El Salvador is living under a permanent regime of suppression of some constitutional guarantees, which, according to experts, is based on the different reforms to the penal legislation that have been approved in parallel by Nayib Bukele’s deputies as they extend the validity of the state of exception for almost a year now.
In this sense, specialists point out that the legislative body is responsible for creating the conditions for the constant violation of the human rights of Salvadorans.
This is to the recent report from the United States that highlights “numerous reports” of arbitrary arrests, unfair judicial processes, disappearances, and deaths at the hands of El Salvador’s law enforcement since the state of exception was implemented.
Regarding this, Celia Medrano, human rights defender, stated that “in reality, we should stop talking about a state of exception in the country since it has nothing exceptional anymore.” “It is a regime, but not a state of exception,” she emphasized.
Medrano pointed out that the report “does not delve into the fact that currently the conditions have been created to permanently maintain the legal and operational structure that supports these violations and guarantees the impunity of those responsible for a state policy of violating human rights.”
Meanwhile, lawyer and communicator Mauricio Maravilla emphasized the compromised judicial independence and the penal reforms that have occurred in the last year.
Regarding the second point, he said that the current Legislative Assembly is characterized by “hyperactivity or hyper-productivity in legislation.” This is about approving decrees with new laws and reforms to existing ones “in an accelerated and uninformed manner.” “This is serious because they are promoting a reengineering of the Salvadoran legal system that we don’t know where it is taking us,” he warned.
In this regard, the lawyer noted that since March 27 of last year, when the Exceptional Regime came into force, there have been about 20 reforms in penal matters alone, which basically “have made the suspension of rights regime viable.”
In his opinion, such amendments prepare the conditions so that if the state of exception ceases to be in force, “the secondary legislation would create similar conditions to those of the regime.”
As an example, he mentioned the reforms to the Special Law for the Intervention of Telecommunications (LEIT), which open the possibility of intervening in the private communication of any person by changing the requirements for intervention requests.
Régimen de excepción se sostiene en reformas penales que violan derechos humanos
El Salvador vive bajo un régimen permanente de supresión de algunas garantías constitucionales que, según expertos, se asienta en las diferentes reformas a la legislación penal que paralelamente han ido aprobando los diputados de Nayib Bukele al prorrogar la vigencia del régimen de excepción desde hace casi un año.
En ese sentido, especialistas señalan que el órgano legislativo es el responsable de crear las condiciones para que se sigan ejecutando constantemente las violaciones a los derechos humanos de los salvadoreños.
Esto en relación al reciente informe de los Estados Unidos donde se señalan “numerosos reportes” de arrestos arbitrarios, procesos judiciales injustos, desapariciones y muertes a mano de las fuerzas del orden de El Salvador desde que se implementó el Estado de excepción.
Al respecto, Celia Medrano, defensora de derechos humanos, manifestó que “en realidad debe desistirse de seguir hablando de régimen de excepción en el país, puesto que de excepcionalidad ya no tiene nada”. “Si es un régimen, pero no es un régimen de excepción”, recalcó.
De hecho, Medrano destacó que dicho informe “no profundiza en que actualmente se han construido las condiciones para mantener permanentemente la estructura legal y operativa que sostiene estas violaciones y garantiza la impunidad de quienes son responsables desde una política de Estado de violar derechos humanos”.
Por su parte, el abogado y comunicador, Mauricio Maravilla, hizo énfasis en la comprometida independencia judicial y en las reformas en materia penal que se han registrado en el último año.
Sobre el segundo punto, manifestó que la actual Asamblea Legislativa se ha caracterizado por una “hiperactividad o hiperproductividad legislativa”. Esto en referencia a la aprobación de decretos con nuevas leyes y reformas a las actuales, “de manera acelerada e inconsulta”. “Esto es grave porque están propiciando una reingeniería del ordenamiento jurídico salvadoreño que no sabemos hacia dónde nos está llevando”, advirtió.
En esa dirección, el abogado remarcó que desde el 27 de marzo del año pasado, que entró en vigente el Régimen de Excepción, solo en materia penal se han registrado cerca de 20 reformas, que básicamente “han dado viabilidad al régimen de suspensión de derechos”.
A su juicio, tales enmiendas están preparando las condiciones para que, si el estado de excepción deja de estar vigente, “la legislación secundaria propicie condiciones similares a las del régimen”.
Como ejemplo mencionó las reformas a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT), que abren la posibilidad a intervenir la comunicación privada de cualquier persona al cambiar los requisitos de la solicitud de intervención.