Chapter IV.B is a section of the CIDH’s annual report that details countries facing situations and threats to human rights that are particularly concerning and require special attention from the international body and its member states.
During a hearing on July 14th, civil society organizations requested El Salvador’s inclusion in this chapter, with representatives from the Salvadoran government present. The report will be presented to the Organization of American States (OAS), and countries such as Cuba, Venezuela, Nicaragua, and recently Guatemala are already on this “blacklist.”
Leonor Arteaga, the director of the Program on Impunity and Serious Human Rights Violations at the Due Process of Law Foundation (DPLF), explained that the request to the CIDH is based on documented violations under the state of exception, such as arbitrary detentions, torture, and deaths.
The inclusion of El Salvador in Chapter IV.B of the CIDH’s annual report could potentially trigger the application of the democratic charter by the OAS, indicating that the country is not a democratic state. However, it could result in more moral sanctions and international shame rather than legal penalties, as it would mean that El Salvador is a country where the current government’s power is not legitimate, carrying significant media and political impact.
Abraham Ábrego, the director of Strategic Litigation at the Cristosal organization, mentioned that the request aims to position the country in a list that highlights human rights violations.
During the July 14th hearing, representatives of the Salvadoran government denied the allegations of violations and highlighted the reduction in homicides and violence in the country. The Presidential Commissioner for Human Rights and Freedom of Expression, Colombian Andrés Guzmán, stated, “I strongly and clearly reject the fact that there are torture, violations of freedom of expression, or surveillance or harassment of journalists in El Salvador. There is no evidence.”
The Regional Human Rights Monitoring Team in Central America, composed of six civil society organizations, issued a statement on July 18th, including the situation in El Salvador, highlighting “serious setbacks” in the quality of democracy, the weakening of the rule of law, freedom of expression, and religious freedom.
The report denounces the establishment of “a narrative of hatred and discredit promoted by rulers and officials against critical voices such as defenders, journalists, community leaders, among others.” This situation has been systematically developing in El Salvador and Nicaragua, they added.
Furthermore, the report calls on Central American states to plan and implement comprehensive public policies based on respect and dignity for individuals. They are urged to repeal measures that restrict or eliminate people’s rights.
Social organizations in the country mentioned that over 71,479 people have been detained under the state of exception since its implementation in March 2022. They also highlighted the forced displacement of human rights defenders.
According to the Anti-Corruption Legal Counseling Center of El Salvador (ALAC), 5,548 habeas corpus petitions have been filed with the Supreme Court of Justice (CSJ), of which 4,951 (89%) remain unresolved.
Piden a CIDH incorporar a El Salvador en lista negra de derechos humanos
El Capítulo IV.B es una sección del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se detallan países en situaciones y amenazas para los derechos humanos, especialmente preocupantes y que requieren atención especial por parte del órgano internacional y los estados miembros.
Y es en ella donde organizaciones civiles pidieron que El Salvador sea incluido, según dieron a conocer en la audiencia realizada el viernes 14 de julio, donde hubo representantes del Estado salvadoreño. El informe será presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y en esta “lista negra” ya se encuentran países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y, recientemente, Guatemala.
De acuerdo con Leonor Arteaga, directora del Programa de Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés), la solicitud ante la CIDH es debido a las violaciones que se han documentado en el marco del régimen de excepción, como detenciones arbitrarias, torturas y muertes.
“Se detallan situaciones, amenazas para los derechos humanos, lo cual es preocupante en la región y que requiere atención de la CIDH y la OEA. Estas situaciones deben cumplir con los requisitos del artículo 59.6 del reglamento de la CIDH”, explicó Arteaga.
“La razón por la cual solicitamos que El Salvador sea incluido es porque consideramos que hay una crisis de institucionalidad democrática que se sigue profundizando y que tiene sus raíces en el control y la injerencia del Poder Ejecutivo en las otras ramas de los otros poderes, lo que ha derivado en la ausencia del estado de derecho y una situación generalizada de violaciones derivadas en la vigencia del estado de excepción”, expuso.
Arteaga mencionó que de incluirse a El Salvador en el capítulo IV.B del informe anual de la CIDH, se abre la puerta a que la OEA pueda aplicar la carta democrática, y se consideraría que el país “no es un estado democrático”. No obstante, destacó que más que sanciones, podría acarrear “sanciones morales y una vergüenza internacional, porque eso significa que El Salvador sería un país donde el poder de turno no es legítimo. Tiene un impacto mediático y político”.
Por su parte, Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la organización Cristosal, mencionó que la petición es para posicionar al país en una lista donde hay vulneraciones a los derechos humanos.
“En la petición que hicimos las organizaciones se ha solicitado que se incorpore a El Salvador en el capítulo IV.B. Aquí se identifican a los países que tienen mayores y más violaciones a derechos humanos. Nicaragua y Venezuela están en este capítulo y se ha pedido eso. Hay que ver qué grado toma la CIDH, pero consideramos que debe incluirse al país en ese rango”, mencionó Ábrego.
En la audiencia realizada el viernes 14 de julio, los representantes del estado salvadoreño negaron las vulneraciones y destacaron la reducción de homicidios y violencia en el país. El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, el colombiano Andrés Guzmán, mencionó: “Hago un rechazo general y claro al hecho que en El Salvador existen torturas, violación a la libertad de expresión y seguimiento o acoso a periodistas. No se ha evidenciado”.
Vulneraciones
El Equipo Regional de Monitoreo de Derechos Humanos en Centroamérica, compuesto por seis organizaciones de la sociedad civil, emitió este martes 18 de julio un pronunciamiento en el que se incluye la situación en El Salvador, destacando “graves retrocesos” en la calidad de la democracia, debilitamiento del estado de derecho, libertad de expresión y libertad religiosa.
“En El Salvador y Guatemala es una constante el hostigamiento a la prensa independiente, así como el acoso sistemático a periodistas por parte de instituciones estatales. Ejemplo de ello es la detención arbitraria del periodista salvadoreño Víctor Barahona, en julio de 2022, quien pasó un año en prisión sin haber cometido delito alguno”, menciona el reporte sobre la vulneración de derechos.
En el informe se denuncia la instalación de “una narrativa de odio y descrédito promovida por los gobernantes y funcionarios en contra de voces críticas como lo son defensores, periodistas, dirigentes comunitarios, entre otros”. Esta situación se ha desarrollado de manera sistemática en El Salvador y Nicaragua, agregaron.
Además, el informe hace un llamado a los estados centroamericanos para la planeación y ejecución de políticas públicas integrales que tengan como base fundamental el respeto y la dignidad de las personas. En ese sentido, “se les insta a derogar medidas que restrinjan o eliminen los derechos de la población”.
Las organizaciones sociales en el país mencionaron que más de 71,479 personas han sido detenidas en el marco del régimen de excepción desde su implementación en marzo de 2022. Además, señalaron el desplazamiento forzado de defensores de derechos humanos .
De acuerdo con el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), se han interpuesto 5,548 habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de las cuales 4,951 (el 89 %) están en calidad de “irresoluto”.