In the last two years especially, a worrying trend identified in this report is the capture of public institutions and a co-opted judiciary, which have lost their independence through unregulated reforms and arbitrary appointments of officials close to the ruling party. Ever-increasing restrictions of access to information, freedom of the press and retaliation towards anyone who speaks out against the state, are also cause for grave concern. Even in the production of this report, the researchers faced threats and intimidation. The seven high-level cases of alleged money laundering or embezzlement against three former Presidents (see the Saca González, Funes Cartagena and Flores Pérez cases) and four other heads of public institution, three of which have resulted in convictions with the others still pending, speak volumes about the level of state capture in the country.
Lacking a national anti-corruption strategy, there is no inter-institutional coordination on the prevention of corruption and little progress has been made in this regard, despite the existence of the so-called Inter-Institutional Anti-Corruption Working Group. While some institutions have internal “Integrity and Open Government Policies” in place, most do not and none of them carry out periodic evaluations to determine the effectiveness of their activities. The Supreme Court of Justice developed a “Corruption Prevention Strategy for the Judicial Branch” with the support of UNODC and the International Narcotics and Law Enforcement Assistance Office (INL) in 2019, which, nevertheless, has not yet been implemented due to the Covid-19 pandemic. Its completion is envisioned for 2023. Following shrinking civic space reported by civil society organizations, El Salvador was declared inactive by the Open Government Partnership.
The official UNCAC review process in El Salvador was scheduled to begin in 2020, with Guyana and Malta as peer-reviewing countries. No information is available to civil society on the status of the review, nor is there any indication of it on El Salvador’s UNODC country profile page.
For all the detailed findings, read the full civil society report in Spanish. A translated English version of the report is also available.
UNCAC Coalition: https://uncaccoalition.org/uncacparallelreportelsalvador/
Nuevo informe de la sociedad civil sobre El Salvador: restablecer la independencia de las instituciones públicas y el poder judicial y revertir las recientes tendencias de restricción del espacio cívico es una necesidad urgente para combatir la corrupción
Especialmente en los últimos dos años, una tendencia preocupante identificada en este informe es la captura de las instituciones públicas y un poder judicial cooptado, que han perdido su independencia a través de reformas no reguladas y nombramientos arbitrarios de funcionarios cercanos al partido gobernante. Las crecientes restricciones al acceso a la información, la libertad de prensa y las represalias contra quienes denuncian al Estado son también motivo de gran preocupación. Incluso durante la elaboración de este informe, los investigadores se enfrentaron a amenazas e intimidaciones. Los siete casos de alto nivel de presunto blanqueo de dinero o malversación de fondos contra tres ex presidentes (véanse los casos Saca González, Funes Cartagena y Flores Pérez) y otros cuatro jefes de instituciones públicas, tres de los cuales han dado lugar a condenas y los otros siguen pendientes, hablan por sí solos del nivel de captura del Estado en el país.
A falta de una estrategia nacional anticorrupción, no existe coordinación interinstitucional en la prevención de la corrupción y poco se ha avanzado en este sentido, a pesar de la existencia del llamado Grupo de Trabajo Interinstitucional Anticorrupción. Si bien algunas instituciones cuentan con “Políticas de Integridad y Gobierno Abierto” internas, la mayoría no las tiene y ninguna de ellas realiza evaluaciones periódicas para determinar la efectividad de sus actividades. La Corte Suprema de Justicia desarrolló una “Estrategia de Prevención de la Corrupción para el Poder Judicial” con el apoyo de UNODC y la Oficina Internacional de Asistencia para la Aplicación de la Ley (INL) en 2019, la cual, sin embargo, aún no ha sido implementada debido a la pandemia de Covid-19. Su finalización está prevista para 2023. A raíz de la reducción del espacio cívico denunciada por organizaciones de la sociedad civil, El Salvador fue declarado inactivo por la Alianza para el Gobierno Abierto.
El proceso oficial de revisión de la CNUCC en El Salvador estaba previsto que comenzara en 2020, con Guyana y Malta como países revisores. No hay información disponible para la sociedad civil sobre el estado de la revisión, ni hay ninguna indicación al respecto en la página de perfil de país de la ONUDD de El Salvador.
Para conocer todas las conclusiones detalladas, lea el informe completo de la sociedad civil en español.También está disponible una versión traducida del informe al inglés.
UNCAC Coalition: https://uncaccoalition.org/uncacparallelreportelsalvador/