Far from being encouraging, 2023 looks set to be a year in which El Salvador’s economy will again be the slowest growing in Central America – between 1.6% and 2.0%, according to some estimates. Ricardo Castaneda, economist and country coordinator for El Salvador and Honduras at the Central American Institute for Fiscal Studies (ICEFI) says that while this is true, he believes it is more urgent to talk about how a country like El Salvador, with limited resources, should be responding to protect the economies of the most vulnerable families. The impact today is reflected in the reduction of people’s purchasing power; some buy less food or change the type of products they consume or do not eat.
Last year, the primary urban food basket increased by 12%. From $214.14 in 2021, people paid as much as $240.44 in November 2022, when a decade ago, it was around $173.93. Why is everything so expensive? On November 2, 2022, the International Monetary Fund (IMF) claimed that the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine generated “the highest inflation recorded in recent decades.”
To better explain the seriousness of this impact, Castaneda takes up an interview on May 31, 2022, in Frente a Frente, conducted with Carlos Calleja, owner of the Súper Selectos supermarket chain, in which he spoke of a significant change in people’s purchasing patterns, involving the substitution of protein for carbohydrates. The trend observed then was that meat was being exchanged for cheaper proteins, such as eggs, or different carbohydrates, such as rice and pasta. “And that was explained not by a change in diet but by a price issue,” he said.
A clear picture is where appropriate measures should be taken to help people cope with the crisis. But Castaneda criticizes that there is no “anti-crisis” measure aimed at those most affected by the rising costs. That is why he sees the subsidy granted to gasoline as a “badly designed” measure because “it does not protect those who need it most.”
Castaneda says that instead of being designed to allocate necessary funds to help families face the crisis, the current budget has been configured so that the Government can pay its debt, which is more than two billion, which is what it has to pay this year. Last January 24 alone, the Government had to pay $604 million, which remained to be paid on the maturity of the 2023 bond, which was made possible with new debt. “The Government is desperate to obtain financing and got itself into this mess on its own,” he mentions. This is where the recently approved Digital Asset Issuance Law comes in, which has become a gamble for the Government to meet its obligations. But this law is full of aspects that worry Castaneda, not only because it can give rise to exchange companies that in other countries can no longer operate, which are even prosecuted for fraud, can come to El Salvador, but because it turns El Salvador into a tax haven for digital assets. “It is noticeable that these decisions are not based on development indicators or on improving the welfare of the people,” the economist argues.
“El Salvador vive síntomas de una crisis económica silenciosa”
Lejos de ser alentador, 2023 pinta ser un año en el que la economía de El Salvador volverá a ser la de menor crecimiento en Centroamérica —entre 1.6 % y 2.0 %, según indican algunas estimaciones—. Ricardo Castaneda, economista y coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), asegura que si bien esto es así, cree más urgente hablar de cómo un país como El Salvador, con recursos limitados, debería estar respondiendo para proteger las economías de las familias más vulnerables. El impacto hoy en día se ve reflejado en la reducción del poder adquisitivo de la gente; en que hay quienes que compran menos alimentos o que cambian el tipo de productos que consume o que, simplemente, no comen.
En el último año, la canasta básica urbana subió 12 %. De $214.14 que valía en 2021, la gente llegó a pagar hasta $240.44 a noviembre de 2022 cuando hace una década rondaba los $173.93. ¿Por qué todo está caro? El 2 de noviembre de 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguraba que tanto la pandemia de COVID-19 como la guerra en Ucrania generaron “la inflación más alta registrada en las últimas décadas”.
Para explicar mejor la gravedad de este impacto, Castaneda retoma una entrevista del 31 de mayo de 2022 en Frente a Frente, realizada a Carlos Calleja, propietario de la cadena Súper Selectos, en la que se habló de un cambio significativo de los patrones de compra de las personas, que implica la sustitución de la proteína por carbohidratos. La tendencia observada en ese entonces es que se cambiaba la carne por otras proteínas más baratas, como el huevo, o simplemente por otro tipo de carbohidratos, como arroz y pasta. “Y eso estaba explicado no por un cambio de la dieta, sino por un tema de precios”, dice.
Al tener el panorama claro, es donde deberían de estarse tomando medidas adecuadas que ayuden a las personas a enfrentar la crisis. Pero Castaneda critica que justamente no existe hasta el momento ninguna medida “anticrisis” que esté dirigida a los más afectados por la subida de costos. Por eso ve que el subsidio otorgado a la gasolina es una medida “mal diseñada” porque “no protege a quien más lo necesita”, y también encuentra serios problemas en la configuración del presupuesto 2023, que este año ha recortado el presupuesto para 13 hospitales.
Castaneda dice que en lugar de estar pensado en destinar fondos básicos que sí ayudarían a las familias a enfrentar la crisis, el presupuesto actual se ha configurado para que el Gobierno pueda pagar su deuda, que ronda más de dos mil millones, que es lo que tiene que pagar este año. Solo el 24 de enero pasado, el Gobierno tuvo que pagar $604 millones, que le restaban por pagar del vencimiento del bono de 2023 —y que fue posible con nueva deuda—. “El Gobierno está desesperado por conseguir financiamiento y se metió en este lío solito”, menciona. Aquí es donde aparece la Ley de Emisión de Activos Digitales, recién aprobada y que se ha convertido en una apuesta para que el Gobierno pueda cumplir con sus obligaciones. Pero esta ley está llena de aspectos que preocupan a Castaneda, no solo porque puede dar lugar a que empresas exchange que en otros países ya no pueden operar, que incluso están perseguidas por fraude, se puedan venir a El Salvador, sino porque convierte a El Salvador en un paraíso fiscal para los activos digitales. “Claramente se nota que estas decisiones no son decisiones basadas en indicadores de desarrollo o decisiones basadas en mejorar el bienestar de la gente”, sostiene el economista.