The Legislative Assembly, with a pro-government majority, approved during Wednesday night, with 67 votes in favor, six against, and ten abstentions, the tenth extension of the state of exception. This measure has been in force since March 27th of last year and maintains the suspension of constitutional rights of Salvadorans under the argument of combating the actions of gangs.
According to official data, the exception regime has already left more than 63,000 detainees. However, the Minister of Security, Gustavo Villatoro, justified that the measure guarantees that the detainees and those about to be captured “will never walk out of jail.”
However, at the beginning of January, Villatoro confirmed on the program Frente a Frente that 3,313 people captured during the regime had been released as of January 3 because their links to gangs could not be established.
The request to extend such a measure comes despite substantial questions from national and international human rights organizations denouncing human rights violations under these provisions.
Asamblea Legislativa aprueba décima prórroga al régimen de excepción
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó durante la noche del miércoles con 67 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones la décima prórroga al régimen de excepción. Esta medida está vigente desde el 27 de marzo del año pasado y mantiene suspendidos derechos constitucionales de los salvadoreños bajo el argumento de combatir el accionar de las pandillas.
El régimen de excepción ya deja más de 63,000 detenidos, según datos oficiales. Sin embargo, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, justificó que la medida sirve para garantizar que los detenidos y los que están por capturar “no van a salir nunca caminando de la cárcel”.
Sin embargo, a inicios de enero, Villatoro confirmó en el programa Frente a Frente que 3,313 personas capturadas durante el régimen han sido liberadas hasta el 3 de enero, debido a que no se pudo establecer su vínculo con las pandillas.
La petición de ampliar tal medida se da a pesar de los fuertes cuestionamientos de parte de organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que denuncian violaciones a derechos humanos bajo estas disposiciones.