Being expelled from the Open Government Partnership (OGP) could have consequences for El Salvador in terms of seeking external financing. Academics considered this after hearing the news and recalling that the International Monetary Fund (IMF) recommended in 2022 to reactivate the country’s membership, which was inactive due to non-compliance with requirements to remain in the Alliance.
In its January 2022 Article IV assessment for El Salvador, the IMF recommended that El Salvador reactivate its membership “to gain access to external credit, especially through international cooperation.”
“El Salvador would need to renew its membership in the Open Government Partnership (OGP) after being placed under review for falling below the minimum eligibility criteria,” the IMF noted at the time.
The requirements in question cover aspects related to transparency, accountability, inclusive participation of society, and the application of innovative ways to develop open and inclusive government reforms.
However, despite this, Nayib Bukele’s government continued in the opposite direction of the recommendation, to the point that the country’s expulsion from the Alliance became official last Tuesday.
José Marinero, a specialist in administrative law and former president of the DTJ foundation, and Jessica Estrada, Director of Transparency at FUNDE, agreed that although not all commitments made over more than ten years were met, there were advances in transparency mechanisms and citizen participation.
Estrada pointed out some of the most notable achievements: the creation of OIR (Information and Response Offices), the establishment of portals such as Fiscal Transparency, a public employment portal that no longer exists, various legislative proposals that were at least worked on – although not approved – to improve processes for electing officials or transparency and accountability mechanisms, commitments to environmental sustainability, inclusion, and innovation.
Marinero noted that being part of the OGP served, among other things, for previous government administrations to sit down with civil society to discuss transparency mechanisms and to have a learning space that permeated public officials to understand the importance of access to information and accountability.
He said that while it had not changed the way government operates in terms of transparency and accountability, there were already offices talking about open government, municipalities that had adopted local open government policies, and a couple of ministries that had adopted initiatives. Even the Attorney General’s Office opted for such a policy. The paradigm of promoting transparency had begun to take hold, Marinero assessed.
All of this, however, would be lost due to Nayib Bukele’s government’s refusal to apply transparency and accountability principles to its management.
The problems of not following the IMF’s recommendation had also been warned by Marinero, who had previously analyzed how non-compliance with OGP requirements affected any possible negotiation with the IMF.
He noted in April 2022 that “The news of El Salvador’s inactivity in the OGP goes against its position at the negotiating table with the IMF (…). The government continues to send signals that sabotage its financing interest.” A year later, the negotiation of an agreement with the IMF has disappeared from the official narrative, and access to the international market is closed.
Both academics mentioned above are in line with a statement issued by various civil society organizations, in which they questioned the government’s lack of interest in maintaining the credentials granted by being part of the OGP and regretted the country’s expulsion from the Alliance.
“The evidence shows a lack of political will to adopt open government principles and place the population at the center of government activity,” the statement said, signed by organizations Acción Ciudadana, FESPAD, FUNDE, TRACODA, Lab-Dat, and the Movement of NGOs for Solidarity Development in El Salvador (MODES).
Salida de Alianza por el Gobierno Abierto podría complicar más el acceso a financiamiento
Haber sido expulsados de la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) podría tener consecuencias para El Salvador en lo relacionado a la búsqueda de financiamiento externo. Así lo consideraron académicos tras conocer la noticia y recordar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó, en 2022, reactivar la membresía que el país tenía en inactivo por incumplimiento de requisitos para permanecer en la Alianza.
En efecto, en su evaluación del artículo IV para El Salvador de enero de 2022, el FMI recomendó a El Salvador reactivar dicha membresía “para tener acceso a crédito externo, especialmente por medio de la cooperación internacional”.
“El Salvador necesitaría renovar su membresía a la Open Government Partnership (OGP), después de que se haya colocado bajo revisión por caer por debajo de los criterios mínimos de elegibilidad”, apuntó, en esa ocasión, el FMI.
Los requisitos en cuestión abarcan aspectos relacionados a transparencia, rendición de cuentas, participación incluyente de la sociedad y la aplicación de formas innovadoras para desarrollar reformas de gobierno abierto e inclusivo.
Sin embargo, pese a ello, el gobierno de Nayib Bukele se mantuvo en la dirección contraria a la recomendada, al grado tal que el pasado martes se hizo oficial la expulsión del país de dicha Alianza.
José Marinero, abogado especialista en derecho administrativo y expresidente de la fundación DTJ; y Jessica Estrada, directora de Transparencia en FUNDE, coincidieron en que si bien no se cumplieron todos los compromisos adquiridos durante más de 10 años, sí hubo avances en lo relacionado a mecanismos de transparencia y participación ciudadana.
“Los que podríamos recordar mejor: la creación de OIR (Oficinas de Información y Respuesta), la creación de portales como Transparencia Fiscal, un portal de empleos públicos que ya no existe, diferentes propuestas de ley que fueron al menos trabajadas —aunque no aprobadas— para mejorar procesos de elección de funcionarios o mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, compromisos de sostenibilidad ambiental, inclusión, innovación, todo esto fueron avances pero fue muy fácil botarlos”, apuntó Estrada.
Marinero señaló que el ser parte de la OGP sirvió, entre otras cosas, para que gestiones anteriores de gobierno se sentaran con la sociedad civil para discutir mecanismos de transparencia, y para tener un espacio de aprendizaje que permeara en funcionarios públicos para que entendieran la importancia del acceso a la información y la rendición de cuentas.
“No te digo que había cambiado la manera en cómo se hace gobierno en transparencia y rendición de cuentas, pero ya había oficinas que hablaban sobre gobierno abierto, municipios que habían adoptado políticas locales de gobierno abierto, un par de ministerios que adoptaron iniciativas. Hasta la PGR optó por una política así. El paradigma de que es valioso impulsar la transparencia había empezado a calar”, valoró Marinero.
Todo eso, sin embargo, se perdería ante la negativa del gobierno de Nayib Bukele de aplicar principios de transparencia y rendición de cuentas a su gestión.
Los problemas de no seguir la recomendación del FMI ya habían sido advertidas también por Marinero, quien había analizado previamente cómo no cumplir con requisitos de la OGP afectaba cualquier posible negociación con el FMI.
“La noticia de la inactividad de El Salvador en OGP va claramente en contra de su posición en la mesa de negociación con el FMI (…). El gobierno sigue enviando señales que sabotean su propio interés de financiamiento”, apuntó Marinero, en abril de 2022. Un año después, la negociación de un acuerdo con el FMI ha desaparecido de la narrativa oficial y el acceso al mercado internacional está cerrado.
Todo lo mencionado por ambos académicos entró en consonancia con un comunicado emitido por diferentes organizaciones de la sociedad civil, en el que cuestionaban el desinterés del gobierno por mantener las credenciales que otorga el ser parte de la OGP y lamentaban la expulsión del país de la Alianza.
“Evidencia la falta de voluntad política para adoptar principios de gobierno abierto y colocar a la población en el centro de la actividad gubernamental”, indica el comunicado, firmado por las organizaciones Acción Ciudadana, FESPAD, FUNDE, TRACODA, Lab-Dat y el Movimiento de ONG para el Desarrollo Solidario de El Salvador (MODES).