How Nayib Bukele’s current Attorney General protected a Salvadoran drug lord — Cómo el actual Fiscal General de Nayib Bukele protegió a un capo narco salvadoreño

Feb 6, 2023

Rodolfo Delgado, the head of the Attorney General's Office appointed by El Salvador's president, was head of the organized crime unit that decided not to investigate "Chepe Diablo" despite clear indications of money laundering. — Rodolfo Delgado, el titular del Ministerio Público designado por el presidente de El Salvador, era jefe de la unidad de crimen organizado que decidió no investigar a “Chepe Diablo” a pesar de los claros indicios de lavado de dinero

Jose Adan Salazar Umaña, “Chepe Diablo,” as he is known to the police and his oldest friends, is a free man. Free as he was at the beginning of the century when he built one of the most important and longest-lasting drug trafficking and money laundering enclaves in Central America. Metapan, in the northwest of El Salvador. Chepe Diablo is free because Salvadoran prosecutors never investigated the evidence of money laundering uncovered by U.S. anti-drug agents and investigators from the local finance ministry.

One of those who failed to investigate Salazar Umaña is Rodolfo Delgado, El Salvador’s current attorney general, who, since he was illegally appointed to the post in May 2021 by President Nayib Bukele’s deputies, has favored cases and investigations in which political adversaries of the ruling party are named and has made those that implicate the president and his collaborators disappear.

Salazar Umaña’s activities began to attract the attention of US anti-drug agents deployed in Central America in the late 2000s. By then, the US Drug Enforcement Administration (DEA) had mapped out two major cocaine trafficking routes in El Salvador: the eastern route, through the Gulf of Fonseca on the Pacific coast, which linked the maritime and land flows from Nicaragua, Honduras, and Costa Rica with the Pan-American Highway in Salvadoran territory; and the western route, where the eastern road converges with those that feed the traffic from southern Honduras and Guatemala. Chepe Diablo’s organization, by then known as the Texis Cartel, controlled the western route.

By 2014, the Treasury Ministry’s Criminal Tax Investigation Unit had detected that Salazar Umaña’s companies were evading taxes and that the kingpin and his associates were moving large amounts of money through national banks, mainly through Banco Promérica, one of whose employees were eventually sanctioned for omitting security protocols in more than 80 accounts related to the kingpin’s companies. On May 30 of that year, based in part on the investigations of the Salvadoran Executive, the United States Treasury Department included Salazar Umaña in the relevant list of drug lords in the world.

Salvadoran prosecutors began a formal investigation for tax evasion that led to Salazar Umaña’s arrest in May 2017. But the capo was only in jail for eight months: the Salvadoran justice system released him after he paid his debt to the Treasury and a bond, some USD 300,000.

The Salvadoran Public Ministry then tried to convert the case against Chepe Diablo into a money laundering case. Still, it was too late: three chief prosecutors at the time, including the current attorney general of El Salvador, had ensured that the indications of money laundering warned by the Treasury did not become solid evidence against Salazar Umaña by delaying the investigations and freezing the inquiries with tricks that ranged from not requesting documents from tax investigators in time, to claim that there were no meeting rooms with enough space to hold the files of records in the prosecutor’s office, according to official communications in possession of Infobae.

And Salazar Umaña, now a free man, has plenty of friends in Bukele’s government. In addition to Delgado, Chepe Diablo has made good friends with Herbert Saca, the political operator with whom he financed electoral campaigns and who is close to Gustavo Villatoro, the current Security Minister. One of his defenders, lawyer Miguel Flores Durel, is now a Supreme Court magistrate and a Bukele loyalist. And Hector Mendoza Cordero, a National Police commissioner accused of being an accomplice of the Texis Cartel led by Chepe Diablo, is now a police attaché at the Salvadoran consulate in Los Angeles.

Infobae: https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/02/05/como-el-actual-fiscal-general-de-nayib-bukele-protegio-a-un-capo-narco-salvadoreno/

Cómo el actual Fiscal General de Nayib Bukele protegió a un capo narco salvadoreño

José Adán Salazar Umaña, “Chepe Diablo” como le conocen la policía y sus amigos más antiguos, es un hombre libre. Libre como lo era a principios de siglo, cuando levantó en Metapán, al noroeste de El Salvador, uno de los enclaves de narcotráfico y lavado de dinero más importantes y duraderos del país centroamericano. Chepe Diablo está libre porque la fiscalía salvadoreña nunca investigó los indicios de blanqueo de fondos que habían descubierto agentes estadounidenses antidrogas e investigadores del ministerio de hacienda local.

Uno de los que omitió investigar a Salazar Umaña es Rodolfo Delgado, el actual fiscal general de El Salvador, quien desde que fue nombrado en el puesto de forma ilegal en mayo de 2021 por diputados del presidente Nayib Bukele ha privilegiado casos e investigaciones en las que aparecen nombrados adversarios políticos del oficialismo y ha hecho desaparecer las que implican al mandatario y sus colaboradores.

Las actividades de Salazar Umaña empezaron a llamar la atención de agentes antidrogas estadounidenses desplegados en Centroamérica justo a finales de los 2000. Para entonces, la Agencia de Control Antidrogas de Estados Unidos (DEA) había mapeado dos grandes rutas de tráfico de cocaína en El Salvador, la oriental, que a través del Golfo de Fonseca en la costa del Pacífico unía los flujos marítimos y terrestres procedentes de Nicaragua, Honduras y Costa Rica con la Carretera Panamericana en territorio salvadoreño; y la occidental, en la que confluyen la ruta oriental y las que alimentan el tráfico desde el sur de Honduras y desde Guatemala. La organización de Chepe Diablo, que para entonces ya era conocida como el Cartel de Texis, controlaba la ruta occidental.

Para 2014, la Unidad de Investigación Penal Tributaria del Ministerio de Hacienda había detectado que las empresas de Salazar Umaña estaban evadiendo impuestos y que el capo y sus socios movían grandes cantidades de dinero a través de la banca nacional, especialmente por el Banco Promérica, uno de cuyos empleados fue a la postre sancionado por omitir protocolos de seguridad en más de 80 cuentas relacionadas a las empresas del capo. El 30 de mayo de ese año, basado en parte en las investigaciones del Ejecutivo salvadoreño, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Salazar Umaña en la lista relevante de capos del narcotráfico en el mundo.

La fiscalía salvadoreña empezó una investigación formal por evasión de impuestos que llevó al arresto de Salazar Umaña en mayo de 2017. Pero el capo solo estuvo en la cárcel ocho meses: la justicia salvadoreña lo liberó luego de que pagó la deuda que tenía con Hacienda y una fianza, unos USD 300,000.

El ministerio público salvadoreño trató, luego, de convertir el caso contra Chepe Diablo en uno por lavado de dinero, pero era muy tarde: tres jefes fiscales de la época, entre ellos el actual fiscal general de El Salvador, se habían encargado de que los indicios de blanqueo advertidos por Hacienda no se convirtieran en pruebas sólidas contra Salazar Umaña al retrasar las investigaciones y congelar las pesquisas con argucias que iban desde no pedir a tiempo los documentos a los investigadores tributarios hasta alegar que no había, en las instalaciones de la fiscalía, salas de reunión con espacio suficiente para albergar los legajos de documentos, según comunicaciones oficiales en poder de Infobae.

Y a Salazar Umaña, quien es ya un hombre libre, le sobran los amigos en el gobierno de Bukele. Además de Delgado, Chepe Diablo ha hecho buenas migas con Herbert Saca, el operador político con el que financió campañas electorales y quien es cercano a Gustavo Villatoro, el ministro de seguridad. Uno de sus defensores, el abogado Miguel Flores Durel, es hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también leal a Bukele. Y Héctor Mendoza Cordero, un comisionado de la Policía Nacional señalado por ser cómplice del Cartel de Texis que lideró Chepe Diablo, es agregado policial en el consulado salvadoreño en Los Ángeles.

Infobae: https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/02/05/como-el-actual-fiscal-general-de-nayib-bukele-protegio-a-un-capo-narco-salvadoreno/