Public security authorities recorded 336 homicides during the first 12 months of the exceptional regime, not 209 as published by the National Civil Police (PNC) on their Twitter account, which implies an underestimation of 61%.
The inflated figure of homicides is not foreign to the PNC, as it is a product of the daily events recorded by the institution, which are then cross-referenced with the Institute of Legal Medicine (IML) and the Attorney General’s Office (FGR).
LA PRENSA GRÁFICA has had access to one of the files of these institutions. The data shows that the government has a comprehensive record that records more homicides than the government publicly acknowledges.
This newspaper sought the official position of the PNC and the Prosecutor’s Office on the disparity between the public figures and those recorded in the internal report. Still, there has yet to be a response at the close of this note.
The official informative routine is as follows: at the end of the day, the PNC reports on homicide cases in which the victim is an ordinary citizen or a suspected criminal but states that the latter should not be considered murders. The discovery of bone remains and deaths within penal centers are not mentioned. In the following days, some cases are reclassified as homicides in a technical table made up of the PNC, FGR, and IML, and then they are entered into the system, but there is no public correction. A day declared as zero homicides, for example, remains so, even if there is a certainty that there was at least one that day.
The available information shows, moreover, that authorities have enough evidence pointing to several homicides within the penal centers and that there has been excessive use of force in some interventions by police or military. In these cases, there is also official silence.
In the first 12 months of the exceptional regime, the PNC reported 209 homicides and 228 days without homicides through their Twitter account. When including the death of suspected criminals, the number of homicides rises to 295, while the number of days with zero homicides drops to 187. Then, when considering all the cases recorded by the PNC, even those reclassified, the number of homicides rises to 336, while the number of days with zero homicides drops to 172. In relative terms, the number of homicides increases by 41% when adding the suspected criminals killed and reaches 61% more when considering all recorded cases.
The figure on the number of days without homicides also varies. “We closed May 10, 2023, with 0 homicides nationwide. With this, there are 365 days without homicides, a whole year,” President Nayib Bukele wrote on his Twitter account. The president did not clarify how he made his calculation, but according to information from the IML, there were six days without homicides in 2019, 29 in 2020, and 30 in 2021. Then, that institution stopped providing information on this. The information in the hands of the public security authorities shows that in 2022 there were 126 days without homicides, while in 2023, up to May 10, there were 85.
In sum, the number of days without homicides in the current administration is 276, 89 fewer than published. And if we want to see it in the president’s terms, the year without homicides is almost three months short. The number of days with zero homicides does not reach 365, even if only those cases that the PNC considers homicides on their Twitter account are taken as reference. In that case, it reaches 331. As already indicated, it needs to be clarified how the president has made his calculation.
Which homicides count?
The highest public security authorities and the political leaders of the ruling party have publicly explained that, for record purposes, violent deaths in “self-defense” and “legal interventions” should not be considered homicides. And they cite as a reference the global study on homicide by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Homicidios durante el régimen son 61 % más alto que lo divulgado
Las autoridades de seguridad pública registraron durante los primeros 12 meses del régimen de excepción un total 336 homicidios, y no 209, como lo ha publicado la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de Twitter, lo que supone una subestimación del 61 %.
La cifra más abultada de homicidios no es ajena para la PNC, ya que es producto del conjunto de novedades diarias que registra la institución, las cuales son cotejadas luego con el Instituto de Medicina Legal (IML), y la Fiscalía General de la República (FGR).
LA PRENSA GRÁFICA ha tenido acceso a uno de los archivos de estas instituciones. Los datos muestran que en manos del gobierno hay un registro amplio que consigna más homicidios de los que el Gobierno reconoce en público.
Este periódico buscó la postura oficial de la PNC y de la Fiscalía sobre la disparidad de las cifras públicas y la consignada en el informe interno, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
La rutina informativa oficial es así: la PNC informa al final del día sobre los casos de homicidio en el que la víctima es un ciudadano común o un presunto delincuente, pero señala que estos últimos no deben ser considerados como asesinatos. El hallazgo de restos óseos y las muertes al interior de centros penales no son mencionados. En los días posteriores, algunos casos son reclasificados como homicidios en una mesa técnica conformada por la PNC, FGR e IML, y luego son ingresados al sistema, pero no hay una corrección en público. Un día declarado como de cero homicidios, por ejemplo, sigue así, aunque haya la certeza de que ese día hubo al menos uno.
La información disponible muestra, además, que las autoridades tiene en sus manos suficientes indicios que apuntan a que ha habido varios homicidios al interior de los centros penales y que en algunas intervenciones de policías o militares ha habido uso excesivo de la fuerza. En estos casos, también hay silencio oficial.
En los primeros 12 meses del régimen de excepción, la PNC informó a través de su cuenta de Twitter de 209 homicidios y de 228 días sin homicidios. Al incluir la muerte de presuntos delincuentes, la cantidad de homicidios sube a 295, mientras que la cantidad de días con cero homicidios se reduce a 187. Luego, al considerar todos los casos registrados por la PNC, incluso los reclasificados, la cantidad de homicidios sube a 336, mientras que la de días con cero homicidios baja a 172. En términos relativos, la cantidad de homicidios sube 41 % al sumar a los presuntos delincuentes abatidos, y alcanza el 61 % más al considerar todos los casos registrados.
La cifra sobre la cantidad de días sin homicidio también varía. “Cerramos el 10 de mayo de 2023, con 0 homicidios a nivel nacional. Con este, son 365 días sin homicidios, todo un año”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente Nayib Bukele. El presidente no aclaró cómo hizo su cálculo, pero según información del IML, en 2019 hubo 6 días sin homicidios; en 2020 hubo 29 y en 2021 hubo 30. Luego, esa institución dejó de brindar información al respecto. La información en poder de las autoridades de seguridad pública muestra que en 2022 hubo 126 días sin homicidios, mientras que en 2023, hasta el 10 de mayo, sumaban 85.
En suma, la cantidad de días sin homicidios en la presente gestión es de 276, es decir, 89 menos de lo publicado. Y si lo queremos ver en los términos del mandatario al año sin homicidios le faltan casi tres meses. La cantidad de días con cero homicidios no llega a 365, aún si se toma como referencia solo aquellos casos que la PNC considera homicidios en su cuenta de Twitter. En ese caso, se llega a 331. No está claro, como ya se indicó, cómo el presidente ha hecho su cálculo.
¿Qué homicidos cuentan?
Las máximas autoridades de seguridad pública y los líderes políticos del partido oficial han explicado en público que, para efectos de registro, no se deben considerar como homicidios las muertes violentas en “defensa propia”, así como las “intervenciones legales”. Y para ello citan como referente el estudio mundial sobre el homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
“Entre las diversas formas de muerte violenta, el elemento central del homicidio intencional es la responsabilidad total del agresor, que lo diferencia de asesinatos relacionados con conflictos armados y guerra, muerte autoinfligida (suicidio), asesinatos debido a intervenciones legales y homicidios justificables (como la defensa propia), y por muertes causadas por acciones imprudentes o negligentes, que no pretendieron quitar la vida humana (homicidio no intencional)”, se señala en el documento, publicado en 2019.
El experto en el tema de seguridad Carlos Eduardo Argueta está de acuerdo en lo expresado por las autoridades, pero señala: “la PNC no es la institución que debería indicar si un enfrentamiento ocurrió de forma “equilibrada” o si se trató de un uso excesivo de la fuerza. La FGR es la institución que debe realizar la investigación del posible delito, con el apoyo de la IML”.
“Las muertes por legítima defensa siempre son homicidios; en todo caso, la Fiscalía tiene que investigar si no hubo un uso desproporcionado de la fuerza”, señala Zaira Navas, jefa jurídica en seguridad de la organización Cristosal. “Había un procedimiento que realizaba la unidad de control de la PNC para determinar si hubo uso proporcional y racional de la fuerza. La conclusión de la investigación casi siempre determinaba que no había responsabilidad, pero sí hubo casos donde se determinó que hubo ejecuciones extralegales. Lo que vemos ahora es que hay licencia para matar”, agrega.
En ese sentido, la FGR asegura que en 2022 hubo 496 homicidios, de los cuales 429 fueron por “delincuencia en general”, 36 por “intolerancia social” y 31 por “intolerancia familiar. La institución no indica cuántas muertes hubo en “legítima defensa de particulares” o “legítima defensa por autoridades”. Esa información está oculta o ese tipo de casos no ocurre en el país.
Peras con manzanas
El Salvador ha tenido un largo debate interno sobre cuál es la forma más adecuada de registrar los homicidios, en particular entre las instituciones que intervienen en una investigación: IML, FGR y PNC. Y no es el único país donde ha sucedido esto. En 2015, 12 países de la región, incluido El Salvador, desarrollaron la “Conferencia sobre Calidad de Datos de Homicidios en América y El Caribe”, producto de la cual se elaboró el primer protocolo regional de buenas prácticas en materia de recolección y divulgación de datos sobre homicidios, el llamado “Protocolo de Bogotá”.
Este documento define el homicidio como “la muerte de una persona provocada por una agresión intencional. En ese sentido, se excluyen los homicidios no intencionales, los accidentales y las tentativas de homicidio. Están incluidas las muertes por agresión acontecidas en el contexto de guerras internacionales, conflictos internos y disturbios civiles. Además, se consideran las muertes por agresión cometidas por agentes públicos en el ejercicio de su deber profesional, incluso cuando sean legales, así como las muertes acontecidas en el ejercicio de la legítima defensa por parte de cualquier persona.”
“Esta opción maximiza la comparabilidad internacional, es consistente con el objetivo de minimizar las muertes por agresión independientemente de su legalidad y evita la demora que resulta de esperar por la certeza de una decisión judicial”, se indica en el documento final. Y junto a la comparabilidad internacional hay que agregar la relativa con años anteriores.
Los gobiernos anteriores aplicaban la definición más amplia de homicidio, y no la actual. Al evaluar el año 2015, el entonces director de la PNC Howard Cotto dijo que la cifra final de homicidios había sido de 6,657, pero luego indicó que en 2,014 casos la víctima había sido un pandillero, y que en 495 casos, la muerte ocurrió durante el enfrentamiento con agentes de seguridad pública. El registro quedó en 6,657, cifra que este gobierno suele compararse para destacar sus logros.
Los municipios con más homicidios
Los municipios con más homicidios son aquellos que alojan a algún centro penal (Izalco o Ayutuxtepeque) o donde ha habido enfrentamiento entre autoridades y pandilleros (Tacuba o San José Villanueva). En San Miguel, ha habido, además varios casos de delincuencia común.