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«As an authoritarian measure.» This is how lawyers and human rights defenders described the installation of military fences in the country by the government of Nayib Bukele.

Since the early morning of December 24, the communities of Tutunichapa and La Granjita in San Salvador have been under the control of military and police agents. Previously, this measure was executed in Comasagua and Soyapango.

Oswaldo Feusier, a criminal lawyer and professor at the UCA, told El Diario de Hoy that an essential characteristic of any authoritarian regime is «to respond to any problem, reaction or dissidence, with the use of the armed forces.» In his opinion, this is precisely what the Salvadoran government is doing in these communities.

«From the moment that the military forces become a primary and permanent mechanism in public life, the measure acquires typical characteristics of an authoritarian state that seeks to solve all its main problems with weapons, the militia, armed violence, and the army,» Feusier told this newspaper.

The same opinion was expressed by Otto Flores, director of the civil society organization «Los siempre sospechosos de todo» (The always suspicious of everything), who pointed out that the way in which this measure has been implemented «is authoritarian.»

Following this, the criminal law specialist justified that «within the processes that I have been able to work within the regime of exception and the military siege of Soyapango, I have been able to verify that the arrests made have been based simply on facts such as appearances or attitudes, but there are no evidentiary elements to justify the detention of some people.»

According to Flores, the arrests depend on «poorly defined and unclear» criteria of the police officer or the soldier carrying out the inspections within the militarized territory.

The expert explains that «these decrees are practically a presidential order» and regrets that they do not establish parameters to provide legal certainty.

For her part, the human rights defender, Celia Medrano, stated that during this militarization, «authoritarianism is consolidated, making illegality and unconstitutionality a norm.»

Medrano considered that continuing to speak of a regime of exception «is a mockery» since there is nothing exceptional after almost a consecutive year in a reality in which voices and sources continue to warn the population that «the supposed calm that is claimed to be a result obeys rather to the continuity of pacts, agreements, and understandings with criminal groups against which it is claimed to be at war» are attacked and criminalized.

«At what cost is the population willing to maintain a false tranquility? At the cost of preferring to ignore or obviate that criminal elites would govern them?» he asked.

For his part, lawyer and communicator Mauricio Maravilla said that «the military fences are a staging of the repressive muscle that President Bukele likes to show day in and day out.»

«Now we are dealing with areas with a high stigma, but we cannot rule out that later areas in which infrastructure or economic projects are in dispute will be militarized. They can also be read in the code of a social experiment,» he concluded.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cercos-militares-medida-violenta-autoritaria/1027322/2022/

«Cercos militares son una medida autoritaria y violenta», dicen expertos en DD. HH.

“Como una medida autoritaria”. Así calificaron abogados y defensores de derechos humanos la instalación de cercos militares en el país por el gobierno de Nayib Bukele.

Desde la madrugada de este 24 de diciembre, las comunidades Tutunichapa y La Granjita, de San Salvador, están bajo el dominio de agentes militares y policiales. Anteriormente, se ejecutó esta medida en Comasagua y Soyapango.

Al respecto, el abogado penalista y docente de la UCA, Oswaldo Feusier, dijo a El Diario de Hoy que una característica básica de cualquier régimen autoritario es “responder a cualquier problema reacción o disidencia, con el tema de las fuerzas armadas”. A su juicio, esto es precisamente lo que el oficialismo salvadoreño está haciendo en estas comunidades.

“Desde el momento en que se cuenta con las fuerzas militares como mecanismo primario y permanente en la vida pública, la medida adquiere características típicas de un Estado autoritario que busca resolver todos sus principales problemas con las armas, la milicia, la violencia armada y el ejército”, indicó Feusier a este medio.

De igual manera opinó Otto Flores, director de la organización de sociedad civil “Los siempre sospechosos de todo”, quien señaló que por la forma en como ha sido implementado esta medida, “es autoritaria”.

Seguido de eso, el especialista en derecho penal justificó que “dentro de los procesos que yo he podido estar trabajando dentro del régimen de excepción y del cerco militar de Soyapango, he podido comprobar que las detenciones realizadas se han basado simplemente en hechos como apariencias o actitudes, pero no existen elementos probatorios que justifiquen la detención de algunas personas”.

Según Flores, las capturas dependen de criterios “pocos definidos y no claros” del agente policial o del soldado que está realizando las revisiones dentro del territorio militarizado.

El experto explica que “estos decretos prácticamente son una orden presidencial” y lamenta que no establecen parámetros para dar seguridad jurídica.

Por su parte, la defensora de Derechos Humanos, Celia Medrano, manifestó que durante esta militarización “el autoritarismo se consolida, haciendo de la ilegalidad e inconstitucionalidad una norma”.

Medrano consideró que seguir hablando de régimen de excepción “es una burla”, puesto que no hay nada de excepcionalidad tras casi un año consecutivo en una realidad en que se ataca y criminaliza a las voces y fuentes que siguen advirtiendo a la población de que “la supuesta calma que se asegura es un resultado obedece más bien a la continuidad de pactos, acuerdos y entendimientos con los grupos criminales contra los que se proclama estar en guerra”.

“¿A qué costo la población está dispuesta a mantener una falsa tranquilidad? ¿Al costo de preferir ignorar u obviar que elites criminales les gobernarían?”, se preguntó.

Por su parte, el abogado y comunicador, Mauricio Maravilla, opinó que “los cercos militares son una puesta en escena del músculo represivo que al presidente Bukele le gusta mostrar un día sí y al otro también”.

“Ahora se trata de zonas con un alto estigma, pero no podemos descartar que luego se militarice zonas en las que estén en disputas proyectos de infraestructura o económicos. También pueden leerse en código de experimento social”, concluyó.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cercos-militares-medida-violenta-autoritaria/1027322/2022/