The repeated extension of the state of exception in El Salvador – in force since March 2022 – is concerning, primarily due to its impact on human rights.
We recognize the complex challenge facing El Salvador in addressing crime and the severe suffering inflicted by the country’s gangs, which for decades have murdered, raped, robbed, and extorted the population.
However, undermining the rule of law and the integrity of the legal system by limiting the rights to a fair trial is not the answer.
At least 68,000 people have been incarcerated in El Salvador since the state of exception came into effect. Of these, at least 1,600 are under 18 years of age.
According to a recent report from a prominent NGO (Cristosal), at least 153 prisoners have died in jail since the state of exception was implemented, nearly half of them violently.
Civil society groups working for human rights and media outlets continue to face risks in an environment of legal insecurity, recurrent attacks, and discreditation. In 2022 civil society organizations it documented 182 alleged assaults against human rights defenders and journalists. On April 14, El Faro, an online news outlet, announced it would relocate its staff from El Salvador to Costa Rica, citing intimidatory tactics and smear campaigns due to its work.
We call on the authorities to lift the state of exception and review the measures they have introduced. We also urge the authorities to investigate all deaths in custody per international standards immediately, hold those responsible to account, and ensure justice and reparations for the victims’ families.
Nota de prensa sobre El Salvador por la vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La reiterada prórroga del estado de excepción en El Salvador -que ya lleva en vigor desde marzo de 2022- es preocupante, sobre todo por las consecuencias que tiene para los derechos humanos de las personas.
Reconocemos el complejo reto al que se enfrenta El Salvador para hacer frente a la delincuencia, así como el grave sufrimiento infligido por las pandillas del país, que durante décadas han asesinado, violado, robado y extorsionado a la población.
Sin embargo, debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal mediante la limitación de los derechos a un juicio justo no es la respuesta.
Al menos 68.000 personas han sido encarceladas en El Salvador desde que entró en vigor el estado de excepción. De ellas, al menos 1.600 son menores de 18 años.
Según un informe reciente de una destacada ONG (Cristosal), al menos 153 reclusos han muerto en prisión desde que se implantó el estado de excepción, casi la mitad de ellos de forma violenta.
Los grupos de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos humanos y los medios de comunicación siguen corriendo riesgos en un entorno de inseguridad jurídica, ataques y desacreditación recurrente. En 2022, las organizaciones de la sociedad civil documentaron 182 presuntas agresiones contra defensores de los derechos humanos y periodistas. El 14 de abril, El Faro, un medio de noticias en línea, anunció que trasladaría a su personal de El Salvador a Costa Rica argumentando haber sufrido tácticas intimidatorias y campañas de desprestigio a causa de su labor.
Pedimos a las autoridades que levanten el estado de excepción y revisen las medidas que han introducido. También pedimos a las autoridades que investiguen de inmediato todas las muertes bajo custodia de acuerdo con las normas internacionales, que hagan rendir cuentas a los responsables y que garanticen justicia y reparación a los familiares de las víctimas.