The government of Nayib Bukele has intensified its persecution of journalists. This Tuesday, the director of the Salvadoran police, Mauricio Arriaza Chicas, announced that the reporters who reported and investigated the secret negotiations between the government of then-president Mauricio Funes and the gangs, which terrorized the Central American country, will face legal proceedings. The so-called “truce” was agreed in 2012 and allowed a reduction in violence rates in El Salvador then. “Those political leaders, like some journalists who were also involved in this [truce], will be brought to justice and subject to criminal prosecution at any time,” Arriaza has warned. “They will have to answer for those actions in which they glorified crime and induced aggravating circumstances that affected the Salvadoran people,” the officer said.
In late May, Salvadoran justice sentenced former president Funes to 14 years in prison for negotiating the so-called truce with the gangs during his term (2009–2014). Funes sought refuge in Nicaragua in 2016, where he has the protection of Daniel Ortega, who has granted him Nicaraguan citizenship. Alongside the former president, David Munguía Payés, former Minister of Justice and Security, has also been sentenced to 18 years in prison. “The former officials allowed the gangs to strengthen economically and territorially in exchange for reducing the homicide rate between 2011 and 2013, to benefit the government in power and favor it in the elections,” the prosecution said in its indictment.
Uncovering the negotiations between the Government and the gangs caused a political scandal in El Salvador, a country mired in brutal violence. The leaks put the Funes administration on the ropes when corruption scandals involving the president were also coming to light. The digital media outlet El Faro was among the first to report the negotiations, becoming the focus of government criticism. “The police director announces they will go after journalists who covered the truce. This country would not have known the truce without journalism, nor the multiple subsequent pacts, including that of the Bukele Government. This is outrageous!” Oscar Martínez, editor-in-chief of El Faro, wrote on Twitter.
Arriaza assured this Tuesday on a television program that Salvadoran justice will take action against politicians and reporters who covered those negotiations. Although the official did not name reporters, he warned that “they are in the spotlight.” This is a new assault by the Bukele regime against the independent press of El Salvador. The president has focused his criticism on media like El Faro, which has revealed negotiations between the current government and the gangs. Due to the persecution against them, the newspaper’s staff decided to move its administrative operations to Costa Rica. “Our newsroom will continue in San Salvador,and we will continue to do journalism in El Salvador. But our administrative and legal operations will not. Now we are a Central American newspaper based in San José. This is the culmination of a process we began a few months ago due to the lack of conditions to continue operating in El Salvador,” El Faro reported in mid-April.
Arriaza’s announcement comes at a time when Bukele has launched a brutal war against the gangs, resulting in 68,000 people being arrested. For a year now, Bukele has imposed a state of exception that has been heavily criticized by human rights organizations, which have stated that the human rights of the detainees have been violated.
El director de la policía de El Salvador amenaza con encarcelar a los periodistas que cubrieron la tregua entre el Gobierno y las pandillas
El Gobierno de Nayib Bukele ha recrudecido su persecución contra los periodistas. Este martes el director de la policía salvadoreña, Mauricio Arriaza Chicas, ha informado que serán procesados judicialmente los reporteros que denunciaron e investigaron las negociaciones secretas entre el Gobierno del entonces presidente Mauricio Funes y las maras, las pandillas que sembraron el terror en el país centroamericano, donde controlaban amplios territorios. La llamada “tregua” se pactó en 2012 y permitió reducir los índices de violencia en ese momento en El Salvador. “Aquellos líderes políticos, como algunos periodistas que también estuvieron en eso [tregua] los encargados de la justicia y de la política de persecución penal en cualquier momento los van a mostrar a nivel judicial“, ha advertido Arriaza. “Van a tener que responder en esas actuaciones en las cuales hicieron apología del delito e indujeron para que las cosas o las circunstancias agravantes afectarán al pueblo salvadoreño”, ha dicho el oficial.
La justicia salvadoreña condenó a finales de mayo a 14 años de cárcel al expresidente Funes por haber negociado la llamada tregua con las pandillas durante su mandato (2009–2014). Funes buscó refugio en Nicaragua en 2016, donde cuenta con la protección de Daniel Ortega, quien le ha concedido la nacionalidad nicaragüense. Junto al exmandatario también ha sido condenado a 18 años de prisión David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad. “Los exfuncionarios permitieron que las pandillas se fortalecieran económicamente y en territorio, a cambio de reducir el índice de homicidios entre el 2011 y 2013, para beneficiar al Gobierno en turno y favorecerlo en las elecciones”, afirmó la fiscalía en su acusación.
El destape de las negociaciones entre el Gobierno y las pandillas generó un escándalo político en El Salvador, un país sumido en una brutal violencia. Las filtraciones pusieron entre las cuerdas al Ejecutivo de Funes, en momentos cuando se conocían también escándalos de corrupción que involucraban al presidente. Fue el medio digital El Faro uno de los primeros en denunciar las negociaciones, convirtiéndose en el foco de las críticas del Gobierno. “El director de la policía anuncia que irán tras periodistas que cubrieron la tregua. Este país no habría conocido la tregua sin el periodismo, ni tampoco los múltiples pactos posteriores, incluyendo el del Gobierno de Bukele. ¡Esto es escandaloso!”, ha escrito en Twitter el periodista Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro.
Arriaza ha asegurado este martes en un programa de televisión que la justicia salvadoreña emprenderá acciones contra políticos y los reporteros que dieron cobertura a esas negociaciones. Aunque el funcionario no dio nombres de reporteros ha advertido que “se encuentran en la palestra”. Esta es una nueva embestida del régimen de Bukele contra la prensa independiente de El Salvador. El mandatario ha centrado sus críticas contra medios como El Faro, que ha dado a conocer negociaciones entre el actual Gobierno y las pandillas. Debido a la persecución en su contra, la redacción del medio decidió cambiar su operación administrativa a Costa Rica. “Nuestra redacción seguirá en San Salvador y seguiremos haciendo periodismo en El Salvador. Pero nuestra operación administrativa y legal ya no. Ahora somos un periódico centroamericano con sede en San José. Es la culminación de un proceso que emprendimos hace unos meses ante la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador”, informó El Faro a mediados de abril.
El anuncio de Arriaza da en momentos cuando Bukele ha lanzado una cruenta guerra contra las maras, que ha dejado hasta la fecha 68.000 personas detenidas. Bukele ha impuesto desde hace un año un régimen de excepción que ha sido fuertemente criticado por organizaciones de derechos humanos, que han afirmado que se han violentado los derechos humanos de los detenidos.