The UN Human Rights Office today reiterated its concern over the extension, time and again, of the state of emergency in El Salvador, and its consequences on the enjoyment of freedoms and rights of the population, four years into the Government of Nayib Bukele.
In a new statement in Geneva on the situation in that country, the organization insisted that despite serious crime problems, “weakening the rule of law and the integrity of the legal system by abrogating the right to a fair trial is not the answer.”
“We call on the authorities to lift the state of emergency and review the measures they have taken. We also call on them to immediately investigate all deaths in custody in accordance with international standards, that those responsible be punished and that justice be ensured for the victims,” said spokeswoman Marta Hurtado.
The UN Human Rights Office echoed information from the NGO Cristosal, which has reported that at least 153 prisoners have died since the state of emergency was implemented in March 2022.
An estimated 68,000 people have been imprisoned since then in connection with the state of emergency, including 1,600 minors.
Bukele has launched a “war against gangs,” as he has called it, in the final stretch of his first term and on his way to seeking re-election in the elections scheduled for 2024.
Oficina de Derechos Humanos de la ONU apunta nuevamente a la situación alarmante en El Salvador
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reiteró hoy su preocupación por la extensión, una y otra vez, del estado de emergencia en El Salvador, y sus consecuencias en el disfrute de las libertades y derechos de la población, cuando se acaban de cumplir cuatro años del Gobierno de Nayib Bukele.
En una nueva declaración en Ginebra sobre la situación en ese país, el organismo insistió en que a pesar de los graves problemas de criminalidad, “debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal derogando el derecho a un juicio justo no es la respuesta”.
“Pedimos a las autoridades que levanten el estado de emergencia y revisen las medidas que han tomado. También les pedimos que investiguen de inmediato todas las muertes en custodia de acuerdo con los estándares internacionales, que los responsables sean sancionados y que se garantice justicia a las víctimas”, dijo la portavoz Marta Hurtado.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se hizo eco de la información de la oenegé Cristosal, que ha denunciado que al menos 153 presos murieron desde que se implementó el estado de emergencia en marzo de 2022.
Se estima que 68,000 personas han sido encarceladas desde entonces en relación con el estado de excepción y que entre éstas había 1,600 menores de edad.
Bukele ha lanzado una “guerra contra las pandillas” -según lo ha denominado- en la recta final de su primer mandato y en su camino a buscar la reelección en los comicios previstos para 2024.