For over a year, the Salvadoran population affected by arbitrary arrests has been denouncing and asking the PDDH to take action and ensure the human rights of those arbitrarily detained.
Attorney Raquel Caballero called for measures to review the legal situation of detainees with no ties to criminal groups or any other law violations so that they may be granted immediate freedom.
In a video, the attorney confirmed that she has met with members of the Justice and Public Security Cabinet and with the Attorney General of the Republic. Additionally, the official confirmed that some detainees have been released.
However, in her intervention, the attorney did not address the deaths of individuals under the state of emergency within the penitentiary centers.
Although she acknowledged that there are arrests of people with no connection to gangs within the framework of the state of emergency, she did not urge the State to compensate the damages for those who lost their jobs or a family member while imprisoned.
Human Rights defending organizations have been denouncing arbitrary arrests, and deaths within prisons of allegedly innocent people, according to their families, for almost a year. They have also reported torture, mistreatment, and lack of information about the health status of their loved ones.
PDDH pide la liberación de personas detenidas sin vínculos con pandillas
Desde hace más de un año, la población salvadoreña afectada por las capturas arbitrarias viene denunciando y pidiendo a la PDDH que active sus oficios y garantice los derechos humanos de las personas detenidas arbitrariamente.
La procuradora Raquel Caballero pidió que se adopten medidas para revisar la situación jurídica de personas detenidas sin vinculación a grupos delincuenciales o cualquier otra falta a la ley, para que se les otorgue su libertad inmediata.
La procuradora aseguró, en un video, que se ha reunido con integrantes del Gabinete de Justicia y Seguridad Pública y con el fiscal general de la República. Además, la funcionaria aseguró que se han liberado a personas detenidas.
Sin embargo, la procuradora en su intervención no se refirió a las personas fallecidas en el marco del régimen de excepción, al interior de los centros penitenciarios.
A pesar que la titular reconoció que hay capturas de personas que no tienen vinculación con pandillas, en el marco del régimen de excepción, la titular no exhortó al Estado a resarcir los daños en favor de las personas que perdieron su empleo o perdieron a un familiar en el período que estuvieron presos.
Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos vienen denunciando desde hace casi un año capturas arbitrarias, muertes al interior de las cárceles de personas, según su familia, inocentes. Además han denunciado torturas, malos tratos y la falta de información sobre el estado de salud de sus seres queridos.