Members of the Legislative Assembly approved on June 20 a series of reforms to the law that led to the creation of the National Electric Transmission Entity (ENTE). This institution replaced the Electric Transmission Company of El Salvador (ETESAL) functions last February.
In this sense, one of the reforms lawmakers apply is to allow the entity to bypass even more controls and accountability, thereby removing the requirement regulated in the Public Procurement Law regarding hiring or acquisitions with public funds.
“It is exempt from the application of the Public Procurement Law, only and exclusively when acquisition and contracting processes (…) use public funds and provided that the ENTE companies execute these,” the modification to Article 14 of the law approved by the members of the legislature states.
Since the entity was approved, various analysts, economists, and lawyers questioned the new institution’s role, which has the power to create companies with state funds without being accountable.
However, with the new modification, its powers go beyond, and, as economist Rafael Lemus explains, ENTE will now be able to issue debt, place securities, or take longer-term contracts without being overseen by institutions like the Court of Auditors.
This is because ENTE has been constituted as a corporation (S.A.), something that makes it a company that, despite being founded with public funds and can receive these funds for projects, cannot be audited or does not need to be accountable, something that goes hand in hand with practices of opacity already consolidated in this government.
This company, Lemus points out, is similar to the case of LaGeo, meaning that “they are corporations constituted with public funds that are beyond the control of spending, something that is contrary to transparency, accountability and is prone to facilitating corruption.”
A similar opinion is held by fellow economist Ricardo Castaneda, who points out that this decision to leave the entity outside the controls of the Public Procurement Law “comes to confirm that practically in this government,they insist on practicing a policy of opacity” since the institution joins others that already have these types of mechanisms.
An example is the Municipal Works Directorate (DOM), which also has the power to make purchases and contracts without the proper tenders, something that can lead to the acquisition of goods and services at an overprice or the facilitation of contracts to people close to the government and with conflicts of interest.
Therefore, Castaneda emphasizes that these practices have become “the norm and not the exception,” as there have already been many occasions when legislature members have approved this type of action so that the government, or dependent companies, bypass the transparency mechanisms in public procurement processes.
“To the extent that the legal, institutional framework is not respected, all this generates less transparency and more opacity, and usually this formula results in possible cases of corruption,” Castaneda argues.
This opacity is described by Lemus as a “black box,” as because the entity has been constituted as a private company, “there is no way to know what it buys, what it sells, how much is the income, etc. (…) They can do whatever they want and the owners of these public funds, who are all taxpayers, will not notice,” he points out.
The creation mechanism of ENTE is similar to the origin of the company Chivo, S.A. de C.V., which was created after the Bitcoin Law was approved in the country in 2021 and under which the Chivo Wallet platform was created, intended to function as a means for transactions with that cryptocurrency in the country.
ETESAL is one of the companies of the CEL Group that, together with the Ahuachapán Electric Light Company (CLEA, S.A. de C.V.), are behind the formation of the Chivo company, which in turn does not account for its operating expenses.
According to the data published by President Nayib Bukele, Chivo delivered up to $120 million in bonuses to users who registered on the application; however, this figure and other public fund expenses cannot be verified as it is outside control and audit mechanisms.
Some of the changes in the law
In addition to the exemption from bidding processes framed in the Public Procurement Law, the modification also grants ENTE all the shares free of charge of the Cucumacayán Electric Company, so this company will not need concessions to exploit the water resource. In this way, ENTE will focus on power transmission and participate in power generation through this company that operates in the West.
Reformas al Ente Nacional de Transmisión Eléctrica propician corrupción en el gobierno, señalan economistas
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el pasado 20 de junio una serie de reformas a la ley que dio paso a la creación del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE), una institución que vino a sustituir, desde febrero pasado, las funciones de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL).
En este sentido, una de las reformas que aplicaron los legisladores es la de permitir que ese ente pueda saltarse aún más los controles y la rendición de cuentas, y de esa manera no tenga como requisito lo regulado en la Ley de Compras Públicas cuando se trate de contrataciones o adquisiciones con fondos públicos.
“Se excluye de aplicación de la Ley de Compras Públicas, única y exclusivamente cuando sean procesos de adquisición y contratación (…), se utilicen fondos públicos y siempre que estos sean ejecutados por las empresas del ENTE”, señala la modificación al Art. 14 de esa ley que aprobaron los diputados.
Desde el momento en el que se aprobó la creación de la entidad, distintos analistas, tanto económicos como abogados, cuestionaron el papel de la nueva institución, la cual tiene facultades como crear sociedades con fondos del Estado sin rendir cuentas.
Sin embargo, ya con la nueva modificación, sus facultades van más allá y, según explica el economista Rafael Lemus, ENTE podrá ahora emitir deuda, colocar títulos valores o tomar contratos a más largo plazo, esto sin ser supervisado por instituciones como la Corte de Cuentas.
Lo anterior debido a que ENTE ha sido constituida como una sociedad anónima (S.A.), algo que la convierte en una empresa que, pese a que ha sido fundada a partir de fondos públicos y podrá recibir estos fondos para realizar proyectos, no puede ser auditada o no necesita rendir cuentas, algo que va de la mano con prácticas de opacidad ya consolidadas en este gobierno.
Esta empresa, apunta Lemus, es similar al caso de LaGeo, es decir, que “son sociedades anónimas constituidas con fondos públicos que quedan fuera del control del gasto, algo que va en contra de la transparencia, de la rendición de cuentas y es proclive a facilitar la corrupción”.
Similar opinión tiene el también economista Ricardo Castaneda, quien apunta que esta decisión de dejar al ente fuera de los controles de la Ley de Compras Públicas, “viene a confirmar que prácticamente en este gobierno insisten en practicar una política de opacidad”, debido a que la institución se suma a otras que ya cuentan con este tipo de mecanismos.
Un ejemplo de ello es la Dirección de Obras Municipales (DOM), la cual también tiene la facultad de realizar compras y contrataciones sin las debidas licitaciones, algo que puede prestarse a la adquisición de bienes y servicios a sobreprecio o a la facilitación de contratos a personas cercanas al gobierno y con conflictos de intereses.
Por ello, Castaneda subraya que estas prácticas se han convertido en “en la norma y no en la excepción”, pues ya son muchas las ocasiones en las que los diputados han dado aval a este tipo de acciones para que el gobierno, o empresas dependientes, se salten los mecanismos de transparencia en los procesos de compras públicas.
“En la medida en que no se respeta el marco legal institucional todo esto genera menos transparencia y más opacidad, y usualmente esta fórmula suele dar como resultado posibles casos de corrupción”, sostiene Castaneda.
Esta opacidad es denominada por Lemus como una “caja negra”, pues debido a que la entidad ha sido constituida como una empresa privada, “no hay forma de saber qué compra, qué vende, cuánto es el ingreso, etc. (…) Pueden hacer lo que quieran y no se darán cuenta los dueños de esos fondos públicos que son todos los contribuyentes”, señala.
El mecanismo de creación de ENTE es similar al origen de la empresa Chivo, S.A. de C.V., la cual fue creada luego de que se aprobó la Ley Bitcoin en el país en 2021, y bajo la cual se creó la plataforma Chivo Wallet, destinada funcionar como medio para transacciones con ese criptoactivo en el país.
De hecho, ETESAL es una de las empresas del Grupo CEL que, junto con la Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán (CLEA, S.A. de C.V.), están tras la formación de la empresa Chivo, la cual a su vez no rinde cuentas acerca de sus gastos de funcionamiento.
Según los pocos datos que ha publicado el presidente Nayib Bukele, Chivo entregó hasta $120 millones en bonos a los usuarios que se registraron en la aplicación, sin embargo, esa cifra y los demás gastos de fondos públicos no pueden verificarse debido a que está fuera de los mecanismos de control y auditoría.
Algunos de los cambios en la ley
Además de la exoneración de los procesos de licitación enmarcados en la Ley de Compras Públicas, la modificación también le otorga a ENTE la totalidad de las acciones a título gratuito de la Compañía Eléctrica Cucumacayán, por lo que esta empresa no necesitará concesiones para la explotación del recurso hídrico. De esta manera, el ENTE no solo se centrará en la transmisión de energía sino que también participará en la generación eléctrica a través de esa empresa que opera en occidente.