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The draft of the new Public Procurement Law, presented by the executive branch a week ago, will be heard by the Economy Committee of the Legislative Assembly in the meeting scheduled for Monday. It will do so under different questionings from experts in transparency and anti-corruption issues that have made comments to the content from the law. 

José Marinero, lawyer specialized in administrative law and president of the DTJ Foundation, pointed out the ambiguity in the concept of «urgency» to justify purchases by direct contracting or that the law excludes itself from being applicable for «strategic projects of the government».

In addition, Marinero then mentioned that attention should be paid to other points. One of these: the advance of resources. The current law stipulates that the advance payment for the execution of the contract may not exceed 30%. This provision is maintained in the proposal that will be received by the commission; but it is added that «exceptionally, at the contractor’s request» up to 50% of the amount may be authorized.

Also, Wilson Sandoval, coordinator of the Legal and Anti-Corruption Advisory Office of El Salvador (ALAC), and Eduardo Escobar, director of Acción Ciudadana, consider that the pro-government proposal is more «flexible» and has less controls to take care of or make transparent use of public funds.

LPG: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Senalan-varios-vacios–a-nueva-Ley-LACAP-20230121-0057.html

Señalan varios vacíos a nueva Ley LACAP

El proyecto de nueva Ley de Compras Públicas, presentado por el órgano ejecutivo hace una semana, será conocido por la comisión de economía de la Asamblea Legislativa en la reunión programada para el lunes. Y lo hará bajo diferentes cuestionamientos que expertos en temas de transparencia y de combate a la corrupción han hecho al contenido de la misma.

José Marinero, abogado especializado en derecho administrativo y presidente de la Fundación DTJ, señaló la ambigüedad en el concepto de «urgencia» para justificar compras por contratación directa o que la misma ley se autoexcluye de ser aplicable para «proyectos estratégicos del gobierno».

Sumado a lo anterior, Marinero añadió luego que había que prestar atención a otros puntos. Uno de estos: el anticipo de recursos. En la ley vigente, se estipula que el anticipo para la ejecución del contrato no podrá ser mayor al 30 %. Dicha disposición se mantiene en la propuesta que será recibida en la comisión; pero se añade que «excepcionalmente a solicitud del contratista» se podrá autorizar la entrega de hasta un 50 % del monto.

Por otro lado, Wilson Sandoval, coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y AntiCorrupción de El Salvador (ALAC), y Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, consideran que la propuesta oficialista es más «flexible» y tiene menos controles para cuidar o transparentar el uso de los fondos públicos.

LPG: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Senalan-varios-vacios–a-nueva-Ley-LACAP-20230121-0057.html