This was denounced by Rosa Tobías from the National Committee Against Land Expropriation and Evictions, who stated in an interview with YSUCA radio that many of the affected individuals have land deeds and documentation from the National Registry Center.
Tobías stated that these land seizures are driven by two reasons. One is that landowners want to reclaim the lands, and the other is the Expropriation Law created in 2021 by the current administration. She points out that the Salvadoran Institute for Agrarian Transformation (ISTA) does not respond to the affected individuals but instead favors the interests of the businessmen. She added that the evictions are carried out with the complicity of state entities such as the National Civil Police.
José Santos Guevara, another member of the National Committee against Land Expropriation and Evictions, explained that some of the lands they want to take away were granted through agrarian reform, and in other cases, they were acquired through the Peace Accords via the land transfer program. Moreover, he highlighted the impact and harm caused to the farmers by these expropriations.
The social leaders mentioned that among those affected by this issue are the communities of La Unión, where the construction of the Airport and Pacific Train is planned; the hamlet of Guajoyo in Tecoluca, San Vicente; Isla Tasajera in the department of La Paz, and the El Bosque Cooperative in Santa Tecla.
Denuncian despojo de tierras a comunidades pobres en complicidad con el Estado
Campesinos y comunidades pobres de El Salvador están siendo despojados de sus tierras con la complicidad del Estado. Así lo denunció Rosa Tobías de la Mesa Nacional Contra la Expropiación y Desalojo de Tierras, quien dijo en entrevista con radio YSUCA que en muchos de estos casos, los afectados tienen escrituras y documentación del Centro Nacional de Registro.
Tobías manifestó que tales despojos obedecen a dos razones. Una es que los terratenientes quieren recuperar tierras y la otra es la Ley de Expropiación creada en el año 2021 por la administración actual. Señala que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, no responde a los afectados, sino que favorece a los empresarios. Añadió que los desalojos se hacen en complicidad de entidades estatales como la Policía Nacional Civil.
José Santos Guevara, también integrante de la Mesa Nacional contra la Expropiación y Desalojo de Tierras explicó que algunas de las tierras que quieren quitar fueron entregadas con la reforma agraria y, en otros casos, las adquirieron con los Acuerdos de Paz mediante el programa de transferencia de tierras. Además, destacó el impacto y afectación que causa a los campesinos dichas expropiaciones.
Los líderes sociales mencionaron que entre los afectados con este problema se encuentran las comunidades de La Unión donde se pretende construir el Aeropuerto y tren del Pacifico; el caserío Guajoyo, de Tecoluca, San Vicente; la Isla Tasajera, del departamento de La Paz y la Cooperativa el Bosque en Santa Tecla.