First implemented on March 27, 2022, and renewed for an additional period of 30 days on 12 occasions, it is supported by much of the population and is responsible for President Nayib Bukele’s sky-high popularity.
Thanks to his crackdown on the country’s gangs, Bukele currently has an approval rating of 86 percent, the highest of all Latin American leaders, according to a recent CID Gallup survey.
His popularity also seems to have been undented by a flood of accusations of human rights violations issued by watchdog organizations based in both El Salvador and abroad.
In another poll conducted by the Central American University’s Public Opinion Institute (IUDOP), 75.9 percent of Salvadoran citizens said they supported the measure even though half of the population said it would not solve the gang problem.
Nearly 66,000 people with gang connections have been arrested since the state of exception began, some 4,500 of whom have been released while their criminal cases remain pending, Justice Minister Gustavo Villatoro told Efe.
Families of many detainees, however, say that their loved ones were law-abiding citizens, while human rights organizations and the office of the national ombud have received thousands of complaints about arbitrary arrest and dozens of detainees have died.
A recently opened maximum-security prison in El Salvador where thousands of accused gang members have been transferred has sparked further criticism, with Colombian leftist President Gustavo Petro calling it a “concentration camp.”
Villatoro said 10 of the 15 leaders of the Mara Salvatrucha gang, commonly known as MS-13, have been arrested and are facing judicial proceedings.
He added that the three main Salvadoran gangs (MS-13 and the two rival factions of the Barrio 18 outfit: Sureños and Revolucionarios) no longer function as criminal enterprises.
“What’s left are those hiding from justice, who can no longer … control districts, communities or neighborhoods and are fleeing in rural areas,” he said.
Celia Medrano, a Salvadorian human rights expert and former candidate for the Secretariat of the Inter-American Commission on Human Rights, told Efe the gangs “as El Salvador had known them … will not be seen anymore in the country.”
Even so, she said elites within those criminal outfits have “morphed, become more sophisticated and developed new organizations.”
Besides a reduction in homicides since the onset of the state of exception – a total of 496 murders were registered last year in El Salvador, down from 1,147 in 2021 – Villatoro underscored a drop in the crime of extortion.
“That impact (the collecting of extortion payments) that existed in our towns, in the communities, in the productive areas – such as markets – let’s say, that’s 98 percent gone,” the justice minister said.
“Between $1.5 billion and $2 billion are not going into the hands of these terrorists,” he added, noting that residents in many districts had to pay to come and go before the state of exception took effect.
Referring to the drop in crime, he said a sense of tranquility and an “atmosphere of joy, freedom” has been restored to communities after “more than 120,000 Salvadorans were killed in three decades.”
Villatoro also said that measure has had an impact on the gangs’ ability to sell and distribute drugs nationwide.
A businessman who owns three public transport vehicles, for his part, confirmed in remarks to Efe that money is no longer being extorted from drivers, at least not on the route where his buses operate.
La Prensa Latina: https://www.laprensalatina.com/el-salvador-to-mark-1-year-anniversary-of-controversial-state-of-emergency/3
El primer aniversario del polémico estado de excepción
Implementado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y renovado por un período adicional de 30 días en 12 ocasiones, cuenta con el apoyo de gran parte de la población y es responsable de la enorme popularidad del presidente Nayib Bukele.
Gracias a su ofensiva contra las pandillas del país, Bukele tiene actualmente una tasa de aprobación del 86 por ciento, la más alta de todos los líderes latinoamericanos, según una reciente encuesta de CID Gallup.
Su popularidad también parece no haber sido afectada por una avalancha de acusaciones de violaciones de derechos humanos emitidas por organizaciones de vigilancia con sede tanto en El Salvador como en el extranjero.
En otra encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana, el 75,9 por ciento de los ciudadanos salvadoreños dijo que apoyaba la medida, aunque la mitad de la población afirmó que no resolvería el problema de las pandillas.
Desde el inicio del estado de excepción, se han detenido a casi 66.000 personas con conexiones a pandillas, alrededor de 4.500 de las cuales han sido liberadas mientras sus casos penales siguen pendientes, informó el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, a Efe.
Sin embargo, las familias de muchos detenidos aseguran que sus seres queridos eran ciudadanos respetuosos de la ley, mientras que organizaciones de derechos humanos y la oficina del defensor nacional han recibido miles de quejas sobre detenciones arbitrarias y decenas de detenidos han muerto.
Una recién inaugurada prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde se han trasladado a miles de presuntos miembros de pandillas, ha generado más críticas, con el presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro calificándola de “campo de concentración”.
Villatoro dijo que 10 de los 15 líderes de la pandilla Mara Salvatrucha, conocida comúnmente como MS-13, han sido arrestados y enfrentan procesos judiciales.
Agregó que las tres principales pandillas salvadoreñas (MS-13 y las dos facciones rivales de la Barrio 18: Sureños y Revolucionarios) ya no funcionan como empresas criminales.
“Lo que queda son aquellos escondidos de la justicia, que ya no pueden… controlar distritos, comunidades o vecindarios y están huyendo en áreas rurales”, dijo.
Celia Medrano, experta en derechos humanos salvadoreña y ex candidata a la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo a Efe que las pandillas “como las conocía El Salvador… ya no se verán más en el país”.
Sin embargo, afirmó que las élites dentro de esas organizaciones criminales se han “transformado, se han vuelto más sofisticadas y han desarrollado nuevas organizaciones”.
Además de una reducción en los homicidios desde el inicio del estado de excepción, con un total de 496 asesinatos registrados el año pasado en El Salvador, en comparación con los 1,147 en 2021, Villatoro destacó una disminución en el delito de extorsión.
“Ese impacto (la recolección de pagos de extorsión) que existía en nuestros pueblos, en las comunidades, en las áreas productivas, como los mercados, digamos que se ha ido en un 98 por ciento”, dijo el ministro de Justicia.
“Entre 1.5 mil millones y 2 mil millones de dólares no están yendo a manos de estos terroristas”, agregó, señalando que los residentes en muchos distritos tenían que pagar para entrar y salir antes de que entrara en vigor el estado de excepción.
En referencia a la disminución de la delincuencia, afirmó que se ha devuelto una sensación de tranquilidad y un “ambiente de alegría, libertad” a las comunidades después de que “más de 120,000 salvadoreños fueron asesinados en tres décadas”.
Villatoro también dijo que la medida ha tenido un impacto en la capacidad de las pandillas para vender y distribuir drogas en todo el país.
Un empresario que posee tres vehículos de transporte público, por su parte, confirmó a Efe que ya no se les extorsiona a los conductores, al menos no en la ruta donde operan sus autobuses.
La Prensa Latina: https://www.laprensalatina.com/el-salvador-to-mark-1-year-anniversary-of-controversial-state-of-emergency/3