Transparency and auditing experts agree that the Court of Accounts of the Republic (CCR) has not fulfilled its role in auditing and controlling public spending on important issues for the citizens, such as the government’s investment in Bitcoin and the Chivo Wallet.
The most recent fiscal transparency report from the Office of Economic and Commercial Affairs of the United States Department of State indicated that the current Court of Accounts has not complied with “international independence standards,” a view also shared by experts consulted by LA PRENSA GRÁFICA.
Ruth Eleonora López, Director of Anti-Corruption and Justice at Cristosal, stated that the current work of the Court “does not respond to the interests of the citizens, but to the interests of the power exercised from the Executive Branch, as it has been since the 1930s.”
“The Court of Accounts is not responding to the interests of the citizens, but is responding to the interests of the power exercised from the Executive Branch, as it has been since the 1930s.”
Ruth Eleonora López, Anti-Corruption Lawyer at Cristosal
The lawyer cited the unconstitutionality 116-2017 as an example, which states that it is up to the CCR “to control public spending and detect deviations, concealments, inefficiencies, or embezzlements, to be punished or corrected,” whether in accounts or criminal matters. According to López, something has not been done so far in six national interest cases; among them, three presented by Cristosal.
The first dates back to September 2021, when Cristosal asked the CCR to investigate FideBitcoin, a $150 million trust, and FirEmpresa, another $600 million trust. The request was made due to the lack of transparency in using these funds and not knowing how Nayib Bukele’s government purchased cryptocurrencies.
They also requested the investigation of the resources used in the construction of booths, ATMs and the application of the Chivo electronic wallet.
In response to the lack of response from the Court, Cristosal filed a claim before the Constitutional Court and presented the case to the Inter-American Commission on Human Rights (CIDH) to initiate a case against the Salvadoran State for not protecting citizens who were victims of the Chivo Wallet and received no response to their protective filing.
Another case in which the CCR declared “the petition to audit” as “inadmissible” was the espionage of more than 30 journalists with the Pegasus malware. Cristosal asked for an investigation into whether public funds were used to purchase the program, but the Court did not. Therefore, the organization filed a lawsuit against the Court’s three judges before the Contentious Court, but this court declared the claim inadmissible.
One of the cases that sparked criticism was when the Third Chamber of First Instance of the CCR, in the trial of accounts against the Minister of Finance Alejandro Zelaya, acquitted the official for not transferring FODES funds to several municipalities. The Chamber said that the minister had acted with “constitutional validity” and gave up sanctioning him.
“The Court has the powers and the necessary tools, but unfortunately, after May 1, 2021 (with the new Legislative Assembly), the Court has shut down.”
Wilson Sandoval, Coordinator of ALAC-FUNDE.
The CCR also acquitted former president Salvador Sánchez Cerén and the former director of the StateIntelligence Agency (OIE), Édgar Lizama, after they had been pointed out for five cases of patrimonial responsibility amounting to $27 million.
Wilson Sandoval, coordinator of the Anti-Corruption Legal Advice Center (ALAC) at Funde, believes that the US report determines that the Executive has limited access to certain budgets, which, in some way, has prevented their audit. However, he believes the CCR is not committed to auditing public funds.
“It would be important for the judges of the Court to reconsider what was said by the State Department, and they should try to boost the constitutional powers that the institution has. They have the powers and the necessary tools, but unfortunately, after May 1, 2021, the Court has shut down. They should regain the protagonism they had during the pandemic,” he asserted.
Los grandes casos bajo las sombras de la Corte de Cuentas en El Salvador
Expertos en transparencia y fiscalización concuerdan en que la Corte de Cuentas de la República (CCR) no ha cumplido con su labor cuando se trata de auditar y ejercer control sobre el gasto público en temas de importancia para la ciudadanía, como la inversión en bitcóin por parte del Gobierno y en la Chivo Wallet.
El más reciente informe de transparencia fiscal de la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la actual Corte de Cuentas no ha cumplido con los “estándares internacionales de independencia”, lo cual también opinan los expertos consultados por LA PRENSA GRÁFICA.
Ruth Eleonora López, directora de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, manifestó que el actual trabajo de la Corte “no responde a los intereses de la ciudadanía, sino a los intereses del poder ejercido desde el Órgano Ejecutivo, como ha sido desde la década de los años 30”.
“La Corte de Cuentas no está respondiendo a los intereses de la ciudadanía, sino que está respondiendo a los intereses del poder ejercido desde el Órgano Ejecutivo, como desde los años 30”.
Ruth Eleonora López, abogada Anticorrupción De Cristosal
La abogada citó como ejemplo la inconstitucionalidad 116-2017, la cual dicta que le corresponde a la CCR “el control del gasto público y la detección de desviaciones, ocultamientos, ineficiencias o malversaciones, con el objeto de ser castigadas o corregidas”, ya sean estas en materia de cuentas o penal. Algo que, según López, no se ha realizado, hasta el momento , en seis casos de interés nacional; entre ellos, tres que ha presentado Cristosal.
El primero data de septiembre de 2021, cuando Cristosal pidió a la CCR que investigara el FideBitcoin, un fideicomiso de $150 millones, y FirEmpresa, otro fideicomiso de $600 millones. La solicitud se hizo por la falta de transparencia en el uso de estos fondos, además de no conocerse cómo fue la compra de los criptoactivos por parte del gobierno de Nayib Bukele.
También pidieron la investigación de los recursos utilizados en la construcción de cabinas, cajeros y la aplicación de la billetera electrónica Chivo.
Ante la falta de respuesta por parte de la Corte, Cristosal demandó ante la Sala de lo Constitucional y presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que iniciara un caso contra el Estado salvadoreño por no proteger a los ciudadanos que fueron víctimas de la Chivo Wallet y que no obtuvieron respuesta ante el amparo presentado.
Otro de los casos en los que la CCR declaró “improcedente la petición” de auditar fue el de espionaje a más de 30 periodistas con el malware Pegasus. Cristosal pidió que se investigara si se utilizaron fondos públicos para comprar el programa, pero la Corte no lo hizo. Por ello, la organización demandó ante la Sala de lo Contencioso a los tres magistrados de la Corte, pero esta declaró improcedente la demanda.
Uno de los casos que generó críticas fue cuando la Cámara Tercera de Primera Instancia de la CCR, en el juicio de cuentas contra el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, absolvió al funcionario por no transferir los fondos del FODES a varias alcaldías. La Cámara dijo que el ministro había actuado con “validez constitucional” y desistió de sancionarlo.
“La Corte tiene las atribuciones y las herramientas necesarias, pero lamentablemente después del 1 de mayo de 2021 (con la nueva Asamblea Legislativa) la Corte se apagó”.
Wilson Sandoval, coordinador Del ALAC-FUNDE.
La CCR también absolvió al expresidente Salvador Sánchez Cerén y al exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Édgar Lizama, luego de haber sido señalados por cinco reparos de responsabilidad patrimonial por una suma de $27 millones.
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de Funde, considera que el informe estadounidense es claro en determinar que el Ejecutivo ha limitado el acceso a ciertos presupuestos y esto en cierta manera ha evitado su fiscalización. Sin embargo, cree que no hay un compromiso de la CCR en fiscalizar los fondos públicos.
“Sería importante que los magistrados de la Corte pudieran retomar lo dicho por el Departamento de Estado y deberían tratar de impulsar las atribuciones constitucionales que tiene la institución. Tienen las atribuciones y las herramientas necesarias, pero lamentablemente, después del 1 de mayo de 2021, la Corte se apagó. Deberían retomar el protagonismo que tuvieron durante la pandemia”, aseveró.