Salvadoran general elections are set to take place in February 2024. However, on March 15, 2023, the Salvadoran Legislative Assembly approved the repeal of Article 291-A of the electoral code, which prohibits electoral changes or reforms within a year of elections. This is just the latest backstep in the country among a string of human rights violations brought on by the state of emergency that has been in place for just under a year. President Bukele and his party Nuevas Ideas’ continuous efforts to consolidate power within all branches of government have generated widespread concern about the future of El Salvador’s democracy.
The Legislative Assembly’s decision to repeal Article 291-A opens the door to a myriad of changes in the electoral process, many of which set alarm bells ringing for those who have been observing the elimination of checks and balances in El Salvador, particularly since Bukele announced in September 2022 that he would run for re-election despite the Constitutional ban on consecutive presidential reelection. In 2021, the Supreme Court, which lacks independence, ruled that a consecutive term was allowed. For some analysts, the risks regarding the change to the electoral code include a series of reforms that are likely to be introduced, including:
- Bukele has publicly stated his intention to reduce the number of municipalities from 262 to 50. While it is unknown whether this reform will be introduced or not, many assure that this is a strategy to further concentrate power. By reducing the number of legislators and municipalities, Bukele would be able to limit the power of municipalities in which he doesn’t have as much public approval and merge them with districts where his Nuevas Ideas party has more support, giving the impression that the entirety of the country supports him.
- In October 2022, the legislature approved the Law on Voting Abroad to allow Salvadorans to vote outside of the country. However, one important piece of this legislation is that all votes abroad will count for the Department of San Salvador which has the highest number of undecided legislative seats, regardless of the department of origin of the Salvadoran voters.
These actions aim to do away with electoral transparency, concentrate power, and ultimately undermine El Salvador’s democracy. Since Bukele purged the judiciary in 2021 and declared a de-facto permanent state of emergency in 2022, the human rights situation and democratic governance have further eroded.
In a country where international democratic and human rights standards are being rejected right and left, the importance of the international community’s involvement to protect civil and political rights is crucial. Given that changes are being made to the rules of the electoral process less than a year out from the elections, it is imperative that electoral observation and monitoring begin promptly, especially on the pre-electoral conditions.
The OAS and the European Union must pay close attention to the changes underway and those that will unfold in the lead up to the elections. They should engage with El Salvador’s government, particularly with the Electoral Tribunal, and propose in-country electoral observation missions in order to ensure a comprehensive analysis of the electoral process, including the conditions prior to the election, as well as its aftermath and election day itself.
In the run-up to these elections, the United States and others in the international community should also offer political and financial support for civil society and independent journalists that oversee the elections, promote the rule of law, and protect civil and political rights for Salvadorans.
WOLA: https://www.wola.org/2023/03/electoral-reforms-el-salvador-consolidation-of-power/
Reformas electorales en El Salvador allanan el camino para una mayor consolidación del poder
Las elecciones generales de El Salvador están programadas para febrero de 2024. Sin embargo, el 15 de marzo de 2023, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la derogación del artículo 291-A del código electoral, que prohíbe cambios o reformas electorales dentro del año previo a las elecciones. Este es solo el último retroceso en el país entre una serie de violaciones de derechos humanos provocadas por el estado de emergencia que ha estado vigente durante casi un año. Los continuos esfuerzos del presidente Bukele y su partido Nuevas Ideas para consolidar el poder en todas las ramas del gobierno han generado una gran preocupación sobre el futuro de la democracia en El Salvador.
La decisión de la Asamblea Legislativa de derogar el artículo 291-A abre la puerta a una serie de cambios en el proceso electoral, muchos de los cuales hacen sonar alarmas para aquellos que han estado observando la eliminación de controles y equilibrios en El Salvador, especialmente desde que Bukele anunció en septiembre de 2022 que se postularía para la reelección a pesar de la prohibición constitucional sobre la reelección presidencial consecutiva. En 2021, la Corte Suprema, que carece de independencia, dictaminó que se permitía un mandato consecutivo. Para algunos analistas, los riesgos con respecto al cambio en el código electoral incluyen una serie de reformas que probablemente se introducirán, entre ellas:
- Bukele ha manifestado públicamente su intención de reducir el número de municipios de 262 a 50. Si bien se desconoce si esta reforma se introducirá o no, muchos aseguran que esta es una estrategia para concentrar aún más el poder. Al reducir el número de legisladores y municipios, Bukele podría limitar el poder de los municipios en los que no tiene tanto apoyo público y fusionarlos con distritos donde su partido Nuevas Ideas tiene más respaldo, dando la impresión de que todo el país lo apoya.
- En octubre de 2022, la legislatura aprobó la Ley de Voto en el Exterior para permitir que los salvadoreños voten fuera del país. Sin embargo, un aspecto importante de esta legislación es que todos los votos en el extranjero contarán para el Departamento de San Salvador, que tiene el mayor número de escaños legislativos indecisos, independientemente del departamento de origen de los votantes salvadoreños.
Estas acciones buscan eliminar la transparencia electoral, concentrar el poder y, en última instancia, socavar la democracia de El Salvador. Desde que Bukele depuró el poder judicial en 2021 y declaró un estado de emergencia de facto permanente en 2022, la situación de los derechos humanos y la gobernanza democrática se han deteriorado aún más.
En un país donde se rechazan las normas internacionales de democracia y derechos humanos, es crucial la participación de la comunidad internacional para proteger los derechos civiles y políticos. Dado que se están realizando cambios en las reglas del proceso electoral a menos de un año de las elecciones, es imperativo que la observación y el monitoreo electoral comiencen de inmediato, especialmente en las condiciones previas a las elecciones. La OEA y la Unión Europea deben prestar especial atención a los cambios en curso y aquellos que se desarrollarán en la antesala de las elecciones. Deberían relacionarse con el gobierno de El Salvador, particularmente con el Tribunal Electoral, y proponer misiones de observación electoral en el país con el fin de garantizar un análisis integral del proceso electoral, incluidas las condiciones previas a la elección, así como las consecuencias y el día de las elecciones en sí.
En la antesala de estas elecciones, Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional también deberían ofrecer apoyo político y financiero a la sociedad civil y a periodistas independientes que supervisen las elecciones, promuevan el estado de derecho y protejan los derechos civiles y políticos de los salvadoreños.
WOLA: https://www.wola.org/2023/03/electoral-reforms-el-salvador-consolidation-of-power/