Following the capture of five peasant leaders in San Juan Opico, the community they belong to, comprised of landless peasant families, expresses fear of possible reprisals from those who filed the complaint under which the five men are detained.
Those who have taken, with fear, the reins of organizing that community are convinced that their colleagues were captured because of the struggle they carried out in recent months against the eviction of the settlement on that land.
The peasants, who have lived there for three years, claim that the land was used for a long time to cultivate different products using environmentally harmful techniques such as burning.
They assert that since they settled in the area, they have recovered the land, working with environmentally friendly techniques. They call themselves protectors of state property; as they say, the place is owned by the Salvadoran Institute for Agrarian Transformation. Under that argument, they ask the government to continue allowing them to cultivate fruits and vegetables for their consumption.
“We do not ask for papers; we ask to be allowed to work the land,” says Julio García, a resident of the community who also asserts that if the government asks them to leave, they will do so, requesting relocation or compensation for the investment they have made in the last three years.
“The struggle is to let us work,” he points out and confirms that, since the capture of the five leaders, the drive to cultivate the land has turned into fear of suffering the same fate as their colleagues and denounces attempts to criminalize their organized struggle.
They request government intervention
To obtain responses from the Salvadoran government, the leaders of the landless peasant community settled in Finca, Argentina, San Juan Opico, have drafted various documents detailing their case and requesting the intervention of government entities. The group of peasants claims this is not the first time they have tried to get their petition to state institutions. They have even tried to get President Bukele to respond to them through social networks, platforms where he usually addresses and solves requests from the population; however, they have yet to achieve their goal.
They have also tried to approach other entities, such as the Mayor’s Office of San Juan Opico. Although they answered their call, they have yet to obtain the solutions and answers they need in the face of the threat of eviction and other reprisals for their struggle. “The first threat was that if we touched that wall, we would go to jail,” says one of the peasants about constructing a perimeter wall that is the visible structure of the intention to mobilize the peasants.
Before the capture of the five leaders, other protests by the community were ignored, and the current representatives believe that the criminalization of that defense of the land and the environment has been the background of the arrests and fear that the same measure will be applied to them.
Even some of the families that participated in those protests have begun to leave the site out of fear. Their crops have deteriorated, and anxiety at the site has increased amid the uncertainty of what may happen.
Campesinos temen por criminalización de la defensa de tierras
Tras la captura de cinco líderes campesinos en San Juan Opico, la comunidad a la que pertenecen, conformada por familias de campesinos sin tierras, expresa temor a posibles represalias de parte de quienes interpusieron la denuncia bajo la cual los cinco hombres se encuentran detenidos.
Quienes han tomado, con miedo, las riendas de la organización de esa comunidad están convencidos que sus compañeros fueron capturados a causa de la lucha que realizaron, durante los últimos meses, en contra del desalojo del asentamiento en esos terrenos.
Los campesinos, que viven ahí desde hace tres años, aseguran que en el lugar, durante mucho tiempo, se practicó el cultivo de diferentes productos con técnicas nocivas para el Medio Ambiente como la quema.
Afirman que desde que se asentaron en el lugar, ellos han rescatado las tierras, trabajando con técnicas amigables para el Ambiente. Se auto denominan protectores de propiedad del Estado, pues dicen que el lugar es propiedad del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria y, bajo ese argumento, le piden al gobierno que les sigan permitiendo cultivar frutas y hortalizas que utilizan para el consumo propio.
“No pedimos papeles, pedimos que nos dejen trabajar la tierra”, dice Julio García, residente de la comunidad quien afirma, además, que si es el gobierno quien les pide desalojar, lo harán solicitando una reubicación o indemnización por la inversión que realizaron en los últimos tres años.
“La lucha es porque nos dejen trabajar”, señala y confirma que, desde la captura de los cinco líderes, el ímpetu por cultivar la tierra se ha convertido en miedo a sufrir el mismo destino que sus compañeros y denuncian intenciones de criminalizar su lucha organizada.
Piden intervención de gobierno
Con la intención de conseguir respuestas de parte del gobierno salvadoreño, los líderes de la comunidad de campesinos sin tierras, asentados en la Finca Argentina, de San Juan Opico, han redactado diferentes documentos exponiendo los detalles de su caso y solicitando la intervención de entidades del gobierno. El grupo de campesinos asegura que no es la primera vez que han intentado hacer llegar su petición a instituciones estatales. Incluso, han tratado que el presidente Bukele les responda a través de redes sociales, plataformas en donde es habitual que atienda y de solución a solicitudes de la población; sin embargo, no han podido conseguir su cometido.
También han procurado tocar la puerta de otras instancias como la Alcaldía de San Juan Opico y aunque atendieron a su llamado, tampoco han conseguido las soluciones y respuestas que necesitan ante la amenaza de desalojo y otras represalias por su lucha. “La primera amenaza fue que si nosotros tocábamos ese muro, nos íbamos a ir presos”, dice uno de los campesinos sobre la construcción de un muro perimetral que es la estructura visible de la intención de movilizar a los campesinos.
Antes de la captura de los cinco líderes, otras protestas de la comunidad fueron ignoradas y los representantes actuales creen que la criminalización de esa defensa de los terrenos y del Medio Ambiente ha sido el trasfondo de las detenciones y temen que se les aplique la misma medida que a ellos.
Incluso, algunas de las familias que participaron en esas protestas han comenzado a desalojar el sitio por miedo. Sus cultivos se han deteriorado y la zozobra en el sitio ha ido en aumento ante la incertidumbre de lo que pueda suceder.