The International Police (Interpol) has refused to comply with requests from Salvadoran authorities to locate former President Cristiani because it considers the case politically motivated.
This was revealed by the Attorney General, Rodolfo Delgado, during a television interview.
Delgado stated that they had asked the International Police (Interpol) for help in locating former president Alfredo Cristiani but was informed that “they will not proceed because it is a political case.”
Recently, the government seized his assets (residences, vehicles), bank accounts, and a pharmacy.
At the start of the raids, the prosecutor accused Cristiani of enriching himself while in office (1989-1994). However, he did not show any document or court order that supported that a formal process was being followed against him for this reason or that justified these actions.
Cristiani is also accused of participating in the planning of the murder of six Jesuit priests and two of their collaborators. This event occurred on November 16, 1989, during the guerrilla offensive.
The Prosecutor’s Office recently reiterated the charges against the former president and seven others, including several military personnel.
The official said that Cristiani would be renouncing his right to defense by not being present.
The former ruler has previously stated that he would “never have authorized harm to Father Ellacuría and his brothers.”
“They never informed me or asked for my authorization because they knew I would never have authorized harm to Father Ellacuría or his brothers. There was also no cover-up on my part…,” he emphasized in a statement issued the previous year.
“The Attorney General, Rodolfo Delgado, imposed by the current government, has moved from defamation and media political harassment to judicial persecution full of irregularities, in his eagerness to discredit and destroy democracy and the legacy of the Peace Agreements… In bad faith and with clear contempt for the truth, the Attorney General has publicly accused me of omission and cover-up,” he says.
Interpol no colaborará para localizar a Alfredo Cristiani por considerar que “es un caso político”
La Policía Internacional (Interpol) se ha negado a cumplir las peticiones de las autoridades salvadoreñas para localizar al expresidente Cristiani porque considera que el caso tiene motivaciones políticas.
Así lo reveló el fiscal general, Rodolfo Delgado, durante una entrevista por televisión.
Delgado manifestó que han solicitado ayuda a la Policía Internacional (Interpol) para la localización del expresidente Alfredo Cristiani, pero les informaron que “no procederán por tratarse de un caso político”.
En las últimas semanas, el gobierno ha tomado posesión de sus bienes (residencias, vehículos), así como cuentas bancarias y una droguería.
Al iniciarse los allanamientos, el fiscal acusó a Cristiani de enriquecerse mientras estuvo en el cargo (1989-1994). Sin embargo, no mostró ningún documento u orden judicial que fundamentara que se sigue un proceso formal contra él por ese motivo ni que avalara esas diligencias.
Cristiani es acusado además de participar en la planificación de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989 durante la ofensiva guerrillera.
Recientemente, la Fiscalía reiteró la acusación contra el expresidente y siete personas más, entre ellos varios militares.
El funcionario dijo que al no estar presente Cristiani, estaría renunciando al derecho a la defensa.
Por su parte, el exgobernante ha dicho anteriormente que “jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría y a sus hermanos”.
“Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos. Tampoco hubo encubrimiento de mi parte…”, enfatizó en un comunicado emitido el año anterior.
“El fiscal general, Rodolfo Delgado, impuesto por el actual gobierno ha pasado de la difamación y el acoso político mediático a una persecución judicial viciada de irregularidades, en su empeño por desacreditar y destruir la democracia y el legado de los Acuerdos de Paz… El fiscal general, de mala fe y con claro desprecio a la verdad, me ha acusado públicamente de omisión y de encubrimiento”, dice.