El Salvador entered for the first time the list of the Norwegian Refugee Council (NRC) on the most neglected humanitarian crises in the world, occupying the ninth place, according to a statement released by the NGO on Thursday.
Colombia -also for the first time- and Venezuela appear on the list.
The source pointed out that “lack of funding is the main reason for the inclusion of Colombia and El Salvador in this alarming ranking, while the prolonged crisis in Venezuela continues to have an impact on the population”.
El Salvador, which ranks ninth on the list, “also faces a severe humanitarian crisis that remains relatively unnoticed around the world,” he notes.
Like its neighbors Guatemala and Honduras, he notes, “persistent violence, recurrent and extreme weather events, and widespread poverty and inequality cause humanitarian needs in El Salvador.”
“Despite this and the situation in Central America, the world continues to look the other way, as exemplified by international donor funding that provided barely 27% of the humanitarian resources needed for El Salvador in 2022, making this crisis one of the most underfunded situations in the world,” he reveals.
Both Colombia and El Salvador are new to the 2022 list, having never been included before, he adds.
The full list in order is: Burkina Faso, Democratic Republic of Congo, Colombia, Sudan, Venezuela, Burundi, Cameroon, Mali, El Salvador and Ethiopia.
Three non-governmental human rights organizations registered and attended to more than 2,200 victims of forced internal displacement due to social violence in El Salvador in the last three years, according to data provided by the entities last February.
Since the end of March 2021, El Salvador has been under a state of emergency, which suspends several constitutional rights.
The organizations demand the State that “the institutions legally competent for the application of the law articulate” and “coordinate actions to guarantee the rights of people in situations of forced displacement, prevent more cases and promote the conditions to punish the perpetrators, who in most cases go unpunished”.
El Salvador entra a lista del Consejo Noruego sobre crisis humanitarias más desatendidas
El Salvador entró por primera vez a la lista del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) sobre crisis humanitarias más desatendidas del mundo, ocupando el noveno lugar, de acuerdo con un comunicado de la ONG difundido este jueves.
En la lista aparecen Colombia -también por primer vez- y Venezuela.
La fuente señaló que “la falta de financiación es la principal razón de la inclusión de Colombia y El Salvador en esta alarmante clasificación, mientras que la prolongada crisis en Venezuela sigue teniendo impactos en la población”.
El Salvador, que ocupa el noveno lugar de la lista, “también se enfrenta a una grave crisis humanitaria que permanece relativamente desapercibida en todo el mundo”, apunta.
Al igual que sus vecinos Guatemala y Honduras, señala, “la violencia persistente, los recurrentes y extremos eventos climáticos y la pobreza y la desigualdad generalizadas causan necesidades humanitarias en El Salvador”.
“A pesar de ello y de la situación en Centroamérica, el mundo sigue mirando hacia otro lado, como lo ejemplifica la financiación de los donantes internacionales que apenas aportaron el 27 % de los recursos humanitarios necesarios para El Salvador en 2022, lo que convierte a esta crisis en una de las situaciones con menor financiación del mundo”, revela.
Tanto Colombia como El Salvador son nuevos en la lista de 2022, nunca antes habían sido incluidos en ella, agrega.
La lista completa en su orden es: Burkina Faso, República Democrática del Congo, Colombia, Sudán, Venezuela, Burundi, Camerún, Malí, El Salvador y Etiopía.
Tres organizaciones no gubernamentales de derechos humanos registraron y atendieron a más de 2.200 víctimas de desplazamiento forzado interno por violencia social en El Salvador en los últimos tres años, según datos de la entidades brindados en febrero pasado.
El Salvador se encuentra desde finales de marzo de 2021 bajo un régimen de excepción, que suspende varios derechos constitucionales.
Las organizaciones exigen al Estado que “las instituciones legalmente competentes para la aplicación de la ley se articulen” y “coordinen acciones para garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado, prevenir más casos y propiciar las condiciones para sancionar a los victimarios, quienes en la mayoría de las ocasiones quedan impunes”.