Elbin Hernandez’s problems with the police began in 2012 when he was a minor, and a group of agents intercepted him, demanding that he provide them with information about gang members in his community; when the young man refused, his family claimed that the police began to harass him.
Elbin Hernández is not the victim’s real name but the pseudonym with which the person was identified in the report on human rights violations during the emergency regime carried out by Cristosal and Human Right Watch.
A family member decided to denounce the police officers before the Human Rights Ombudsman’s Office; one of them was temporarily dismissed from his duties, and the harassment ceased for some time.
However, when Hernández turned 18, the same police officer showed up at his home with an arrest warrant accusing him of homicide. The family reports that he was detained in prison for three years until he was acquitted of the crime.
Days after the emergency regime began, the police arrived again looking for Hernández and threatened to arrest him, so he was forced to flee for fear of arbitrary detention.
Hernández’s case is one of the 2,237 people who have been victims of forced internal displacement in the last three years, according to the complaints handled by Cristosal, the Human Rights Institute of the UCA (Idhuca), and the Passionist Social Service (SSPAS).
Acoso de autoridades también causa desplazamiento forzado
Los problemas de Elbin Hernández con la Policía comenzaron en el 2012, cuando él era menor de edad y un grupo de agentes lo interceptó exigiendo que les proporcionará información sobre los pandilleros de su comunidad; ante la negativa del joven, su familia asegura que los policías comenzaron a acosarlo.
Elbin Hernández no es el nombre real de la víctima sino el seudónimo con que se identificó a la persona en la denuncia del informe de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, realizado por Cristosal y Human Right Watch.
Un familiar decidió denunciar a los policías ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; uno de ellos fue desvinculado temporalmente de sus labores, y el acoso cesó por algún tiempo.
Sin embargo, cuando Hernández cumplió 18 años, el mismo policía se presentó en su vivienda con una orden de captura acusándolo de homicidio. La familia relata que estuvo detenido dentro de un penal durante tres años, hasta que fue absuelto por el delito.
Días después que inició el régimen de excepción, la Policía llegó nuevamente a buscar a Hernández y amenazó con detenerlo, por lo que se vio obligado a huir ante el temor de una detención arbitraria.
El caso de Hernández es uno de las 2,237 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno en los últimos tres años, según las denuncias atendidas en Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).