For decades, Salvadorans have faced egregious gang violence and successive governments unable or unwilling to ensure safety in people’s everyday lives. No wonder many support President Nayib Bukele when, during his administration, the rates of homicide and extortion have apparently decreased significantly. But neither Bukele, nor his followers at home, nor his growing fan club in the region are willing to seriously debate the price of his policies, whether they are sustainable, and the consequences of dismantling the country’s democratic institutions.
March 27 is the one-year anniversary of El Salvador’s state of emergency, initially put in place for 30 days to address a spike in gang violence. Since then, police and soldiers have arrested more than 65,000 people, including hundreds of children.
Extortion, which entrenched gangs’ territorial control, has reportedly decreased. Homicides, which have been decreasing since 2015, have fallen further, with official figures indicating a rate of 7.8 homicides per 100,000 people in 2022. Although changes in the ways killings are counted make it harder to estimate the true extent of the reduction, few people doubt that the rate of killings in El Salvador, once among the highest in the world, has diminished.
Leaders in the region may have been hesitant to speak up for several reasons. One is Bukele’s popularity. Another is that many leaders are struggling to effectively address violence and organized crime in their countries. Criticizing someone for policies that appear to provide a popular and seemingly easy “fix” to one of Latin America’s key concerns, and proposing an alternative that addresses complex root causes of violence, may seem politically unattractive.
Foreign governments should press, privately and publicly, to strengthen judicial independence. They should also increase support to Salvadoran independent journalists and civil society groups, which are virtually the sole check on the president’s abuse of power.
Full text available in English…
Americas Quarterly: https://www.americasquarterly.org/article/countering-el-salvadors-democratic-backsliding/
Contestando al retroceso democrático de El Salvador
Durante décadas, los salvadoreños han sufrido violencia atroz cometida por pandillas. Sucesivos gobiernos han sido incapaces o no han querido garantizar la seguridad en la vida diaria de las personas. En este contexto, la popularidad del presidente Nayib Bukele no resulta sorprendente dado que su gobierno ha logrado una reducción significativa de la tasa de homicidios y las extorsiones. Pero ni Bukele, ni sus seguidores en el país, ni su creciente club de fans en la región están dispuestos a debatir seriamente el costo de sus políticas, si estas son sostenibles y cuáles son las consecuencias del desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país.
El 27 de marzo se cumple un año del régimen de excepción en El Salvador, inicialmente adoptado por 30 días para hacer frente a un aumento de la violencia de las pandillas. Desde entonces, la policía y los militares han detenido a más de 65.000 personas, incluyendo a cientos de niños y niñas.
Se ha reportado que la extorsión, que afianzaba el control territorial de las pandillas, ha disminuido. Los homicidios, que venían decreciendo progresivamente desde 2015, se han reducido aún más, alcanzando una tasa de 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, según cifras oficiales. Aunque los cambios en la forma en que se contabilizan los asesinatos hacen difícil estimar el verdadero alcance de la reducción, pocas personas dudan que la tasa de homicidios en El Salvador, que era de las más altas del mundo, ha disminuido.
Hay varios motivos que explican por qué los lideres de la región son reticentes a condenar estos retrocesos. Uno es la popularidad de Bukele. Otra razón es que muchos gobernantes están luchando por abordar de manera efectiva la violencia y el crimen organizado en sus países. Criticar a alguien por políticas que parecen brindar una solución popular y aparentemente fácil a uno de los principales problemas que atraviesan a América Latina, y proponer una alternativa que aborde las complejas causas estructurales de la violencia, puede parecer poco atractivo políticamente.
Los gobiernos extranjeros deberían presionar, en privado y en público, para fortalecer la independencia judicial en el país. También deberían aumentar el apoyo a los periodistas salvadoreños independientes y a la sociedad civil, que son prácticamente el único freno al abuso de poder del presidente Bukele.
Americas Quarterly: https://americasquarterly.org/article/contestando-al-retroceso-democratico-de-el-salvador/