The organizations have attended to 4,723 cases of alleged human rights violations. Still, they noted that these do not represent the total number of cases in the country, as these are reported cases, and there may be more cases that have yet to be reported for fear of reprisals, they said.
The National Civil Police (PNC) is the institution most accused of being the perpetrator of these alleged human rights violations, with a 90% involvement in the cases, they detailed. Then, the Armed Forces, in conjunction with the police and, in third place, only military elements.
Regarding those arrested, the data released by the authorities counted 66,417 people. According to the Human Rights Defense Attorney’s Office (PDDH), 3,775 detained people have been released after proving their innocence, that is, 5.7% of the total detainees.
A systematic condition of torture
The report details that the deaths of 102 people have been verified in penitentiary centers; 98 men, two women, and two where the gender could not be determined. Most of these occurred in the Izalco Penal Center, with 52 registered deaths. Nineteen happened at the “La Esperanza” Penal Center, and in 8 cases, it was impossible to determine which prison it appeared in.
In addition, it was asserted that it was impossible to determine the cause of death in most cases. However, the second most frequent cause was violent deaths, and the third was the lack of access to medicines and medical assistance. The inability to determine the cause is due to the lack of information and generic explanations from the authorities.
“The bodies showed strangulation, broken ribs, wounds in the abdomen and head, but the official forensic report attributed the death to pulmonary edema,” the report alleged, based on a journalistic report citing internal sources from the Institute of Legal Medicine (IML).
This led the organizations to determine that the conditions experienced by those deprived of liberty within the penitentiary centers can be defined as “a systematic condition of torture, cruel, inhuman, or degrading punishment.”
An incalculable cost
For human rights defense organizations, the cost of the consequences that victims are experiencing due to the state of exception cannot be calculated. Still, it has different facets, including economic, social, mental, and physical health. “The high cost of human lives, serious human rights violations against direct victims and their families, have been the price of government achievement,” they asserted.
They regretted that a punitive method was chosen to respond to the crime situation in the country. At the same time, structural causes, such as social exclusion and inequality, remain in force and are exacerbated by the exception state.
Therefore, they recommended that the state of exception not be extended further. “Its extension is a permanent risk of abuse of power towards the population,” determined the Asociación Azul Originario, AMATE, Cristosal, FESPAD, IDHUCA, the Salvadoran Network of Women Human Rights Defenders, and the Social Service Pasionista (SSPAS).
Califican al régimen de excepción como el retroceso más grave en derechos humanos y democracia desde los acuerdos de paz
Las organizaciones han atendido 4,723 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, pero se acotó que estas no representan la totalidad de casos en el país, pues estos son hechos denunciados, y pueden existir más casos que no se hayan denunciado por temor a represalias, dijeron.
La PNC es la institución más señalada como victimario de estas presuntas violaciones a los derechos humanos, teniendo una participación en el 90% de los hechos, detallaron. Luego, la Fuerza Armada en conjunto con la policía y de tercero solamente elementos militares.
Sobre las personas capturadas, los datos difundidos por las autoridades contabilizaron a 66,417 personas. De acuerdo con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se han liberado a 3,775 personas capturadas a quienes se les comprobó su inocencia, es decir, el 5.7% del total de personas detenidas.
Una condición sistemática de tortura
En el informe se detalla que se han podido verificar el fallecimiento de 102 personas dentro de los centros penitenciarios; 98 hombres, 2 mujeres y 2 donde no se pudo determinar el género. De estos, la mayoría ocurrió en el Centro Penal de Izalco, con 52 muertes registradas. 19 ocurrieron en el Centro Penal “La Esperanza” y 8 no se pudo determinar en qué prisión ocurrió.
Aunado a ello, se aseveró que no fue posible determinar la causa de las muertes en la mayoría de los casos. Sin embargo, la segunda causa más frecuente fueron las muertes violentas, y la tercera la falta de acceso a medicamentos y/o asistencia médica. La razón de no poder determinar la causa es la falta de información y explicaciones genéricas de las autoridades.
“Los cuerpos presentaban estrangulamiento, costillas quebradas, heridas en el abdomen y cabeza, pero el reporte oficial forense atribuía la muerte a edema pulmonar”, alegó el informe con base a un reportaje periodístico donde se citó a fuentes internas del Instituto de Medicina Legal (IML).
Lo anterior llevó a determinar a las organizaciones que las condiciones vividas por las personas privadas de libertad dentro de los centros penitenciarios pueden ser definidas como “una condición sistemática de tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes”.
Un costo inestimable
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el costo que tendrán las consecuencias que las víctimas están viviendo a causa del régimen de excepción no son calculables, pero tiene diferentes facetas, como la económica, social, salud mental y salud física. “Los elevados costos de vidas humanas, graves violaciones a los derechos humanos contra víctimas directas y sus familias, han sido el precio del logro gubernamental”, afirmaron.
Lamentaron que se escogió un método punitivo para responder ante la situación de criminalidad en el país, mientras las causas estructurales, como la exclusión social y la desigualdad, siguen vigentes y están siendo agravadas por el régimen de excepción.
Por tanto, recomendaron que no se prorrogue más el régimen de excepción. “Su prórroga es un riesgo permanente de abuso de poder hacia la población”, determinaron la Asociación Azul Originario, AMATE, Cristosal, FESPAD, IDHUCA, la Red Salvadoreña de Defensoras de los Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).