The director of Access to Justice of the Foundation of Studies for the Application of Law (Fespad), Héctor Carillo, made a balance on the public security actions carried out by the Executive this year. The specialist in justice and security explained that three aspects stand out in general, one positive and two negative.
For Carillo, the positive aspect has to do with the sense of security that the population perceives with the actions promoted by the Security authorities and the violence indicators that show an improvement, at least in the official figures. However, he emphasized that these figures cannot be contrasted with other sources of information due to the lack of access to statistical data on these violence indicators.
“The right to social control is a citizen’s right, and when there is a restriction on information, it is undermined,” he said. Carillo added that restricting the right to information does not allow for evaluations.
For example, the National Civil Police (PNC) has made seven reservations of information in 2022, including data on homicide victims, disappearances, and remains found in clandestine graves.
“This affects the government itself; when it does not allow access to the information, it cannot have feedback. Therefore, it cannot evaluate the success of its measures, the errors, or correct them,” he explained.
For the specialist, the second aspect of improvement is the absence of a public policy on security.
“We cannot attest to an authentic public policy on Security; although it has been requested, there has not been a document that reflects (…) the actions being promoted by the current administration”, he asserted.
In the last report on human rights violations in El Salvador, Human Right Watch and Cristosal recommended that Bukele’s government end the exception regime, given the absence of solid evidence demonstrating that its restrictions to fundamental rights are strictly necessary to respond to a situation that endangers people’s lives.
In addition, both organizations also raised with the government the need to implement a new security policy that respects human rights and effectively dismantles gangs, and protects the population from gang abuse.
Fespad: “Ya no tiene justificación estar aplicando el régimen de excepción”
El director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Héctor Carillo, hizo un balance sobre las acciones de seguridad pública realizadas por el Ejecutivo en este año. El especialista en materia de justicia y seguridad explicó que destacan tres aspectos en general, uno positivo y dos negativos.
Para Carillo, el aspecto positivo tiene que ver con la sensación de seguridad que la población percibe con las acciones impulsadas por las autoridades de Seguridad y los indicadores de violencia que muestran una mejoría, por lo menos en las cifras oficiales. Sin embargo, enfatizó que estas cifras no pueden ser contrastadas con otras fuentes de información debido a la falta de acceso a datos estadísticos de esos indicadores de violencia.
“Es un derecho ciudadano el derecho a la controlaría social y cuando hay una restricción a la información se ve mermado”, señaló. Carillo agregó que la restricción al derecho a la información no permite hacer evaluaciones.
Para muestra, la Policía Nacional Civil (PNC) ha realizado siete reservas de información en el 2022, entre esas se incluyen datos de víctimas de homicidios, desaparición y osamentas o restos encontrados en fosas clandestinas.
“Esto afecta al final mismo gobierno, cuando este no permite el acceso a la información no puede tener retroalimentación, por tanto, no puede evaluar el éxito de sus medidas, los errores ni corregirlos”, explicó.
Para el especialista, el segundo aspecto a mejorar es la ausencia de una política pública en materia de seguridad.
“No podemos dar fe de una auténtica política pública de Seguridad; aunque se ha solicitado, no se ha tenido un documento que plasme (…) las acciones que está impulsado la actual administración”, aseveró.
En el último informe sobre violaciones de derechos humanos en El Salvador, Human Right Watch y Cristosal recomendaron al gobierno de Bukele terminar con el régimen de excepción, dada la ausencia de evidencia sólida que demuestre que sus restricciones a los derechos fundamentales son estrictamente necesarias para responder a una situación que ponga en peligro la vida de las personas.
Asimismo, ambas organizaciones plantearon al gobierno la necesidad de implementar una nueva política de seguridad que respete los derechos humanos y que sea efectiva en desmantelar a las pandillas y proteger a la población de los abusos de estas.