Martha Carolina Recinos de Bernal and her husband, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, signed a loan on December 29, 2012, at 10:25 a.m.: USD 227,000 from Alba Petróleos de El Salvador (the local subsidiary of the Venezuelan state oil company PDVSA). The documents were endorsed by the notary José Mauricio Cortez Avelar, who was already the legal representative of the entity that lent the money at that time. At first glance, a typical transaction: a couple obtains a loan from a financial institution – Alba Petróleos was a lender at the time – to consolidate their mortgage debts, which was the purpose of the USD 227,000 as stated in legal documents in possession of the author of this note.
More than eight years after that signature, however, the matter seems much more complicated. Today, Carolina Recinos is the Presidential Commissioner for Government Cabinet Operations of President Nayib Bukele, a grandiose name to describe the position of one of the most powerful officials in El Salvador. Her husband is the Salvadoran ambassador to Russia. And Cortez Avelar is a man who has been investigated in the United States and El Salvador for his alleged involvement in a massive money laundering scheme.
Alba Petróleos de El Salvador (Apes), the company that lent money to the Bernal Recinos couple, was sanctioned in March 2019 by the United States government on suspicions that through it and other companies,” a variety of schemes were designed to embezzle billions of dollars.”
Apes is one of several public-private conglomerates created in the last decade in Central America and the Caribbean by the Venezuelan regime led by Hugo Chávez with money from the state oil company PDVSA. On paper, the purpose of these funds was assistance for cooperation on social and economic development issues. Still, subsequent investigations in various countries, including Venezuela, determined that the money fueled a massive scheme of corruption and money laundering.
The money that the Bernal Recinos received adds to a pot of at least USD 3,474,894 that reached Nayib Bukele and the political collaborators of the then mayor of Nuevo Cuscatlán, and who would later become essential officials of the Executive when Bukele took office as president of the country in June 2019.
Most of this money was given to Carolina Recinos, her husband, Bukele, and the others in the form of loans under market conditions -a 10-year term for payments and monthly interest between 7.5 and 9.5%- or as capital investment for other companies that the officials were associated with, such as Starlight in the case of Recinos.
All this money is part of a financial gap that ranges between USD 646,600,000 and USD 934,400,000 that the companies of the Alba Petróleos conglomerate have not been able to justify to the Salvadoran prosecutor’s office. In addition, according to the prosecutors who conducted the raids on these companies in May 2019, these funds are part of a scheme of loans and “donations that exceed the amount of the profits -generated by the companies- between 2010 and 2019”. This, say the fiscal agents, clearly indicates money laundering.
Herlado Latino: https://heraldolatino.com/?p=884
Cómo una red de lavado de dinero del régimen de Maduro ayudó a Nayib Bukele a llegar a la presidencia de El Salvador
Martha Carolina Recinos de Bernal y su esposo Efrén Arnoldo Bernal Chévez firmaron el préstamo el 29 de diciembre de 2012 a las 10:25 a.m.: USD 227.000 de la sociedad Alba Petróleos de El Salvador (filial local de la petrolera estatal venenezolana PDVSA). Los documentos fueron avalados por el notario José Mauricio Cortez Avelar, quien entonces ya era representante legal de la entidad que prestó el dinero. A primera vista, una transacción común y corriente: un matrimonio obtiene un préstamo de una financiera -Alba Petróleos lo era entonces- para consolidar sus deudas hipotecarias, que era el destino de los USD 227.000 según consta en documentos legales en poder del autor de esta nota.
Más de ocho años después de aquella firma, sin embargo, el asunto parece mucho más complicado. Hoy, Carolina Recinos es la Comisionada Presidencial para las Operaciones del Gabinete de Gobierno del presidente Nayib Bukele; un nombre pomposo para describir el cargo de una de las funcionarias más poderosas de El Salvador. Su esposo es el embajador salvadoreño en Rusia. Y Cortez Avelar es un hombre que ha sido investigado en Estados Unidos y El Salvador por su supuesta participación en un esquema masivo de lavado de dinero.
Alba Petróleos de El Salvador (Apes), la empresa que prestó dinero a los esposos Bernal Recinos, fue sancionada en marzo de 2019 por el gobierno de los Estados Unidos por sospechas de que a través de ella y otras empresas “se diseñaron una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares”.
Apes es una de varios conglomerados público-privados creados la década pasada en Centroamérica y el Caribe por el régimen venezolano que entonces dirigía Hugo Chávez con dinero de la petrolera estatal PDVSA. En el papel, el destino de esos fondos era la asistencia para la cooperación en temas de desarrollo social y económico, pero investigaciones posteriores en varios países, incluso en Venezuela, determinaron que el dinero terminó alimentando un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero.
El dinero que recibieron los Bernal Recinos suma a una bolsa de al menos USD 3.474.894 que llegó hasta Nayib Bukele y los colaboradores políticos del entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán, y quienes a la postre se convertirían en importantes funcionarios del Ejecutivo cuando Bukele asumió como presidente del país en junio de 2019.
La mayor parte de ese dinero fue entregado a Carolina Recinos, su esposo, Bukele y los demás en forma de préstamos bajo condiciones de mercado -10 años de plazo para los pagos e intereses mensuales entre 7.5 y 9.5%- o como inversión a capital para otras empresas con las que los funcionarios estuvieron relacionadas, como Starlight en el caso de Recinos.
Todo ese dinero hace parte de un hueco financiero que oscila entre los USD 646.600.000 y los USD 934.400.000 que las empresas del conglomerado Alba Petróleos no han podido justificar ante la fiscalía salvadoreña. Además, de acuerdo con los fiscales que realizaron los allanamientos a estas compañías en mayo de 2019, estos fondos son parte de un esquema de préstamos y “donaciones que superan el monto de las utilidades -generadas por las empresas- entre 2010 y 2019”. Este, dicen los agentes fiscales, es un indicio claro de lavado de dinero.
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