The Central American Institute of Fiscal Studies (ICEFI) warns that the “apparent improvement in indicators such as the fiscal deficit and public debt” is at the expense of critical areas for the Salvadoran population, such as health, education, and infrastructure, according to official figures.
The entity analyzed the General State Budget for 2023 and compared it with the execution of last year’s budget. One of the findings of this monitoring is that most institutions have experienced cuts, including health, education, and infrastructure, in a context where the capital market was restricted for the placement of debt by the Salvadoran government, which prioritized the issuance of debt in the domestic market.
“The data shows that in 2022, the government prioritized debt service payments; however, this had consequences because due to the lack of access to financing, especially external financing, it was cut spending in key areas for the well-being of the population; for example, the resources from the 2022 education, health, and public works budgets were lower than those executed in 2021,” explained Ricardo Castaneda, ICEFI coordinator for El Salvador and Honduras.
“The apparent improvement in fiscal results and public debt levels are at the expense of key areas for the well-being of the population,” reiterated the economist, who pointed out that this type of spending is what allows for improving people’s living conditions, improving economic growth levels as well as reducing poverty and food insecurity, which in the case of El Salvador have increased, according to official data and reports from international organizations.
Regarding public spending, the report highlights that 2022 was a year of austerity due to limited access to financing and the priority given to debt service payments.
For instance, the education sector went from 4.6% of GDP (gross domestic product) in 2021 to 3.9% of GDP in 2022, from $1,329.5 million to $1,251.9 million, respectively. For 2023, the approved amount is $1,501.9 million or 4.5% of GDP, below the 2021 percentage.
In health, it went from 3.5% to 3.4% of GDP: in 2021, the amount allocated was $1,014.5 million, and $1,073.1 million last year; in 2023, the allocation is $1,131.2 million, but it would not exceed 3.38% of GDP.
Public works spending went from 1.5% to 0.9% of GDP between 2021 and 2022, from $441.9 million to $277.4 million, respectively. For the budget being executed this year, $413.9 million (1.24%) was approved, an amount even lower than in 2021.
In its analysis, ICEFI emphasized that for 2023, the most oversized budget item is the payment of public debt service, including interest and amortizations, which reaches $2,134.9 million, far above the $1,502.5 million for education or the $1,131.1 for health.
Declining revenues
Another aspect addressed by ICEFI in its analysis is related to revenues, which in 2022 performed well and were even higher than budgeted. However, this year, a drop in the tax burden is expected, going from 20.7% to 19.4%.
“The revenue levels achieved in 2022 will not be maintained in 2023. There are already difficulties here; the first quarter shows that tax revenue is below what was planned. In this context and given the difficulties of external financing, the government will continue to prioritize domestic financing: LETES, CETES, and bonds,” Castaneda pointed out.
This could lead to an increase in interest rates for families and businesses in an international context where these rates are already increasing, added the economist.
El Salvador recorta gasto en áreas claves para población: ICEFI
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) advierte que la “aparente mejora en indicadores como el déficit fiscal y la deuda pública” es en detrimento de áreas clave para la población salvadoreña como la salud, educación e infraestructura, de acuerdo con cifras oficiales.
La entidad realizó un análisis del Presupuesto General del Estado 2023 y lo comparó con la ejecución del presupuesto del año pasado. Uno de los hallazgos de este seguimiento es que la mayoría de instituciones tuvo recortes, y entre estas salud, educación e infraestructura, en un contexto en donde el mercado de capitales estuvo restringido para la colocación de deuda por parte del gobierno salvadoreño, por lo que este priorizó la emisión de deuda en el mercado interno.
“Los datos muestran que en 2022, el Gobierno priorizó el pago en el servicio de la deuda; sin embargo, esto tuvo consecuencias porque ante la falta de acceso a financiamiento, especialmente financiamiento externo, lo que hizo fue recortes en áreas claves para el bienestar de la población; por ejemplo, los recursos del presupuesto de educación, de salud, de obras públicas de 2022 fueron inferiores a los que se habían ejecutado en 2021”, explicó Ricardo Castaneda, coordinador del ICEFI para El Salvador y Honduras.
“La aparente mejora en el resultado fiscal, en los niveles de deuda pública está siendo a costa de áreas clave para el bienestar de la población”, reiteró el economista, quien indicó que este tipo de gasto es el que permite mejorar las condiciones de vida de la gente, mejorar los niveles de crecimiento económico así como reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria, que en el caso de El Salvador han aumentado, según datos oficiales e informes de organismo internacionales.
Respecto al gasto público, el informe destaca que el 2022 fue un año de austeridad debido al limitado acceso al financiamiento y a la prioridad en el pago del servicio de la deuda.
Para el caso, el ramo de educación pasó de 4.6 % del PIB (producto interno bruto) en 2021 a 3.9 % del PIB en el 2022, es decir de $1,329.5 millones a $1,251.9 millones, respectivamente. Para el 2023, el monto aprobado es de $1,501.9 millones o un 4.5 % del PIB, por debajo del porcentaje de 2021.
En salud, pasó de 3.5 % a 3.4% del PIB: para el 2021 lo destinado ascendió a $1,014.5 millones y a $ 1073.1 millones el año pasado; en 2023, la asignación es de $1,131.2 millones, pero no sobrepasaría el 3.38 % del PIB.
El gasto de obras públicas de 1.5 a 0.9 % PIB entre 2021 y 2022, es decir que pasó de $441.9 millones a $277.4 millones, respectivamente. Para el presupuesto que se ejecuta este año, se aprobaron $413.9 millones (1.24 %), un monto incluso menor al de 2021.
En su análisis, el ICEFI resaltó que para el 2023, la partida presupuestaria más grande es el pago del servicio de la deuda pública, incluyendo intereses y amortizaciones, que alcanza los $2,134.9 millones, muy por encima de los $1,502.5 millones para educación o de los $1,131.1 para salud.
Ingresos a la baja
Otro aspecto que abordó el ICEFI en su análisis es el relacionado con los ingresos, los cuales en 2022 tuvieron un buen desempeño e incluso fueron mayores a lo presupuestado. Sin embargo, para este año se espera una caída en la carga tributaria, que pasaría del 20.7 % al 19.4 %.
“Los niveles de recaudación que se tuvieron en 2022 no se van a tener en 2023. Acá ya hay dificultades, de hecho el primer trimestre se muestra que la recaudación tributaria está por debajo de lo que se había planificado. En este contexto y ante las dificultades de financiamiento externo, el gobierno va a seguir priorizando el financiamiento interno: LETES, CETES y bonos”, apuntó Castaneda.
Esto podría derivar en un aumento de las tasas de interés para las familias y las empresas en un contexto internacional en donde estas ya están aumentando, agregó el economista.