The Human Rights Defense Attorney’s Office (PDDH) could become “complicit in human rights violations” in the context of the state of emergency if it ignores the complaints of victims in the report promised by the head of the agency, Raquel Caballero de Guevara, after visits she claims to have made to prisons to check on detainees, according to several human rights experts.
To the executive director of the Foundation for the Study and Application of the Law (FESPAD), Henri Fino, the PDDH should not overlook the complaints of detainees’ relatives about human rights violations in prisons. For Fino, the role of the current attorney general should be to attend to victims.
“If the attorney general remains silent, she is becoming complicit in the human rights violations taking place in prisons,” he told El Diario de Hoy.
This position is supported by former Human Rights Attorney General in El Salvador, David Morales. “Silence is not admissible or justifiable. The consequence is that, as a further violation of their rights, victims have no protection from the PDDH, and the head of the institution could be not only complicit but also incur administrative or criminal responsibility, even for not fulfilling her duties in public office,” he warned.
Fino also explained that the results of the technical visits to prisons should not endorse the current regime, as this would also imply complicity in violating human rights.
Former Attorney General Apolonio Tobar toured La Esperanza Penal Center, known as Mariona, in 2022, reporting a “normal and orderly situation,” something that various human rights specialists heavily criticized.
“If Attorney General (Caballero de Guevara) endorses the state of emergency, it is an even more forceful assertion that we have (as FESPAD), that the Attorney General’s Office is becoming complicit in human rights violations,” said Fino.
He pointed out that if visits and studies have been carried out in prisons, as required by law, i.e., without prior notice, the attorney general could have ample evidence of human rights violations of detainees under the regime.
A few days ago, the attorney general announced that they are about to deliver a report “with findings and recommendations” based on prison visits after four months of taking office.
The information was also made known on the PDDH’s Twitter account, revealing that Caballero met with the Vice President of the Republic, Félix Ulloa, on March 31st. The institution’s technical team will present the report to Ulloa.
However, the process that the Attorney General is following needs to be revised, according to Henri Fino. “The Human Rights Defense Attorney’s Office and its heads should not be accountable to any State body but to the victims,” he stated.
Ulloa recently acknowledged to international media that 3,000 people detained by the regime were released for not belonging to criminal groups. Still, he avoided addressing the fact that more innocent people may be concentrated in the same cells as the actual perpetrators.
Meanwhile, Morales warns that Caballero is failing to fulfill her duties, similar to what happened with her predecessor at the PDDH.
“The current attorney general, like her predecessor, is not fulfilling her mandate to protect the victims of serious human rights violations resulting from the application of the state of emergency. No resolutions, press releases, or special reports have been published on arbitrary detentions, individual and collective torture, or arbitrary deaths or executions in prisons,” Morales asserted.
He added that this reveals that the PDDH’s technical staff still needs to do their job. Although former Attorney General Tobar reported hundreds of actions carried out by the operational teams, he also failed to exercise his protective powers, Morales questioned.
In December 2022, the Attorney General announced that she would verify the situation of people detained during the state of emergency with a technical team from the PDDH and officials from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Alberto Brunori.
At that time, Caballero assured that another point of evaluation would be the military checkpoints that, since the beginning of December, were set up in places like Soyapango and the Tutunichapa neighborhood.
Tobar also conducted technical visits to assess the treatment of detainees. Still, in August 2022, after five months of the regime and with more than 50,000 detainees, he only found seven cases of human rights violations at the national level.
EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/expertos-pddh-denuncias-victimas-regimen/1052097/2023/
Expertos exigen a PDDH que informe de prisiones no ignore denuncias de víctimas del régimen
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), podría volverse “cómplice de violaciones a los derechos humanos”, ante el contexto del régimen de excepción, si ignora las denuncias de las víctimas en el informe prometido por la titular del Ramo, Raquel Caballero de Guevara, tras visitas que dice haber realizado a los centros penitenciarios, para conocer cómo se encuentran los capturados, opinan varios expertos en derechos humanos.
Para el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Henri Fino, la PDDH no debería pasar por alto las denuncias de los familiares de los detenidos, sobre vulneraciones a derechos humanos cometidas en las cárceles. Para Fino, el papel de la actual procuradora, debe ser de atención a las víctimas.
“Si la procuradora guarda silencio, se está convirtiendo en cómplice de las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en los centros penales”, aseguró a El Diario de Hoy.
Dicha postura es respaldada por el exprocurador de Derechos Humanos en El Salvador, David Morales. “El silencio no es admisible, ni se justifica. La consecuencia es que como una violación más a sus derechos, las víctimas no tienen protección por parte de la PDDH, y la persona titular de la institución, no sólo podría se cómplice, sino incurrir en responsabilidad administrativa o penal; incluso por no ejercer sus deberes en la función pública”, advirtió.
Asimismo, Fino explicó que habrá que esperar a que los resultados de las visitas técnicas a los centros penitenciarios no avalen la vigencia del régimen, porque con esto también se cae en la complicidad de vulnerar los derechos humanos.
El exprocurador, Apolonio Tobar, realizó en 2022 un recorrido por el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, y dio cuenta de una “situación normal y en orden”, algo que fue muy criticado por varios especialistas en derechos humanos.
“Si la procuradora (Caballero de Guevara) avala el régimen de excepción, es todavía mucho más contundente la afirmación que nosotros tenemos (como FESPAD), de que la Procuraduría se está convirtiendo en cómplice de la violación de derechos humanos”, dijo Fino.
Indicó que si se han realizado las visitas y estudios a las cárceles, como manda la ley, es decir, sin previo aviso, la procuradora podría tener amplia evidencia de que sí hay violaciones a los derechos humanos de los detenidos por el régimen.
Hace unos días, la procuradora informó que están a punto de entregar un informe “con los hallazgos y recomendaciones” a partir de las visitas a los centros penitenciarios, esto tras cuatro meses de haber tomado posesión del cargo.
La información se conoció también en la cuenta de Twitter de la PDDH, al revelar que Caballero tuvo un encuentro con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, el pasado 31 de marzo. El equipo técnico de la institución le presentará el reporte a Ulloa.
Sin embargo, el proceso que está siguiendo la Procuradora, no es el adecuado, según Henri Fino. “La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y sus titulares no se deben a ningún Órgano de Estado, sino a las víctimas, en consecuencia”, declaró.
Ulloa reconoció recientemente ante la prensa internacional que 3,000 personas que fueron detenidos por el régimen, fueron liberados por no pertenecer a grupos delincuenciales, pero evitó abordar el hecho que puedan haber más inocentes concentrados en las mismas celdas que verdaderos culpables.
En tanto que Morales advierte que hay un incumplimiento de parte de Caballero a sus funciones, siendo similar el caso a lo que sucedió con su antecesor en la PDDH.
“La actual procuradora, al igual que su antecesor, no está cumpliendo su mandato de protección ante las víctimas de graves violaciones de derechos humanos por aplicación del régimen de excepción. No se han publicado resoluciones, ni comunicados de prensa, ni informes especiales sobre las detenciones arbitrarias, las torturas individuales y colectivas, ni las muertes o ejecuciones arbitrarias en las cárceles”, aseveró Morales.
Añadió que esto revela que el personal técnico de la PDDH no ha hecho su trabajo, y aunque el exprocurador Tobar dio informe de cientos de gestiones realizadas por los equipos de trabajo, igual omitió ejercer sus facultades de protección, cuestionó Morales.
En diciembre de 2022, la Procuradora anunció que verificaría la situación de las personas detenidas durante el régimen de excepción con un equipo técnico de la PDDH y con funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori.
Para entonces, Caballero aseguró que otro punto de evaluación serían los retenes militares que, desde inicios de diciembre, se ejecutaron en lugares como Soyapango y la colonia Tutunichapa.
Tobar también realizó visitas técnicas para evidenciar el trato a los detenidos, pero en agosto de 2022 y tras 5 meses de vigencia del régimen y con más de 50,000 detenidos, solo encontró 7 casos de vulneraciones a derechos humanos a nivel nacional.
EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/expertos-pddh-denuncias-victimas-regimen/1052097/2023/