The Salvadoran government cut $233.6 million from the fund destined for pension debt payments in 2023, using it to finance expenses before the 2024 election, transfers to municipalities, and other costs, according to official data from the Ministry of Finance.
Budget execution statistics from the Treasury’s Fiscal Transparency Portal reflect a cut of $233,642,583 in the budget unit called “Financing for the Comprehensive Pension System,” for which $570,563,652 had been scheduled throughout the year. This means a 40.9% reduction in the funds available to finance pension debt.
Economists and specialists consulted by LA PRENSA GRÁFICA believe that the reduction is a symptom of a possible default on the pension debt, which will affect the profitability of the pension fund and the savings of workers.
The representative of the Working Group for a Dignified Pension, Patricio Pineda, explained that the estimated $570 million to pay pensions for the public system of ISSS and the Salvadoran Institute of Pensions (ISP) was already insufficient; according to the organization, at least $671 million was needed to amortize the debt in the first year of the reform. “With this cut, the deficit on the total fund deepens,” he warned.
“By having a cut, there will not be enough funds for individual accounts to start growing in terms of profitability and the total amount needed to face the commitments acquired. Remember that now there are 119,494 higher pensions,” Pineda added.
For the specialist, however, the cut is also evidence that, with the new reform, the government has changed the conditions of the debt it must pay contributors.
Default on contributors
Before the pension reform, the government used the Pension Obligations Trust (FOP), approved in 2006, to take money from the private accounts of contributors to Pension Fund Administrators (AFP) and with that to pay retirees of the public system through debt instruments called Pension Investment Certificates (CIP).
With the new law, the FOP was eliminated. Still, the debt was maintained through an exchange: the CIPs became Transition Financing Certificates (CFT), whose terms of reference are still unknown, Pineda warned. However, the cut in pension financing leads him to believe it will be on favorable terms for public finances.
Economist and former legislative adviser Tatiana Marroquín also consider this, explaining that one of the “most serious” adjustments in the pension reform was the discretion given to the government to establish the conditions for debt repayment with contributors.
“The state must be required to clarify what the payment conditions are and how it will resolve this debt with the pension system,” she stated.
Senior economist at the Central American Institute of Fiscal Studies (ICEFI), Ricardo Castaneda, agreed that the only explanation behind the cut is the upcoming issuance of CFTs.
“The ISP will decide the interest rates, terms, and even grace periods, and this cut could reveal that it will be to provide relief to the government’s finances because it will no longer have to pay what it had to pay, but this will be at the expense of the pension fund,” he explained.
Rating agency Fitch Ratings, in a report issued on February 3, warned that if the Salvadoran government established favorable condition changes in the Transition Financing Certificates, this would represent a default. If that happens, according to the agency, El Salvador would fall into default.
The destinations
As evidenced by the month-by-month budget execution data, the cuts to financing the pension debt were made gradually and per the government’s needs during the first quarter.
In January, the Treasury cut $127.2 million from pension financing, but other budget items, in contrast, recorded increases: support for municipalities grew by $22.3 million, and another $22.8 million was allocated to Fopromid, a secret expense that the government has refused to disclose.
The last reduction to the pension fund was $93.8 million in March, which came after the Legislative Assembly approved a decree for the Treasury to transfer $92.8 million to the Supreme Electoral Tribunal (TSE) for the extraordinary budget of the 2024 general elections.
Article 2 of this decree allows the Treasury to “temporarily take from available allocations” to transfer funds to the TSE’s accounts.
LA PRENSA GRÁFICA asked the Minister of Finance, Alejandro Zelaya, about the destination of the $233 million cut from pension financing; however, no response was obtained either through the Press Office of the Presidency or in a direct inquiry at a press conference.
Gobierno salvadoreño recorta $233 millones a fondo de pensiones para financiarse
El Gobierno salvadoreño recortó $233.6 millones al fondo destinado al pago de la deuda de pensiones en 2023, y lo utilizó para financiar los gastos previos a la elección 2024, transferencias a alcaldías y otros gastos, según revelan datos oficiales del Ministerio de Hacienda.
Las estadísticas de ejecución presupuestaria del Portal de Transparencia Fiscal de Hacienda reflejan un recorte de $233,642,583 en la unidad presupuestaria denominada “Financiamiento al Sistema Integral de Pensiones”, para la cual habían $570,563,652 programados en todo el año. Es decir, se redujo un 40.9% de los fondos disponibles para financiar la deuda de pensiones.
Economistas y especialistas consultados por LA PRENSA GRÁFICA consideran que la reducción es síntoma de un posible impago a la deuda previsional, que afectará la rentabilidad del fondo de pensiones y los ahorros de los trabajadores.
El representante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda, explicó que los $570 millones estimados para pagar las pensiones del sistema público del ISSS y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) ya eran insuficientes; pues según la organización se necesitaban al menos $671 millones para la amortización de la deuda en el primer año de la reforma. “Con este recorte, el déficit sobre el total del fondo se profundiza”, advirtió.
“Al haber un recorte, no van a estar llegando los fondos suficientes para que las cuentas individuales comiencen a crecer en términos de rentabilidad y en términos de la masa total, que es lo que necesita para hacerle frente a los compromisos adquiridos. Recordemos que ahora hay 119,494 pensiones más altas”, agregó Pineda.
Para el especialista, sin embargo, el recorte es también muestra de que con la nueva reforma, el Gobierno ha cambiado las condiciones de la deuda que debe pagar a los cotizantes.
Impago a cotizantes
Antes de la reforma de pensiones, el Gobierno hacía uso del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), aprobado en 2006 para sacar dinero de las cuentas privadas de los cotizantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y con eso pagar a los jubilados del sistema público, a través de instrumentos de deuda denominados Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Con la nueva ley, se eliminó el FOP pero se mantuvo la deuda a través de un canje: los CIP pasaron a ser Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), cuyos términos de referencia siguen siendo desconocidos, advirtió Pineda. El recorte al financiamiento a las pensiones, sin embargo, lo lleva a pensar que será en condiciones favorables para las finanzas públicas.
Así lo considera también la economista y exasesora legislativa Tatiana Marroquín, quien explicó que uno de los ajustes “más graves” en la reforma de pensiones, fue la discrecionalidad que se dio al Gobierno para establecer las condiciones de pago de la deuda con los cotizantes.
“Se debe exigir al Estado transparentar cuáles son las condiciones de pago y cómo va a resolver esa deuda con el sistema de pensiones”, afirmó.
El economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, coincidió en que la única explicación que puede haber detrás del recorte es la próxima emisión de los CFT.
“El ISP es el que decidirá cuáles son las tasas de interés, plazos y hasta períodos de gracia; y este recorte podría revelar que será para dar un alivio a las finanzas del Gobierno porque ya no va a tener que pagar lo que tenía que pagar, pero esto va a ser a costa del fondo de pensiones”, explicó.
La calificadora Fitch Ratings, a través de un informe emitido el 3 de febrero, advirtió que si el Gobierno salvadoreño establecía cambios de condiciones favorables en los Certificados de Financiamiento de Transición, esto representaría un incumplimiento. Si eso sucede, de acuerdo a esa agencia, El Salvador caería en impago.
Los destinos
Según demuestran los datos mes a mes de la ejecución presupuestaria, los recortes al financiamiento de la deuda de pensiones se hicieron de forma paulatina y acorde a las necesidades que tuvo el Gobierno durante el primer trimestre.
Así, en enero, Hacienda recortó $127.2 millones al financiamiento de las pensiones, pero otras partidas, en cambio, registraron aumentos: el apoyo a las alcaldías creció en $22.3 millones, y otros $22.8 millones se asignaron para el Fopromid, un gasto secreto que el Gobierno se ha negado a transparentar.
La última reducción al fondo de pensiones fue de $93.8 millones, en marzo pasado, y se dio después que la Asamblea Legislativa aprobó un decreto para que Hacienda transfiriera $92.8 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el presupuesto extraordinario de las elecciones generales de 2024.
En su artículo 2, este decreto permite a Hacienda tomar “temporalmente de las asignaciones disponibles” para transferir los fondos a las cuentas del TSE.
LA PRENSA GRÁFICA consultó al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, cuál fue el destino de los $233 millones que se redujeron al financiamiento de las pensiones; sin embargo, no se obtuvo respuesta ni a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, ni en consulta directa en una conferencia de prensa.