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On January 11, at the order of the Salvadoran Attorney General, police arrested five prominent Water Defenders in northern El Salvador: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco, and Saúl Agustín Rivas Ortega.

These individuals were among leaders of the historic and successful campaign that convinced the Salvadoran legislature to unanimously pass a ban on metals mining in 2017 to save that nation’s rivers. In 2009, the Institute for Policy Studies (IPS) honored the coalition that several of the five helped build, the National Roundtable on Metals Mining, with IPS’s Letelier-Moffitt Human Rights Award.

Today, thanks in part to its ill-advised embrace of Bitcoin, the Salvadoran government is under enormous pressure to find new revenues. The government is reportedly considering overturning the mining ban, and allowing environmentally-destructive mining. Environmental organizations in El Salvador have stated that the arrests are politically motivated as they seek to silence these Water Defenders and to demobilize community opposition at this critical moment.

The five are accused by El Salvador’s Attorney General of an alleged murder over 30 years ago during the brutal civil war in El Salvador that claimed the lives of 75,000. The victims of crimes from that war, which saw a U.S.-backed dictatorship and right-wing death squads kill tens of thousands, deserve justice. The extreme-right Salvadoran government has actively blocked attempts to seek justice for the killings of hundreds in the infamous El Mozote massacre and has not investigated the dozens of cases of human rights violations and crimes against humanity filed by members of the Santa Marta community against the military (including the murders of the Lempa River massacre in 1980, where 30 people were assassinated and 189 were disappeared).  This further raises questions about whether the Attorney General’s true motivation is to attempt to silence these Water Defenders.

IPS is proud to have spent 14 years working with the Salvadoran Water Defenders to support their successful campaign to ban the mining of metals in their communities.  IPS has worked closely with one of the arrestees, Antonio Pacheco, who leads the dynamic organization, ADES, the Association of Economic and Social Development.  ADES has long been a leader in northern El Salvador on mining, water policy, organic agriculture, and curbing violence in the surrounding communities.  Pacheco is a brilliant leader whose work educating the public on the adverse environmental impacts of mining was key to the victory of the Water Defenders.

Hundreds of groups around the world worked with the Salvadoran Water Defenders in the successful campaign to save the country’s rivers from toxic gold mining. They join in demanding the release of the five Water Defenders and to allow them to await their trial in their community.

Institute for Policy Studies: https://ips-dc.org/ips-calls-on-salvadoran-government-to-release-from-prison-leading-water-defenders-arrested-on-january-11/

El Instituto de Estudios Políticos pide al gobierno salvadoreño que ponga en libertad a los principales defensores del agua detenidos el 11 de enero

El 11 de enero, por orden del fiscal general salvadoreño, la policía detuvo a cinco destacados defensores del agua en el norte de El Salvador: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega.

Estas personas estuvieron entre los líderes de la histórica y exitosa campaña que convenció a la legislatura salvadoreña de aprobar por unanimidad la prohibición de la minería de metales en 2017 para salvar los ríos de esa nación. En 2009, el Instituto de Estudios Políticos (IPS, por sus siglas en inglés) distinguió a la coalición que varios de los cinco ayudaron a crear, la Mesa Nacional sobre Minería Metálica, con el Premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos del IPS.

Hoy en día, gracias en parte a su desacertada adopción de Bitcoin, el gobierno salvadoreño se encuentra bajo una enorme presión para encontrar nuevos ingresos. Al parecer, el gobierno está considerando anular la prohibición de la minería y permitir la minería destructiva para el medio ambiente. Las organizaciones ecologistas de El Salvador han declarado que las detenciones tienen una motivación política, ya que pretenden silenciar a estos Defensores del Agua y desmovilizar a la oposición de la comunidad en este momento crítico.

Los cinco están acusados por el Fiscal General de El Salvador de un presunto asesinato cometido hace más de 30 años durante la brutal guerra civil de El Salvador que se cobró la vida de 75.000 personas. Las víctimas de los crímenes de aquella guerra, en la que una dictadura respaldada por Estados Unidos y escuadrones de la muerte de extrema derecha mataron a decenas de miles de personas, merecen justicia. El gobierno salvadoreño de extrema derecha ha bloqueado activamente los intentos de buscar justicia por los asesinatos de cientos de personas en la infame masacre de El Mozote y no ha investigado las decenas de casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad presentados por miembros de la comunidad de Santa Marta contra el ejército (incluidos los asesinatos de la masacre del río Lempa en 1980, en la que 30 personas fueron asesinadas y 189 desaparecieron).  Esto plantea aún más preguntas sobre si la verdadera motivación del Fiscal General es intentar silenciar a estos Defensores del Agua.

IPS se enorgullece de haber pasado 14 años trabajando con los Defensores del Agua salvadoreños para apoyar su exitosa campaña para prohibir la minería de metales en sus comunidades.  IPS ha trabajado estrechamente con uno de los detenidos, Antonio Pacheco, que dirige la dinámica organización ADES, la Asociación de Desarrollo Económico y Social.  ADES ha sido durante mucho tiempo un líder en el norte de El Salvador en la minería, la política del agua, la agricultura orgánica, y la reducción de la violencia en las comunidades circundantes.  Pacheco es un líder brillante cuya labor de educación del público sobre los efectos medioambientales adversos de la minería fue clave para la victoria de los Defensores del Agua.

Cientos de grupos de todo el mundo colaboraron con los Defensores del Agua salvadoreños en la exitosa campaña para salvar los ríos del país de la extracción de oro tóxico. Se unen para exigir la liberación de los cinco Defensores del Agua y que se les permita esperar el juicio en su comunidad.

Institute for Policy Studies: https://ips-dc.org/ips-calls-on-salvadoran-government-to-release-from-prison-leading-water-defenders-arrested-on-january-11/