The situation of violence and citizen security in Honduras, Guatemala and El Salvador has been one of the main challenges to human rights and democratic governance for decades in these countries. Crime rates, including homicides and femicides, are among the highest in the region. The causes of violence and its perpetrators – which include state agents – are complex, as both organized crime and gangs are structures that have become sophisticated and strengthened over time.
For years, the state’s response to the scourge of violence has been to promote punitive policies of repression known as “mano dura” (iron fist) rather than comprehensive prevention that, through justice, would reduce impunity and create safe environments for the population. During the times of supposed strengthening and professionalization of the security forces in each country, there have still been failures and improvements have not been sustainable; these bodies have been plagued by internal corruption, insufficient training programs, and the continuation of abuses perpetrated by members of state security forces.
Governments in northern Central America, characterized by fragile institutions and lack of compliance with international human rights standards, have failed to provide effective and sustainable responses. In this context, limiting constitutional guarantees such as freedom of movement, the right to association, and due process has been the populist model adopted on a permanent basis.
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WOLA: https://www.wola.org/analysis/states-of-exception-new-security-model-central-america/
Estados de Excepción: ¿El nuevo modelo de seguridad en Centroamérica?
La situación de violencia y seguridad ciudadana en Honduras, Guatemala y El Salvador ha sido uno de los principales desafíos para los derechos humanos y la gobernabilidad democrática durante décadas en estos países. Las tasas de criminalidad, incluyendo homicidios y feminicidios, se encuentran entre las más altas de la región. Las causas de la violencia y sus autores -entre los que se incluyen agentes del Estado- son complejas, ya que tanto el crimen organizado como las bandas son estructuras que se han sofisticado y fortalecido con el tiempo.
Durante años, la respuesta del Estado al flagelo de la violencia ha sido promover políticas punitivas de represión conocidas como “mano dura” en lugar de una prevención integral que, a través de la justicia, redujera la impunidad y creara entornos seguros para la población. Durante los tiempos de supuesto fortalecimiento y profesionalización de las fuerzas de seguridad en cada país, se han presentado fallas y las mejoras no han sido sostenibles; estos cuerpos han estado plagados de corrupción interna, insuficientes programas de capacitación y la continuación de abusos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Los gobiernos del norte de Centroamérica, caracterizados por la fragilidad de sus instituciones y la falta de cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, no han logrado dar respuestas efectivas y sostenibles. En este contexto, la limitación de garantías constitucionales como la libertad de circulación, el derecho de asociación y el debido proceso ha sido el modelo populista adoptado de forma permanente.
WOLA: https://www.wola.org/analysis/states-of-exception-new-security-model-central-america/