting from the state of exception and all the reforms in criminal matters.”
Organizaciones sociales reportan 5,490 víctimas del régimen de excepción
Organizaciones sociales actualizaron la información sobre las vulneraciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Desde marzo de 2022 hasta junio de 2023 estas organizaciones han registrado 5,490 víctimas, en su mayoría, por detenciones arbitrarias.
Las personas entre las edades de 19 a 30 años constituyen el 53,48 % de las víctimas y casi el 80 % son hombres. Dentro de las vulneraciones, el 95 % de las víctimas han denunciado que sufrieron detenciones arbitrarias, seguido por falta al debido proceso (87 %), allanamiento de morada (26 %) y tratos crueles, inhumanos y degradantes (10 %), tomando en cuenta que una persona puede recibir una o más vulneraciones.
En cuanto a la falta del debido proceso, Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), dijo que no se ha cumplido los procedimientos jurídicos para las detenciones en la mayoría de casos. Los testimonios de las personas a quienes han brindado asistencia mencionan que al momento de la detención no se les informó del delito.
“Las detenciones no van acompañadas de una orden administrativa judicial, se les menciona que irán a declarar a alguna delegación y luego se les imputa algún delito que desconocen los motivos por los que se le acusan. En el momento tampoco son informados de la acusación; incluso en la acusación formal presentan datos distintos a los hechos relatados a la detención”, mencionó.
Hasta junio de 2023 se contabilizan 173 fallecimientos en centros penales, aunque las organizaciones mencionan que estos casos van en aumento debido a las nuevas denuncias de muertes en los últimos días. Además, se contabilizan 243 personas que fueron amenazadas por parte de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada de El Salvador (FAES) de ser detenidas e incluso perder la vida en los centros penales.
De acuerdo con Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), hay “criminalización a personas defensoras de derechos humanos. El Estado asume un discurso violento y un poco de pérdida de memoria histórica, en el sentido que estas organizaciones hemos acompañado a las víctimas a violaciones de derechos humanos, de todas las violencias. Vamos a seguirlas acompañando ahora de la violencia estatal a raíz del régimen de excepción y todas las reformas en materia penal”.