Ensuring that all cases of death in custody are investigated promptly, impartially, and independently was one of the recommendations made by the Committee Against Torture of the United Nations (UN) to the Salvadoran State at the end of November 2022. Still, this is not happening almost three months later, according to social organizations and human rights defenders.
Specialists maintain that the prison situation during the emergency regime does not seem to have improved and may even have worsened during the last few months, as the deaths of prisoners with signs of torture continue to occur.
Stanley Quinteros, a representative of Socorro Jurídico Humanitario, assures that torture still occurs in the country’s penitentiaries and specifically in people who have been captured arbitrarily.
He added that the State does not conduct investigations of the acts of violence inside the prisons and that, on the contrary, information is being concealed. “There is no investigation on the part of the State institutions regarding the acts of violence inside the prisons; on the contrary, there is complicity in not revealing the true information and investigating the facts in-depth,” questioned Quinteros.
Alejandro Díaz, lawyer of the Human Rights Association Tutela Legal “María Julia Hernández,” agrees that the acts of violence and death in the prisons are not being investigated “since they continue to be committed and there are no trials and sanctions for the officials who have committed them.”
The UN Committee asked the Salvadoran State to provide a report on compliance with the recommendations by November 25, 2023, and to provide plans for their implementation. But social organizations such as Cristosal and the Passionist Social Service, which participated in the UN review in Geneva, Switzerland, have already warned that it is not okay to wait a year for the implementation of the measures, as it seems it will be done.
They favor torture
Celia Medrano, human rights defender, explained that the State must submit this report and that it “must state what measures have been taken to investigate, punish those responsibly and make reparations to the victims and relatives of victims of torture and cruel, inhuman or degrading treatment.”
Medrano stressed that from the moment the government allows torture environments in prisons as “instructive measures as part of a discourse of punitive populism,” it would deny the reality concerning homicides inside prisons. “Rather, it favors that more such acts occur with impunity without officially registering them as homicides,” she said.
Alejandro Díaz also mentioned that during the hearing held last November, the Salvadoran government avoided answering in detail the questions made about the situation of the exception regime and maintains that so far, no one in the administration has presented plans and mechanisms to respond to the denunciations of torture that have been made.
“Nor has transparent information been provided, and it is understood that there is an underreporting of double the number of homicide cases in the Penitentiary Centers,” he said. This underreporting would be around 200 dead inmates, according to the organizations.
Medrano pointed out that it is wrong to continue talking about an “exceptionality” with this security measure almost a year after the exception regime was in force.
“It is almost a year of a permanent regime of suspension of constitutional guarantees and disrespect for human rights. He considered a regime that has legitimized the practice of torture and cruel, inhuman, and degrading treatment”.
Recomendaciones de la ONU contra tortura en cárceles salvadoreñas no han sido atendidas
Asegurar que todos los casos de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial e independiente fue una de las recomendaciones que hizo el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado salvadoreño a finales de noviembre de 2022, pero casi tres meses después eso no está sucediendo, según organizaciones sociales y defensores de derechos.
Especialistas sostienen que la situación al interior de las cárceles durante el régimen de excepción parece no haber mejorado y que incluso pudo empeorar durante los últimos meses, pues las muertes de privados de libertad con signos de tortura siguen generándose.
Stanley Quinteros, representante de Socorro Jurídico Humanitario, asegura que las torturas aún ocurren en los centros penitenciarios del país y específicamente en personas que han sido capturadas de forma arbitraria.
Agregó que el Estado no realiza investigaciones de los hechos de violencia al interior de las cárceles y que al contrario, se está ocultando información al respecto. “No hay investigación de parte de las instituciones del Estado referente a los hechos de violencia dentro de los centros penales, por el contrario, hay complicidad para no revelar la verdadera información e investigar a profundidad los hechos”, cuestionó Quinteros.
Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “María Julia Hernández”, coincide en que no se están investigando las acciones de violencia y muerte en las prisiones, “puesto que se continúan cometiendo y no hay juicios y sanciones a los funcionarios que las han cometido”.
El Comité de la ONU solicitó al Estado salvadoreño que proporcione un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones a más tardar el 25 de noviembre de 2023 y que proporcione los planes para su aplicación. Pero organizaciones sociales como Cristosal y el Servicio Social Pasionista, que participaron en la revisión que hizo la ONU en Ginebra, Suiza, ya han advertido que no es necesario esperar un año para la implementación de las medidas, como al parecer se hará.
Favorecen torturas
Celia Medrano, defensora de derechos humanos, detalló que el Estado debe rendir ese informe y que el mismo “debe plantear qué medidas se han tomado para investigar, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas y familiares de víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Medrano recalcó que desde el momento que el gobierno permite entornos de tortura en las cárceles como “medidas aleccionadoras como parte de un discurso de populismo punitivo” estaría negando la realidad con respecto a homicidios al interior de las cárceles. “Más bien favorece que ocurran impunemente más hechos de este tipo sin ni siquiera registrarlos oficialmente como homicidios”, indicó.
Alejandro Díaz también mencionó que durante la audiencia celebrada en noviembre pasado el gobierno salvadoreño evadió responder detalladamente a los cuestionamientos hechos sobre la situación del régimen de excepción y sostiene que hasta el momento nadie en la administración ha presentado planes y mecanismos de respuesta a denuncias de tortura que se han realizado.
“Tampoco se ha brindado información transparente y se entiende que hay un subregistro del doble de casos de homicidios en los Centros Penales”, señaló. Ese subregistro rondaría los 200 reos muertos, según consideran las organizaciones.
Medrano fue enfática al señalar que a casi a un año de vigencia del régimen de excepción resulta equivocado seguir hablando de una “excepcionalidad” con esa medida de seguridad.
“Se trata de casi un año de vigencia de un régimen ya permanente de suspensión de garantías constitucionales y de irrespeto a derechos humanos. Un régimen que ha legitimado la práctica de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, consideró.