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The government of El Salvador already has legislative approval of a general expenditure budget for next year,for which it will be financed with $1,914.4 million in debt to complete it. Most of this debt, however, will come from new loans or the issuance of securities, for which El Salvador pays high-interest rates.

Under these conditions, the deputies of Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC, and legislators of the Poder Ciudadano movement gave their votes last Thursday, December 22, so that the government may have a general budget of $8,902,653,672 in 2023.

The government projects that this total will only be enough to cover, with its own money, up to $6,988.2 million. The rest will have to come from public debt. However, the government and the pro-government deputies assure that the budget gap, that is, what needs to be added to reach the goal, is only $472.4 million.

The Minister of Finance, Alejandro Zelaya, assured last October, when he presented the budget to the Finance Commission of the Legislative Assembly, that only a debt of $472.4 million would be sought to complete the 2023 budget. At the same time, deputies of Nuevas Ideas, such as William Soriano, Alexia Rivas, and Suecy Callejas, repeated in their interventions in the legislative plenary and their public messages that the budget gap for 2023 is $472.4 million.

Economist Tatiana Marroquín explains that the budget gap «is everything that is not financed with own revenues.» «Now, there is an unfunded gap, which is what the bond issue is approved for, and the funded gap, which is the money from loans already available,» says Marroquín.

In fact, regarding the gap already financed, the Ministry of Finance presented a budget financing table in which it says it has a total of $1,441.9 million in loans already ratified, which are waiting to be disbursed, and showed the list of credits. And it also presented an unfunded gap of $472.4 million and allocated it, in effect, to a future bond issue.

But the Treasury lied about the unfunded gap when it placed in the proposed budget, at the end of the loans already ratified and awaiting disbursement, the amount of $666.9 million, under the heading of «other borrowings,» since that debt, in reality, is not yet secured.

Adding the $472.4 million of the bond issue plus the $666.9 million of «other borrowings» results in $1,139.3 million, which is the same amount of money that the Legislature authorized the government, last Thursday, December 22, to borrow or issue bonds to complete the 2023 budget.

The unfunded gap of the 2023 budget is $1,139.3 million and not the $472.4 million that the government has been talking about since last October.

Therefore, the search for debt will be for more money, as approved last Thursday by the deputies, at a time when the interests charged to El Salvador for the purchase of bonds are high due to the risk ratings that have been going down and the situation of democratic deterioration that the country is going through. In addition, the Salvadoran government has closed international financing sources due to presidential decisions such as adopting bitcoin as legal tender and the authoritarian drift it maintains.

«An important point in this budget is the deepening of the lack of transparency in the management of public money. An example of that is that they cannot say in a transparent way how much is what they need to comply with the budget,» notes economist Marroquín.

For the 2023 budget, the gap already funded is $775.03 million and not the $1,441.9 million the government claims to have secured. And although the ratified debt money is included in the project, there is no complete certainty that these amounts will be disbursed.

Revista Factum published with Voz Pública in October 2022 that the government had not received any disbursement of two loans from the Central American Bank for Economic Integration (CABEI) for $91 million $109 million for the Territorial Control Plan that had been approved in 2019 and 2021. CABEI assured at the time that the government had not met the «preconditions» for the disbursements.

For the 2023 budget, those same loans, with numbers 2237 and 2240, subscribed with CABEI, are included. However, the amounts the government claims to have been lower than initially stipulated. For loan 2237, of $91 million, the Bukele government expects a disbursement of only $20 million next year. While for loan 2240, of $109 million, the projections are that an allocation of $37.8 million will be received.

Revista Factum: https://www.revistafactum.com/el-gobierno-mintio-sobre-la-deuda-para-cubrir-el-presupuesto-2023/

El gobierno mintió sobre la deuda para cubrir el presupuesto 2023

El gobierno de El Salvador ya tiene la aprobación legislativa de un presupuesto general de gastos del próximo año para el que se financiará con deuda de $1,914.4 millones para poder completarlo. La mayor parte de esa deuda, sin embargo, provendrá de nuevos préstamos o de la emisión de títulos valores, para los que El Salvador paga intereses elevados.

Bajo esas condiciones, los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y legisladores del movimiento Poder Ciudadano dieron sus votos el pasado jueves 22 de diciembre para que el gobierno pueda disponer en 2023 de un presupuesto general por $8,902,653,672.

El gobierno proyecta, de ese total, que solo le alcanzará para cubrir, con dinero propio, hasta $6,988.2 millones. El resto deberá provenir de deuda pública. El gobierno y los diputados oficialistas, sin embargo, aseguran que la brecha presupuestaria, es decir lo que falta para llegar a la meta, solo es de $472.4 millones.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró desde octubre pasado, cuando presentó el presupuesto a la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa, que solo se buscaría una deuda de $472.4 millones para completar el presupuesto de 2023. Mientras que diputados de Nuevas Ideas como William Soriano, Alexia Rivas y Suecy Callejas repitieron en sus intervenciones en el pleno legislativo y en sus mensajes públicos que la brecha presupuestaria para 2023 es de $472.4 millones.

La economista Tatiana Marroquín explica que la brecha presupuestaria “es todo aquello que no está financiado con ingresos propios”. “Ahora, hay una brecha no financiada, que es a la que se le aprueba la emisión de bonos, y la brecha financiada, que es el dinero de préstamos con el que ya se cuenta”, dice Marroquín.

De hecho, sobre la brecha ya financiada, el Ministerio de Hacienda presentó un cuadro de financiamiento del presupuesto en el que dice contar con un total de $1,441.9 millones en préstamos ya ratificados, que están a la espera de ser desembolsados, y mostró el listado de los créditos. Y también presentó como brecha no financiada un total de $472.4 millones y se los asignó, en efecto, a una futura emisión de bonos.

Pero Hacienda mintió sobre la brecha no financiada cuando colocó en el proyecto de presupuesto, al final de los préstamos ya ratificados y que esperan desembolso, la cantidad de $666.9 millones, bajo el título de “otros empréstitos”, ya que esa deuda, en realidad, aún no está asegurada.

Al sumar los $472.4 millones de la emisión de bonos más los $666.9 millones de “otros empréstitos”, da como resultado $1,139.3 millones, que es exactamente la misma cantidad de dinero que la Asamblea Legislativa autorizó al gobierno, el pasado jueves 22 de diciembre, para endeudarse con préstamos o emisión de bonos y así completar el presupuesto de 2023.

La brecha no financiada del presupuesto de 2023 en realidad es de $1,139.3 millones y no los $472.4 millones de los que habló el gobierno desde octubre pasado.

Por ello, la búsqueda de deuda será por más dinero, como lo aprobaron el jueves pasado los diputados, en momentos en que los intereses que le cobran a El Salvador por la compra de bonos son altos, debido a las calificaciones de riesgo que han ido a la baja y por la situación de deterioro democrático que atraviesa el país. Además, el gobierno salvadoreño también tiene fuentes de financiamiento internacionales cerradas, por decisiones presidenciales como la adopción del bitcoin como moneda de curso legal y por la deriva autoritaria que mantiene.

“Un punto importante en este presupuesto es la profundización de la poca transparencia en el manejo del dinero público. Un ejemplo de eso es que no puedan decir de forma transparente cuánto es lo que necesitan para cumplir con el presupuesto”, apunta la economista Marroquín.

Para el presupuesto 2023, la brecha ya financiada en realidad es de $775.03 millones y no los $1,441.9 millones que el gobierno dice tener asegurados. Y aunque el dinero de deuda ya ratificada se encuentra plasmado en el proyecto, en la realidad no existe completa certeza de que esos montos se vayan a desembolsar.

Revista Factum publicó junto a Voz Pública en octubre de 2022 que el gobierno no había recibido ningún desembolso de dos préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $91 millones y por $109 millones para el Plan Control Territorial que habían sido aprobados en 2019 y 2021. El BCIE aseguró en su momento que las “condiciones previas” para los desembolsos no se habían cumplido de parte del gobierno.

Para el presupuesto de 2023, esos mismos préstamos, con los números 2237 y 2240, suscritos con el BCIE, están incluidos. Sin embargo, los montos con los que dice contar el gobierno son menores a los estipulados en un principio. Para el préstamo 2237, de $91 millones, el gobierno de Bukele espera para el próximo año un desembolso de solo $20 millones. Mientras que para el préstamo 2240, de $109 millones, las proyecciones son que se reciba un desembolso de $37.8 millones.

Revista Factum: https://www.revistafactum.com/el-gobierno-mintio-sobre-la-deuda-para-cubrir-el-presupuesto-2023/