In the first plenary session of 2023, the deputies firmly established that all the works to be executed in the University of El Salvador for the Central American and Caribbean Games, in the construction of penal centers such as San Vicente, and the mitigation works for the damages caused by the storm Julia will be exempt from applying the Law of Acquisitions and Contracting of the Public Administration (LACAP); that is, the public funds to be executed will not be under supervision or control.
The reforms to bypass the LACAP in the works of the UES were approved with 65 votes in favor, 14 against,and one abstention this Thursday afternoon. While the reforms to bypass the LACAP in the works of penitentiary centers were approved with 65 votes in favor, 13 against, and two abstentions.
Likewise, the legislators approved with 64 votes in favor, 13 against, and two abstentions to evade the LACAP controls in works due to the storm Julia.
On Wednesday, January 4, the deputies of the Treasury Commission issued three favorable opinions to authentically interpret two special provisions they had previously approved due to the storm Julia and for the Central American Games to be held at the University of El Salvador (UES), as well as for the Special Law for the Construction of Penitentiary Centers.
These interpretations are so that all the constructions and works that the government carries out to mitigate the effects of the storm Julia, to improve the facilities of the UES, and for the construction of the new penitentiaries are totally out of the application of the Law of Acquisitions and Contracting of the Public Administration (LACAP).
Claudia Ortiz, deputy of VAMOS, regretted that the pro-government Assembly has already passed between 5 and 6 laws that allow some projects to be built without considering the LACAP.
“The LACAP allows controls so that contracts of this nature are not given to friends, relatives, campaign financiers,” said Ortiz.
What was agreed on Wednesday is an extension of what was previously approved last year by the deputies of Nuevas Ideas to avoid controls on the purchases of goods and services of all the works executed in the mentioned projects.
According to Ortiz, it is a common practice in the pro-government Assembly that they have to correct their own mistakes. Still, beyond that, the deputy of VAMOS says that it is striking that the same officials of the Ministry of Public Works (MOP) who arrived this morning to explain the petition are the ones who expose that it is the contractors themselves who wish to have the guarantee that they will be exempt from the LACAP before executing the contracts.
Edgar Alvarenga, one of the representatives of the MOP, stated that the authentic interpretations requested are to generate legal certainty for the applicator of the law.
“We must understand that the contracts to be executed include works and services. We are looking for speed through these interpretations”, said Alvarenga to the deputies of the Finance Committee.
Manuel Durán, also from the MOP, explained that the objective is to provide the Ministry of Public Works with an efficient mechanism for the execution of works in a specific context issued by the Procurement and Contracting Regulatory Unit (UNAC).
In this regard, Deputy Ortiz asked the MOP delegates if those guidelines were already ready.
“Where are those guidelines, were those norms already issued? I was told that they are posted in the Transparency Portal of the MOP and Comprasal. We have to verify those regulations and if they have the same range of protection for the people’s money that LACAP has,” Ortiz argued.
Another situation that generates resentment among the VAMOS parliamentarian is that for the improvement of the UES facilities since it will host the Central American and Caribbean Games, six months are missing, but the bidding and contracting processes still need to be ready.
“Contractors have not been selected because they want to have that coverage to cover the works without using the LACAP,” Ortiz criticized.
Asamblea inicia año autorizando saltarse los controles en obras con fondos públicos
En la primera plenaria de 2023, los diputados dejaron establecido de manera firme que todas las obras que se ejecuten en la Universidad de El Salvador para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la construcción de los centros penales como el de San Vicente y las de mitigación por los daños causados por la tormenta Julia estarán exentas de aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP); es decir, que los fondos públicos que se ejecuten no estarán bajo supervisión ni control.
Las reformas para obviar la LACAP en las obras de la UES fueron aprobadas con 65 votos a favor, 14 en contra y una abstención durante la tarde de este jueves. Mientras que las reformas para saltarse la LACAP en las obras de centros penitenciarios fueron aprobadas con 65 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones.
Asimismo, los legisladores aprobaron con 64 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones evadir los controles de la LACAP en obras por la tormenta Julia.
El miércoles 4 de enero, los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron tres dictámenes favorables para interpretar auténticamente dos disposiciones especiales que habían aprobado anteriormente por la tormenta Julia y para los Juegos Centroamericanos que se desarrollarán en la Universidad de El Salvador (UES), así como para la Ley Especial de Construcción de Centros Penitenciarios.
Estas interpretaciones es para que todas las construcciones y obras que el gobierno realice para mitigar los efectos de la tormenta Julia, para mejorar las instalaciones de la UES y para la construcción de los nuevos penales estén totalmente fuera de aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, lamentó que la Asamblea oficialista lleve ya lleve entre 5 o 6 leyes aprobadas que permiten que algunos proyectos sean construidos sin ocupar la LACAP.
“La LACAP permite que hayan controles, para que los contratos de esta naturaleza no se den a amigos, a parientes, a financistas de campaña”, aseveró Ortiz.
Lo acordado el miércoles es una ampliación de lo que ya habían aprobado anteriormente el año pasado los diputados de Nuevas Ideas, de obviar los controles sobre las compras en bienes y servicios de todas las obras que se ejecuten en los proyectos mencionados.
Según Ortiz, es una práctica común en la Asamblea oficialista que ellos mismos tienen que corregirse la plana, pero más allá de eso la diputada de VAMOS dice que llama la atención que sean los mismos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que llegaron esta mañana a explicar la petición, quienes expongan que son los mismos contratistas los que desean tener la garantía de que estarán exentos de la LACAP antes de ejecutar los contratos.
Edgar Alvarenga, uno de los representantes del MOP, manifestó que las interpretaciones auténticas solicitadas son para generar certeza jurídica al aplicador de la ley.
“Debemos entender que las contrataciones que se desean realizar incluyen obras y servicios. Buscamos celeridad a través de estas interpretaciones”, dijo Alvarenga a los diputados de la comisión de Hacienda.
Por su parte, Manuel Durán, también del MOP, expuso que el objetivo es dotar al Ministerio de Obras Públicas de un mecanismo eficiente para la realización de obras, en un contexto específico emitido por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC).
Al respecto, la diputada Ortiz cuestionó a los delegados del MOP si esos lineamientos ya están listos.
“¿Dónde están esos lineamientos? ¿Ya fueron emitidas esas normas? Me dijeron que están colgados en el Portal de Transparencia del MOP y de Comprasal. Tenemos que verificar esa normativa y si tiene el mismo rango de protección para el dinero de la gente que tiene la LACAP”, argumentó Ortiz.
Otra situación que a la parlamentaria de VAMOS le genera resquemor, es que para la mejora de las instalaciones de la UES, ya que será la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe faltan seis meses, pero aún no están listos los procesos de licitación y de contratación.
“No se han seleccionado contratistas porque quieren tener esa cobertura de amparar las obras sin usar la LACAP”, criticó Ortiz.