Last Thursday, the Supreme Court of Justice (CSJ) froze the extradition of Hugo Armando Quinteros Mineros, alias “Flaco” (Skinny,) one of the historic leaders of the Mara Salvatrucha in El Salvador, grouped in the “Ranfla Nacional,” who is wanted by the United States to be tried for acts of terrorism.
According to sources close to the case, the plenary of the Supreme Court of El Salvador considered that Quinteros Mineros must first pay the 14-year prison sentence that was imposed the day before by the Specialized Sentencing Court of San Miguel for the crime of terrorist organizations.
This newspaper contacted the president of the Supreme Court of Justice, Óscar López Jerez, to find out the official position on the Quinteros Mineros case. Still, the official read the messages sent to his cell phone but did not respond. He did not answer the calls to his cell phone either.
This is the second extradition that the magistrates of the CSJ, with a majority sympathetic to the administration of President Nayib Bukele, decided to freeze after the extradition of Armando Eliú Melgar Díaz, alias “Blue,” another MS-13 leader wanted by a US federal court, was also put on hold last year.
The extradition of Melgar Díaz, the first Salvadoran gang member requested to be tried for terrorism in the United States, began to present obstacles in 2021, when the Full Court decided to halt the extradition on June 10 of that year, despite the US government’s offer to comply with the rights established in the Salvadoran Constitution. The Court, at the request of Magistrate José Ángel Pérez Chacón, argued that the decision required “further constitutional analysis.
Months later, Salvadoran authorities requested that “Blue” first settle a pending criminal process in El Salvador before being extradited, for which he was sentenced to 39 years in prison in September 2022, three days short of completing two years after being requested by the United States, the maximum time granted by Salvadoran law for this process.
CSJ congela extradición de influyente cabecilla de MS-13
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) congeló el jueves pasado la extradición de Hugo Armando Quinteros Mineros, alias “Flaco”, uno de los jefes históricos de la Mara Salvatrucha de El Salvador, agrupados en la “Ranfla Nacional”, que Estados Unidos reclama para juzgarlo por actos de terrorismo.
Según fuentes cercanas al caso, el pleno de la Corte Suprema de El Salvador consideró que Quinteros Mineros debe pagar primero la condena de 14 años de prisión que fue impuesta un día antes por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel por el delito de organizaciones terroristas.
Este periódico contactó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, para conocer la postura oficial sobre el trámite de Quinteros Mineros; pero el funcionario leyó los mensajes que le fueron enviados a su celular pero no respondió. Tampoco contestó las llamadas a su móvil.
Se trata de la segunda extradición que los magistrados de la CSJ, de mayoría afín a la administración del presidente Nayib Bukele, deciden congelar después que el año pasado fuera puesto también en suspenso el envío a suelo estadounidense de Armando Eliú Melgar Díaz, alias “Blue”, otro cabecilla de la MS-13 reclamado por una corte federal de EUA.
La extradición de Melgar Díaz, el primer pandillero salvadoreño pedido para ser juzgado por terrorismo en Estados Unidos, empezó a presentar obstáculos en 2021, cuando la Corte Plena decidió frenar la extradición el 10 de junio de ese año, pese a que el gobierno estadounidense ofreció cumplir con los derechos que establece la Constitución salvadoreña. La Corte, a petición del magistrado José Ángel Pérez Chacón, argumentó que la decisión al respecto requería “mayor análisis constitucional”.
Meses después, las autoridades salvadoreñas solicitaron que “Blue” saldara primero un proceso penal pendiente en El Salvador antes de ser extraditado, por lo que fue condenado a 39 años de prisión en septiembre de 2022, a falta de tres días para cumplir los dos años de haber sido solicitado por Estados Unidos, tiempo máximo que otorga la legislación salvadoreña para ese trámite.