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In a country with little over 6 million people, more than 66,417 of them have been detained since the state of exception was declared. Of these, over 90 percent are being detained for prolonged periods of time under provisional detention, their cases having not been heard by a judge. According to the organization Cristosal, as of February 102 people had died in custody, in circumstances which authorities have yet to accurately investigate. Before the state of exception was put in place, the country’s penitentiary system had capacity for 30,000 people. With the onslaught of arrests, El Salvador has become the country with the highest incarceration rate in the world and has since opened a new mega-prison named the Terrorism Confinement Center.

El Salvador is using what should be a temporary emergency measure as a long-term citizen security strategy that curtails constitutional rights and gives the state the power to carry out mass arbitrary detention, torture, and mistreatment, which has also resulted in death while in custody. This, added to irregular criminal proceedings, is of grave concern. The U.S. Department of State’s 2022 Human Rights Report for El Salvador, released on March 20, stated that significant human rights abuses have been committed, including: “Numerous reports of arbitrary arrests, invasion of homes, unfair judicial procedures, and deaths of detainees followed the declaration. More than 52,000 persons were arrested in the first six months of the state of exception, leading to allegations of overcrowding and inhuman treatment in the prisons.”

Punitive governance is particularly problematic as it has exacerbated the rapid deterioration of democracy in El Salvador. The state of emergency is being used to further the government’s campaign of restricting civic space, silencing opponents and independent media, and controlling the judiciary, and has led to the mismanagement of public funds and abuse in accessing public information without adhering to laws and protocols that regulate these two processes. While gang-related violence was impacting the daily lives of countless Salvadorans and victims of violence certainly deserve justice, maintaining public security policies based on the restriction of constitutional guarantees does not address the root causes of violence. Tough security policies also lead to human rights violations and are detrimental to democracy.

With the pre-electoral context in El Salvador already taking shape to unfairly tilt the playing field for the general elections, set to take place in February 2024, the state of El Salvador’s democracy is of increasing concern. The Washington Office on Latin America (WOLA) calls on the international community, including the United Nations and the Organization of American States, to closely monitor the rapidly deteriorating situation of democracy and human rights in El Salvador, to take cohesive, coordinated actions to promote the end of the state of emergency and to call on the Bukele government to commit to the rule of law and democratic governance. Lastly, given the gravity of these abuses of power, the U.S., European Union, and other countries should consider imposing additional individual financial sanctions and conditions on foreign assistance and loans to prevent the complete consolidation of power in the hands of the executive branch. The exception can no longer be the rule.

WOLA: https://www.wola.org/2023/03/year-suspended-civil-liberties-el-salvador-when-exception-becomes-rule/

Un año sin libertades civiles en El Salvador: cuando la excepción se convierte en regla

En un país con poco más de 6 millones de habitantes, 66.417 de ellos han sido detenidos desde que el estado de excepción fuera declarado. Más del 90 por ciento de estas personas han sido detenidas por períodos prolongados en prisión provisional, sin que un juez conozca sus casos. Según la organización Cristosal, hasta febrero, 102 personas habían muerto bajo custodia, en circunstancias que las autoridades aún no han investigado con precisión. Antes de que se estableciera el estado de excepción, el sistema penitenciario del país tenía capacidad para 30.000 personas. Con la avalancha de arrestos, El Salvador se ha convertido en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, y se ha abierto una nueva megacárcel, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo.

El Salvador está utilizando lo que debería ser una medida de emergencia temporal como una estrategia de seguridad ciudadana a largo plazo que restringe los derechos constitucionales y otorga al Estado el poder de llevar a cabo detenciones masivas arbitrarias, torturas y malos tratos, lo que incluso ha llevado a muertes bajo custodia. Esto, sumado a los procesos penales irregulares, es motivo de grave preocupación. El apartado de El Salvador del Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2022 publicado el 20 de marzo indicó que se han cometido importantes abusos contra los derechos humanos, incluyendo: “Numerosos informes de arrestos arbitrarios, invasión de hogares, procedimientos judiciales injustos y muertes de detenidos tras sus declaraciones. Más de 52.000 personas fueron detenidas en los primeros seis meses del estado de excepción, lo que generó denuncias de hacinamiento y trato inhumano en las cárceles”.

El gobierno punitivo es particularmente problemático ya que ha exacerbado el rápido deterioro de la democracia en El Salvador. El estado de emergencia está siendo utilizado para promover la campaña del gobierno por restringir el espacio cívico, silenciar a los opositores y a los medios independientes y controlar el poder judicial, y ha llevado al mal manejo de fondos públicos, así como a abusos en el acceso a la información pública, incumpliendo con las leyes y protocolos que regulan estos dos procesos. Si bien la violencia relacionada con las pandillas estaba impactando la vida cotidiana de innumerables salvadoreñas y salvadoreños, y las víctimas de la violencia ciertamente merecen justicia, mantener políticas de seguridad pública basadas en la restricción de las garantías constitucionales no aborda las causas profundas de la violencia. Las políticas de seguridad estrictas también conducen a violaciones de los derechos humanos y son perjudiciales para la democracia.

Dentro de un contexto preelectoral en El Salvador que ya está tomando forma para inclinar injustamente el campo de juego de cara a  las elecciones generales programadas para febrero de 2024, el estado de la democracia en El Salvador es cada vez más preocupante. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) hace un llamado a la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) a que monitoreen de cerca el rápido deterioro de la situación de la democracia y los derechos humanos en El Salvador, tomen acciones cohesivas y coordinadas para promover el fin del estado de emergencia, y llamen al gobierno de Bukele a comprometerse con el estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Por último, dada la gravedad de estos abusos de poder, EE.UU., la Unión Europea y otros países deberían considerar imponer sanciones individuales y condiciones financieras adicionales a la asistencia y los préstamos extranjeros para evitar la consolidación total del poder en manos del poder ejecutivo. La excepción no puede seguir siendo la regla.

WOLA: https://www.wola.org/2023/03/year-suspended-civil-liberties-el-salvador-when-exception-becomes-rule/