Judicial experts have warned that the reduction of municipalities recently approved by the Legislative Assembly, which will take effect on May 1, 2024, could suppress some Justice of the Peace Courts that exist nationwide.
This, even though the advisor to the Supreme Court of Justice (SCJ), Jorge Meléndez, told deputies on June 9 that there would be no change concerning the courts as they respond to a territorial location. On that occasion, he mentioned that the Court’s issue is “vital and important,” but his participation did not exceed 17 minutes.
“There is no variation as such. The courts respond to a territorial location and proximity to the population; this will now be the case with districts; there may be a modification and reform in terms of naming probably,” commented the advisor to the presidency of the Court to the deputies of the political commission of the Assembly.
However, a magistrate of the Court, who asked for anonymity for fear of reprisals, mentioned that the organization and functioning of the judicial body are legally structured and that the Judicial Organic Law should regulate this situation.
“Such configuration must be in harmony with the territorial division; it is not a topic that should be handled so simplistically as the representative of the Court has referred to everything remaining the same,” the source said.
In the medium term, he added that this issue would consequently suppress some judicial headquarters. “In the future, it will lead to the suppression of many courts and the dismissal of many people, but they are not saying this at the moment because the issue of suppressing municipalities is electoral and does not respond to a serious, comprehensive study aimed at the financial effectiveness of the State. I believe that what is coming for the judicial body is the concentration of tribunals in the departments and some districts with a higher population index; therefore, peace courts will disappear from many places within the country,” the magistrate indicated.
On his part, criminal lawyer Elías Ramírez mentioned that the Judicial Organic Law recognizes the territorial division of the courts by municipalities and not districts and that before approving the reduction of municipalities, the law in judicial matters had to be reformed, as it is this law that establishes the jurisdiction and competence of each judicial headquarters.
“The law establishes the competence and jurisdiction of the courts; practically the entire law recognizes the municipalities, so there would be a gap before the municipalities become districts. The person representing the Court cannot come and say that there was no variation as such and that the courts respond to proximity to the population,” Ramirez assured.
On his part, criminal lawyer Otto Flores said that at the time of creating the new law on reducing municipalities, what was proposed in the Judicial Organic Law was not considered. One of the aspects mentioned in this norm is found in Article 22, which establishes that the Court will determine the number of Justice of the Peace judges in all municipalities. Flores considers that this distribution of Peace Courts for each municipality could cause reform to the law and the change made to establish that there will be a court for each district; or that these headquarters will be reduced.
“To further reduce expenditure on the part of the State, there may be a reduction of Justice of the Peace Courts, and some judicial employees may have to be relocated and those who can be dismissed, mainly those not protected by wage laws,” warned Flores.
“That could be a situation; the problem is that it leaves something in limbo. Hopefully, the unions of the Supreme Court of Justice will assert the rights of all members because it seems that the State also wants to somehow reduce public spending due to it being heavily in debt,” added the criminal lawyer.
In addition, Ramirez assured that Article 3 of the Special Law for Municipal Restructuring is unconstitutional. The Executive’s initiative establishes in the mentioned article that “judicial or administrative processes as of May 1, 2024, in which a municipality incorporated as a district in a new municipality may have an interest, will be the responsibility of the latter, who may be sued as a passive subject, or sued as an active subject”.
“The article is unconstitutional. They (the executive) cannot come to put aspects that cite an article that has nothing to do with it. They cannot come to establish the competencies of the jurisdiction of the courts because that is exclusively a legislative initiative of the Court,” explained the criminal lawyer.
LA PRENSA GRÁFICA consulted the president of the CSJ, Óscar Alberto López Jerez, about these changes, but as of the closing of this note, he has not responded.
Reducción de municipios traería supresión de juzgados
Expertos en materia judicial han advertido que la reducción de municipios aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa y que entrará en vigencia el próximo 1 de mayo de 2024, puede traer consigo la supresión de algunos Juzgados de Paz que existen a nivel nacional.
Esto, a pesar que el asesor de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Meléndez, dijo ante los diputados el pasado 9 de junio que no existiría ninguna variación con respecto a los juzgados, ya que estos responden a una ubicación territorial. En esa ocasión mencionó que el tema de la Corte es “vital e importante” pero su participación no sobrepasó los 17 minutos.
“No hay ninguna variación como tal. Los juzgados responden a una ubicación territorial y a una cercanía con la población, esto se dará ahora con los distritos, que pudiera haber una modificación y reforma en cuanto a la denominación probablemente”, comentó el asesor de la presidencia de la Corte a los diputados de la comisión política de la Asamblea.
Sin embargo, un magistrado de la Corte, que pidió el anonimato por temor a represalias, mencionó que el tema de la organización y funcionamiento del órgano judicial es de configuración legal y que es la Ley Orgánica Judicial la que debe regular esa situación.
“Dicha configuración debe estar en armonía con la división territorial, no es un tema que debe manejarse de forma tan simplista como ha referido el representante de la Corte que todo seguirá igual”, señaló la fuente.
Añadió que este tema a mediano plazo traerá consecuentemente la supresión de algunas sedes judiciales. “En el futuro traerá la supresión de muchos juzgados y el despido de mucha gente, pero eso no lo dicen en este momento, porque el tema de la supresión de municipios es de naturaleza electoral y no responde a un estudio serio, integral y orientado a la efectividad financiera del Estado. Creo que lo que viene para el órgano judicial es concentración de tribunales en los departamentos y en algunos distritos de mayor índice poblacional, por tanto desaparecerán juzgados de paz de muchos lugares del interior del país”, indicó el magistrado.
Por su parte, el abogado penalista Elías Ramírez mencionó que la Ley Orgánica Judicial reconoce a la división territorial de los juzgados por municipios y no distritos y que antes de aprobar la reducción de los municipios se tuvo que reformar la ley en materia judicial, ya que es esta la que establece la jurisdicción y competencia de cada sede judicial.
“La ley establece la competencia y la jurisdicción de los juzgados, prácticamente en toda la ley se reconocen a los municipios, entonces quedaría un vacío de ahora en adelante que pasen los municipios a llamarse distritos. No puede venir a decir la persona representante de la Corte que no había ninguna variación como tal, y que los juzgados responden una cercanía con la población”, aseguró Ramírez.
Por su parte, el abogado penalista Otto Flores, dijo que al momento de crear la nueva ley sobre la reducción de municipios no tomaron en cuenta lo planteado en la Ley Orgánica Judicial. Uno de los aspectos que menciona esta normativa se encuentra en el artículo 22, en la que establecen que en todos los municipios habrá el número de jueces de Paz que determine la Corte. Flores considera que al existir esa repartición de juzgados de Paz por cada municipio, esto podría ocasionar que se haga una reforma a la ley y que hagan el cambio y establezcan que habrá un juzgado por cada distrito; o que exista una reducción de estas sedes.
“Con la intención de reducir mucho más el gasto por parte del Estado puede que haya una reducción de Juzgados de Paz, y se tenga que reubicar a algunos empleados judiciales y despedir a los que se puedan despedir, principalmente los que no están protegidos por las leyes de salarios”, advirtió Flores.
“Eso puede ser una situación, el problema es que queda algo en el limbo. Ojalá que los sindicatos de la Corte Suprema de Justicia hagan valer los derechos de todos los afiliados, porque al parecer el Estado también quiere aprovechar de alguna manera reducir el gasto público debido a que se encuentra demasiado endeudado”, agregó el penalista.
Además, Ramírez aseguró que el artículo 3 de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal es inconstitucional. La iniciativa del Ejecutivo establece en el referido artículo que “los procesos judiciales o administrativos a partir del primero de mayo de 2024, en los que tuviere o pudiera tener interés un municipio incorporado como distrito en un nuevo municipio, será responsabilidad de este último, quien podrá ser demandado como sujeto pasivo, o demandar como sujeto activo”.
“El artículo es inconstitucional ellos (el ejecutivo) no pueden venir a poner aspectos que por sí están citando un artículo que no tiene nada que ver. Ellos no pueden venir a establecer las competencias de la jurisdicción ni de los juzgados, porque esa es exclusivamente iniciativa de ley de la Corte”, explicó el abogado penalista.
LA PRENSA GRÁFICA consultó al presidente de la CSJ, Óscar Alberto López Jerez sobre estos cambios, pero hasta el cierre de esta nota no respondió.